La definición de candidaturas rumbo a la jornada electoral del próximo 6 de junio amaga la vida interna de Morena, ya que aspirantes excluidos del proceso impugnaron ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) las resoluciones del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena sobre los abanderados a las gubernaturas y la convocatoria para elegir a los que contenderán por las diputaciones federales.
Hasta el momento, el TEPJF ha registrado ocho juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano (JDC) presentados contra la elección de David Monreal Ávila como abanderado de Morena a la gubernatura de Zacatecas, de Clara Luz Flores para Nuevo León y de Lorena Cuéllar Cisneros para Tlaxcala.
Los inconformes se manifestaron en contra del proceso dentro de Morena para definir a los precandidatos, basado principalmente en encuestas.
En tanto, en las impugnaciones a la convocatoria para las diputaciones también se cuestiona la omisión de celebrar la insaculación mediante la cual se determinen los distritos que serán asignados a candidatos externos.
Se quejan por la definición de abanderados a gubernaturas y por la convocatoria para San Lázaro.
Rumbo a la jornada electoral del 6 de junio y en pleno desarrollo para la definición de las candidaturas, los morenistas judicializaron sus procesos internos.
Los inconformes con la definición de los precandidados presentaron impugnaciones en contra de las resoluciones del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena sobre los candidatos a gubernaturas y la convocatoria para elegir a los que contenderán por las diputaciones federales este año.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) registró ocho juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano (JDC) presentados contra la elección de David Monreal Ávila como abanderado de Morena a la gubernatura de Zacatecas, de Clara Luz Flores para Nuevo León y de Lorena Cuéllar Cisneros para Tlaxcala.
Los recursos interpuestos ante la Sala Superior del Tribunal Electoral refieren la inconformidad en el proceso que se siguió al interior del instituto político para definir a los precandidatos de Morena en dichos estados, el cual se basó principalmente en los resultados de encuestas.
Además de las impugnaciones registradas en el TEPJF contra la elección de candidatos de Morena para las gubernaturas, los militantes también reclamaron ante el máximo tribunal electoral del país la convocatoria que emitió el partido para elegir a los candidatos a diputados federales por los principios de mayoría relativa y representación proporcional.
Dicha convocatoria, que dio a conocer el presidente del partido, Mario Delgado Carrillo el pasado 24 de diciembre, considera la elección de los aspirantes de Morena a San Lázaro con el apoyo de encuestas, lo que fue impugnado en cinco recursos.
“La convocatoria emitida por el Comité Ejecutivo Nacional de Morena relativa a la elección de candidatos a diputados federales por los principios de mayoría relativa y representación proporcional para el proceso electoral 2020-2021, así como la omisión de celebrar la insaculación mediante la cual se determinen los distritos electorales que serán asignados a candidatos externos”, establecen las impugnaciones contra la convocatoria para las diputaciones federales.
Además, el recurso del senador Cruz Pérez Cuéllar, que presentó ante el Tribunal Electoral Estatal de Chihuahua por la designación como candidato de Juan Carlos Loera dio como resultado que ordenara a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia que atendiera las demandas del legislador.
Sin embargo, el político chihuahuense tiene la oportunidad de seguir el proceso de impugnaciones ante la Sala Superior del TEPJF.
Con una caravana motorizada de repudio a la imposición de Morena y de respaldo a su movimiento en la búsqueda del registro de algún partido, Cristóbal Arias inició un movimiento con el que, dijo, quiere rescatar a Michoacán.
Manifestó su rechazo a la candidatura de Raúl Morón a la gubernatura y anunció que “con el respaldo de la gente seguiré adelante”.
Por lo menos ocho juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano presentaron los morenistas inconformes en contra de los abanderados que definió el partido para gubernaturas y por la convocatoria para elegir a candidatos a diputados.
El principal método tomado por el partido para definir a candidatos fue a través de encuestas.
Vicente Carrillo Fuentes, alias El Viceroy, ex líder del Cártel de Juárez, mantiene negociaciones con el gobierno de Estados Unidos a casi año y medio de su traslado a una cárcel de Nueva York.
Este martes 28 de julio, se llevó a cabo una audiencia ante la jueza Joan M. Azrack, en donde se sumó un nuevo plazo de 90 días para continuar con las conversaciones con la defensa del ex líder del Cártel de Juárez.
Con esto se dio a conocer que se programó la próxima audiencia para el 20 de octubre de este año, y que El Viceroy renunciaba a enfrentar un juicio rápido en la Corte de Distrito Este de Nueva York.
Mientras se mantiene este proceso, Vicente Carrillo Fuentes se mantendrá en prisión. Cabe destacar que está acusado de delitos ligados al narcotráfico y lavado de dinero.
¿Quién es El Viceroy?
Vicente Carrillo Fuentes, alias El Viceroy,heredó el Cártel de Juárez en 1997, luego de que su hermano, Amado Carrillo Fuentes,conocido como El Señor de los Cielos, muriera en medio de una cirugía plástica. En ese momento el Cártel de Juárez era una de las organizaciones narcotraficantes más poderosas de México.
Nació en Novolato, Sinaloa. Junto a él, Juan José Esparragoza, alias El Azul, quien más tarde formaría parte del Cártel de Sinaloa,tomó el control del Cártel de Juárez en 1997.
Desde el 16 de agosto del año 2000, El Viceroy fue buscado por el Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (US Federal Bureau of Investigations, FBI) luego de que un jurado federal del estado de Texas lo acusara de homicidio, narcotráfico y lavado de dinero. El gobierno estadounidense ofrecía hasta 5 millones de dólares de recompensa por información que diera con su paradero.
El Cártel de Juárez se encargaba de transportar múltiples toneladas de cocaína provenientes de Colombia hacia Estados Unidos, pasando por México. Durante el liderazgo de Amado Carrillo Fuentes, el Cártel de Juárez mantuvo la hegemonía sobre este negocio gracias a sus vínculos con autoridades federales mexicanas, mismas que les ofrecían protección.
Vicente continuó con el traslado de droga de una manera más modesta, pero en un contexto más violento.
Hasta el 2004, el Cártel de Juárez estuvo aliado con el Cártel de Sinaloa, cuando el líder de este grupo, Joaquín El Chapo Guzmán, presuntamente ordenó el asesinato de Rodolfo Carrillo Fuentes, hermano de El Viceroy. Tras esto, este devolvió el ataque ordenando la muerte de El Chapo Guzmán, quien estaba preso.
Amado Carrillo, ‘El Señor de los Cielos’, exlíder del Cártel de Juárez (Infobae)
La ruptura de la alianza entre ambos cárteles desató una violenta guerra de varios años enCiudad Juárez, en el estado norteño de Chihuahua, principal bastión de Carrillo Fuentes.
Ambos grupos se enfrentaron por el control del mercado y de las rutas del narcotráfico. Desde el 2007, El Viceroy también enfrentó al Cártel de Golfo. Este conflicto hizo a Ciudad Juárez la ciudad más violenta del mundo por varios años, lo que dejó un saldo de, por lo menos, 8 mil muertos.
Para enfrentar al Cártel de Sinaloa y a su grupo de sicarios, conocido como Gente Nueva, El Viceroy se valió de un brazo armado conocido como La Línea y del Barrio Azteca, un grupo criminal con base en Estados Unidos.
Pero estos no fueron suficientes para derrotar al Cártel de El Chapo Guzmán, pues presuntamente contaba con apoyo de autoridades federales, y logró debilitar al Cártel de Juárez e incrementar su propio poder.
El Viceroy, debido a su aparente derrota, cambió su apariencia, su nombre y se trasladó a Torreón, en Coahuila, donde fue capturado el 9 de octubre de 2014. Fue condenado a 28 años de prisión por la Fiscalía General de la República (FGR) en junio de 2015.
En un juicio de amparo del año siguiente, se le concedió protección constitucional, sin embargo, siguió en prisión. En 2017 se le volvió a dictar prisión formal.
Estuvo en Puente Grande, en Jalisco, hasta el 27 de febrero de 2025, cuando fue trasladado a Estados Unidos junto a otros 28 narcotraficantes mexicanos de alto perfil.