El exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, lanzó fuertes acusaciones contra la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), a quien responsabilizó de haber destruido una represa centenaria y varios pozos en su rancho El Saucito, afectando —según él— tanto la actividad productiva como el suministro de agua potable a comunidades rurales de la zona.

Acompañado de su equipo legal, Duarte denunció públicamente lo que calificó como “mentiras y abusos” por parte del organismo federal, asegurando que la represa demolida contaba con un permiso de construcción expedido hace más de cien años, en favor de su bisabuelo y previo al Tratado de Aguas con Estados Unidos. Por lo tanto, argumentó, su uso no debería estar sujeto a las restricciones actuales del acuerdo binacional.

“El agua se estaba utilizando para retenerse y evitar la evaporación antes de que llegara al Río Conchos. Lejos de afectar a las comunidades, esto ayudaba a los productores locales”, sostuvo Duarte ante medios de comunicación.

Entre los daños reportados, destacó también la demolición de varios pozos, incluyendo uno que —afirma— abastecía de agua potable a pobladores cercanos y que, según documentación, había sido legalmente reconocido por la CONAGUA desde 2006.

Asimismo, subrayó que el sistema hídrico del rancho contaba con 67 bombas para distribuir agua destinada a las labores ganaderas de “familias vaqueras”, vitales para la economía rural de la región. A su juicio, las acciones del gobierno no solo carecen de sustento legal, sino que demuestran una actitud “destructiva” de las autoridades actuales.

“Estas autoridades nunca han producido nada en su vida. Solo saben destruir”, acusó el exmandatario estatal, quien también responsabilizó al gobierno federal y al estatal de haber emprendido actos arbitrarios que ponen en riesgo recursos esenciales para las comunidades del entorno.

Hasta el momento, ni la CONAGUA ni las autoridades estatales han emitido una postura oficial sobre los señalamientos de Duarte. La controversia se suma a una larga serie de tensiones en torno al uso y manejo del agua en el estado, especialmente en regiones donde el estrés hídrico y los conflictos por el recurso han ido en aumento.