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Opinión

Kristi Noem: la caída de la antimexicana más visible. Por Caleb Ordóñez T.

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En Washington nadie desaparece del poder: simplemente cambia de oficina, de pasillo o de batalla. Eso acaba de ocurrir con Kristi Noem, una de las figuras más visibles del trumpismo duro, una mujer que construyó su carrera política con una narrativa casi perfecta para seducir a Donald Trump: origen rural, discurso firme, conservadurismo frontal y una capacidad mediática poco común dentro del Partido Republicano.

Noem no surgió de las élites de Washington ni de las grandes universidades de la costa este. Su historia política nace en el corazón agrícola de Dakota del Sur, donde la tierra pesa tanto como la identidad política. Creció en una familia dedicada al campo y su biografía pública quedó marcada por un episodio decisivo: la muerte de su padre, que la obligó a asumir responsabilidades en el negocio familiar siendo muy joven. Esa experiencia se convirtió después en una de sus credenciales más poderosas ante el electorado conservador estadounidense: la mujer fuerte, práctica, criada en la América profunda.

Su ascenso fue rápido. Primero llegó a la legislatura estatal, luego al Congreso federal y más tarde a la gubernatura de Dakota del Sur. Pero su verdadero salto nacional ocurrió durante la pandemia, cuando decidió desafiar abiertamente las restricciones sanitarias que aplicaban otros gobernadores. Mientras gran parte de Estados Unidos cerraba escuelas, comercios y actividades públicas, Noem defendió la apertura, rechazó confinamientos estrictos y convirtió esa postura en una bandera ideológica.

Ahí fue donde Trump comenzó a verla como algo más que una gobernadora popular: la vio como una figura nacional útil para su proyecto político. Noem representaba una derecha que sabía comunicar con eficacia, que generaba titulares y que además tenía una estética perfectamente alineada con el relato trumpista: botas, campo, bandera y autoridad.

Por eso, cuando Trump regresó a la Casa Blanca, la colocó al frente del United States Department of Homeland Security, una de las posiciones más delicadas del gabinete. No era un nombramiento menor. Era entregarle el control del aparato encargado de frontera, migración, protección territorial y seguridad interior.

Desde ahí asumió el papel esperado: endurecimiento migratorio, discurso severo contra el ingreso irregular y presión permanente sobre la frontera sur. Su presencia encajaba perfectamente en la estrategia política de Trump: convertir la seguridad en símbolo de control.

Pero Washington tiene una regla antigua: cuanto más visible es un funcionario, más rápido puede desgastarse.

El primer gran golpe vino con una campaña multimillonaria diseñada para incentivar que migrantes abandonaran voluntariamente territorio estadounidense. La cifra —220 millones de dólares— provocó preguntas incómodas dentro del Congreso y también dentro del propio círculo republicano. La discusión dejó de ser migratoria y pasó a ser administrativa: contratos, beneficiarios, decisiones internas y sospechas políticas.

Después llegaron audiencias tensas en el Capitolio. Legisladores comenzaron a cuestionar no sólo el manejo operativo del departamento, sino también la manera en que Noem administraba políticamente un aparato extremadamente sensible. A ello se sumaron críticas por gastos elevados, uso de recursos y decisiones internas que comenzaron a incomodar incluso dentro del trumpismo.

Pero en el entorno de Trump, el verdadero problema suele aparecer cuando alguien deja de controlar la narrativa presidencial. Y eso parece haber ocurrido cuando Noem dejó entrever públicamente que ciertas decisiones estratégicas habían sido avaladas directamente por Trump, algo que después fue desmentido desde el propio entorno presidencial.

En política estadounidense los errores administrativos se sobreviven; las incomodidades personales con el presidente, no siempre.

Así llegó su salida.

El relevo fue inmediato: Markwayne Mullin, senador por Oklahoma, empresario, expeleador de artes marciales mixtas y uno de los republicanos más cercanos a Trump dentro del Senado.

Mullin tiene un perfil distinto al de Noem. Menos exposición mediática, menos narrativa personal y más disciplina política. Trump parece haber apostado por alguien menos protagonista y más funcional a una etapa donde necesita resultados operativos sin desgaste innecesario.

Eso no significa que Noem haya sido expulsada del círculo de poder. En realidad, fue trasladada a una nueva tarea internacional vinculada al llamado escudo hemisférico de seguridad, una estrategia orientada al combate regional contra narcotráfico, crimen organizado y redes transnacionales.

Y ahí aparece México.

Porque cualquier cambio en Seguridad Nacional estadounidense impacta directamente a nuestro país.

Noem representaba una línea frontal, muy ideológica, especialmente visible en el discurso migratorio. Mullin podría significar una etapa menos estridente públicamente, pero quizá más pragmática en la ejecución.

Eso abre tres escenarios. Primero, una renegociación inmediata sobre la forma en que Washington quiere administrar los flujos migratorios en la frontera compartida.

Segundo, mayor presión técnica sobre cooperación en materia de cárteles, rutas de tráfico y control del fentanilo.

Tercero, una interlocución menos mediática pero posiblemente más exigente.

México conoce bien este tipo de movimientos en Washington: cuando Trump cambia una pieza, rara vez es para suavizar; normalmente busca ajustar la maquinaria para que funcione con menos ruido y más control.

Por eso la salida de Noem no necesariamente implica moderación. Puede significar exactamente lo contrario: una nueva etapa donde el endurecimiento se ejerza sin protagonismos personales.

Washington vuelve a demostrar algo que nunca cambia: nadie cae sólo por errores; se cae cuando deja de ser útil al relato central del poder. Y ahora a esperar el nuevo ataque anti migrante.

Opinión

Marx Arriaga: cuando la educación se volvió trinchera. Por Caleb Ordóñez T.

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La salida de Marx Arriaga del aparato educativo federal cerró un capítulo ruidoso, pero no el libro completo. Porque más allá del personaje, lo que deja este episodio es una historia conocida —aunque pocas veces contada con calma— sobre cómo la educación en México suele administrarse: entre egos, cuotas y pulsos políticos que poco tienen que ver con lo que pasa dentro del salón de clases.

Arriaga no fue un funcionario gris. Al contrario: fue protagonista. Defendió con convicción una visión específica de los libros de texto gratuitos y convirtió su gestión en una causa. Eso lo volvió visible, influyente… y también prescindible. En educación, cuando el conflicto escala, el sistema rara vez se corrige; simplemente cambia de rostro.

Los números ayudan a dimensionar el tamaño del problema. Cada año, el Estado mexicano distribuye más de 150 millones de libros de texto gratuitos a través de la CONALITEG. Es uno de los programas editoriales más grandes del mundo. Pero ese volumen contrasta con la fragilidad del consenso que lo sostiene. Cambian equipos, cambian prioridades, cambian narrativas, y los libros —que deberían ser un punto de estabilidad— se convierten en terreno de disputa.

Mientras tanto, más de 1.2 millones de docentes en educación básica reciben materiales y lineamientos que se ajustan con rapidez, pero sin el mismo cuidado en la capacitación. El maestro no siempre sabe si el cambio responde a una mejora pedagógica o a una decisión política. Y cuando esa duda se instala, la implementación se vuelve irregular.

Los resultados están a la vista. En la última evaluación PISA disponible, México se mantuvo por debajo del promedio internacional: alrededor de 395 puntos en matemáticas, 415 en lectura y 410 en ciencias, frente a promedios globales que rondan los 470–480 puntos. No son cifras nuevas ni sorprendentes, pero sí persistentes. Y esa persistencia sugiere que el problema no es un sexenio ni un funcionario, sino un modelo que cambia formas sin transformar el fondo.

La historia de siempre: el botín político de la educación.

El caso Arriaga también expone cómo la educación suele operar como espacio de poder simbólico. Definir contenidos no es solo decidir qué se enseña, sino qué país se imagina. Por eso los debates se vuelven tan intensos y, a veces, tan poco técnicos. Se discute más el mensaje que el método, más la intención que el impacto real en el aprendizaje.

Desde fuera, esa dinámica proyecta una imagen incómoda. México aparece como un país que discute la educación desde la confrontación interna, no desde la mejora continua. En un contexto global donde el conocimiento, la innovación y las habilidades críticas son la moneda fuerte, esa señal pesa.

¿Se puede hacer distinto? Sí, pero requiere decisiones menos espectaculares y más estructurales.

Primero, sacar los contenidos básicos del vaivén político. No congelarlos, sino someterlos a revisiones periódicas con reglas claras, evaluaciones públicas y participación real de especialistas y docentes de aula.

Segundo, alinear libros, capacitación y evaluación. No tiene sentido rediseñar materiales si no se invierte con la misma fuerza en formar a quien los va a usar. Hoy, ese es uno de los grandes cuellos de botella.

Tercero, transparentar los procesos de decisión. Quién participa, con qué criterios y con qué indicadores de éxito. Cuando eso se aclara, baja la polarización y sube la confianza.

Y cuarto, recordar algo básico: enseñar a pensar es más rentable que imponer una visión. Los sistemas educativos más sólidos no son los más ideológicos, sino los más consistentes.

La salida de Marx Arriaga no arregla la educación mexicana, pero deja una lección útil: mientras los libros, los programas y las aulas sigan tratándose como territorios de poder, los cambios serán ruidosos y los resultados modestos.

La educación no debería ser el botín de nadie. Debería ser, simplemente, el proyecto más serio del país.

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