México
CFE destraba incentivos para detonar techos solares
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) desistió finalmente del amparo promovido contra las Disposiciones Administrativas de Carácter General emitidas por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) en materia de generación distribuida, con lo que avanza hacia el marco de incentivos para quienes generen mediante techos solares, a los que la estatal podrá devolverles lo que aporten en forma de energía o en efectivo.
El valor potencial del mercado de generación distribuida en el país supera los 500 millones de dólares; según la CFE, se han firmado 60,000 contratos bilaterales de interconexión a la red en generación distribuida —con techos solares de capacidad inferior a 500 kilowatts— tanto entre usuarios comerciales como domésticos, mientras que hay más de 420,000 usuarios domésticos de alto consumo (DAC) cuyo esquema tarifario resultaría mucho más conveniente si instalaran sistemas fotovoltaicos en sus techos, reduciendo su consumo a niveles básicos y vendiendo los excedentes a la red y cuya inversión retornaría entre cuatro y siete años.
Cabe recordar que en marzo del 2017 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación estas disposiciones con los nuevos modelos de contrato que los usuarios pueden utilizar para la producción de energía solar en instalaciones de páneles fotovoltaicos menores a 500 kilowatts, pero, en abril, la filial Suministrador Básico de la CFE interpuso un amparo contra estas reglas asegurando que el esquema provocaría pérdidas para la empresa. El amparo fue turnado a un tribunal especializado en competencia económica y devuelto a un tribunal administrativo, ante el cual la CFE se desistió en días pasados.
Así, se podrán implementar los tres esquemas legalmente establecidos para la autogeneración de electricidad en el país: el net metering en que se devuelve como energía lo que se inyecta a la red; el net billing, en que se paga en efectivo a precio marginal local el excedente que se inyecta a la red, y la venta total de energía, con que algunos productores que no requieran el consumo podrán inyectar su electricidad a la red y recibir los respectivos pagos.
Para la Asociación Nacional de Energía Solar (ANES) el retiro del amparo es una muestra de la madurez que ha alcanzado el mercado de generación distribuida. “Confiamos en que las áreas de oportunidad, que ofrecen las disposiciones, serán atendidas correctamente por el regulador, para que este sector crezca 200% o más”, refirió la ANES.
En el 2017 los contratos del esquema de net metering aumentaron 92% en número de interconexiones y 63% en capacidad instalada, lo que equivale a 28,000 contratos nuevos, para acercarse a los 60,000 acumulados y superar 400 MW de capacidad instalada.
Se estima que, de aumentar el crecimiento de la generación distribuida, para el 2030, se podría alcanzar 19,000 megawatts (MW), así como generar más de 1 millón de empleos en el sector, como instaladores, vendedores, entre otros.
Precio marginal local, el más bajo posible
Héctor Hernández, secretario general de la ANES, explicó a El Economista que la decisión de la CFE obedece a que existe toda una lógica en la determinación del precio marginal local de la energía, que llevará a la CFE a comprar energía a precio competitivo de los usuarios autogeneradores.
La CRE cuenta con lo que resta del año para publicar la modificación a las disposiciones administrativas en la materia, mientras que la CFE tiene 100 días para publicar el esquema de facturación ajustado para estas actividades, detalló.
El Economista
México
Gobierno de México reporta avance del 67% en Plan Michoacán
El Gobierno de México ha informado que el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia ha alcanzado un avance del 67 por ciento a un año de su implementación. Este programa, que incluye más de 2 mil 500 obras y acciones programadas, ha visto la conclusión de mil 680 de estas iniciativas, además de un ejercicio presupuestal que equivale al 61 por ciento de los recursos destinados para el periodo 2025-2030.
Durante la conferencia matutina del 4 de noviembre, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó un balance de los 12 ejes que componen esta estrategia federal, la cual busca atender diversas necesidades en Michoacán a través de intervenciones en seguridad, educación y desarrollo social.
La inversión total proyectada para el programa es de 118 mil millones de pesos, de los cuales se han ejercido aproximadamente 72 mil millones. Sheinbaum destacó que los resultados obtenidos son parte de un esfuerzo continuo que requiere la coordinación entre las instituciones gubernamentales y los diferentes sectores de la sociedad michoacana. “Hemos avanzado, por supuesto que tenemos que seguir trabajando”, afirmó.
En el ámbito de la seguridad, la mandataria aseguró que se han registrado disminuciones en delitos de alto impacto y que se mantienen mecanismos de comunicación y colaboración con representantes de diversos sectores sociales en el estado.
Asimismo, la evaluación del programa incluye indicadores relacionados con la educación, como el número de estudiantes inscritos en las escuelas y la continuidad de los jóvenes en los distintos niveles educativos. Se ha puesto especial énfasis en el seguimiento de los jóvenes que transitan de secundaria a preparatoria y de educación media superior a universidad, apoyados por programas de becas del Gobierno federal.
Sheinbaum enfatizó la importancia de mantener la presencia institucional en Michoacán a través de acciones cotidianas y una comunicación constante con la población, para conocer los resultados de las intervenciones y detectar necesidades pendientes. “Lo importante es que las y los michoacanos sepan que el Gobierno de México está presente en todos los municipios de Michoacán”, concluyó.
El balance presentado corresponde al primer año de ejecución del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, que se extenderá hasta 2030, y contempla la continuidad de las obras y acciones correspondientes a sus 12 ejes de intervención. Aunque se dieron a conocer los porcentajes generales de avance físico y financiero, no se especificaron cifras concretas sobre la reducción de delitos ni los resultados desagregados de los indicadores educativos mencionados.
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