La Fiscalía General acusa al exgobernador de Chihuahua de esquema para ocultar fondos ilícitos desviados de recursos estatales, tras su extradición desde EE.UU.

El exgobernador de Chihuahua, César Horacio Duarte Jáquez, enfrenta una posible condena de hasta 22 años de prisión por su participación en un esquema de lavado de dinero que utilizó para esconder fondos ilícitos desviados durante su gestión entre 2010 y 2016. La acusación, presentada por la Fiscalía General de la República, señala que Duarte utilizó mecanismos financieros en el sistema bancario mexicano para encubrir la procedencia ilegal de aproximadamente 96 millones de pesos, vinculados a delitos de corrupción y malversación de fondos públicos.

Las leyes mexicanas contemplan penas que oscilan entre cinco y 15 años de cárcel, además de multas, con un agravante que duplica la sanción en casos donde servidores públicos o exfuncionarios cometen estos delitos en los dos años posteriores a su cargo, como sería en este caso. Adicionalmente, se prevé la inhabilitación para ejercer cargos públicos por un período equivalente al de la condena.

El contexto legal bajo el cual Duarte será juzgado implica también consideraciones internacionales, dado que fue extraditado de Estados Unidos en 2020. La defensa argumenta que está procesado por los mismos 96 millones de pesos en México, señalando que la ley impide juzgar en el país por delitos distintos a los señalados en la extradición, aunque la Fiscalía insiste en que hay elementos suficientes para su vinculación a proceso por lavado de dinero. La audiencia en el Penal del Altiplano determinará si existen bases para su formal prisión en el caso.

El caso de Duarte refleja la preocupación por la impunidad en casos de corrupción y lavado de dinero en México, además de la necesidad de fortalecer los mecanismos para sancionar a los funcionarios que, además de malversar recursos públicos, intentan ocultar sus actividades ilícitas, a menudo valiéndose del sistema financiero. La investigación evidencia cómo las redes de lavado operan incluso en contextos de alto riesgo y complejidad legal.