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Opinión

Comentarios de prensa por LUIS OCHOA MINJARES

IESGOS POLITICOS

 DE IR A LA CABEZA

 

 

Luis Ochoa Minjares

 

   Dice el ingenio popular en la infinita sabiduría de sus refranes que “al clavo más alto siempre le dan los primeros martillazos”, particularmente en el terreno del fragor de la actividad política o durante el desempeño de los cargos públicos desde los que se quieren cambiar las rutinas infecundas.

 

   Una miniencuesta cibernética entre nuestros contactos nos dice que a los gobernadores tricolores más destacados son a quienes les tupen más críticas y les inventan mayores defectos, yerros y mentiras o simplemente les escamotean el reconocimiento de sus méritos.

 

   Según dicha encuesta,  los “clavos más altos” estatales en el escenario político nacional son, en primer lugar el gobernador del Estado de México, en segundo lugar el mandamás de Veracruz, en tercero nuestro gober César duarte, en cuanto, -hasta antes del incidente de la bala de goma-, el de Puebla y, finalmente el de Chiapas.

 

   Por lo demás, sería mentir si se negara que la mayoría de los gobernantes tricolores hacen esfuerzos inauditos por vibrar al ritmo del dinamismo presidencial en afán de mover a México y transformar al país.

 

DISCRETAS JUNTAS

DE ALTOS MANDOS

 

   Como el tiempo pasa volando y se nos echa encima el ya cercano proceso electoral para remudar la cámara de diputados federales,  (junio 7 del 2015), el alto mando Tricolor reunió a su nutrido y fortalecido cuerpo de gobernadores tricolores para garantizar que los preparativos preelectorales no detendrán ni entorpecerán la marcha del país.

 

   Integran ese inexpugnable bastión político tricolor los siguientes gobernadores:de Aguascalientes, Carlos Lozano; Campeche, Fernando Ortega; Colima, Mario Anguiano; Coahuila, Rubén Moreira; Chihuahua, César Duarte; Durango, Jorge Herrera; Hidalgo, Francisco Olvera; Jalisco, Aristóteles Sandoval; Nayarit, Roberto Sandoval; Nuevo León, Rodrigo Medina; Michoacán, Salvador Jara; Querétaro, José Calzada; Quintana Roo, Roberto Borge; San Luis Potosí, Fernando Toranzo; Tamaulipas, Egidio Torre; Tlaxcala, Mariano González; Veracruz, Javier Duarte; Yucatán, Rolando Zapata, y Zacatecas, Miguel Alonso Reyes y Manuel Velasco de Chiapas.

Ni tardos ni perezosos los gobernadores tricolores reunieron a su vez a su equipo de trabajo y, seguramente, la misma consigna, que el futurismo político y el proceso electoral próximo no entorpezca la marcha nacional.

EXTORSION

EDUCATIVA

Se dice que una manzana podrida pudre al resto de las contenidas en una canasta cuando quiere significarse que en un conjunto social dado, el mal comportamiento o la corrupción de un miembro, contagian y desprestigian al resto de la comunidad.

La extorsión, -entendida como daño, perjuicio o chantaje-, ha cundido dentro del magisterio juarense de tal forma, que ya se habla de chantaje educativo con agravio y desprestigio no de los pocos o muchos profesores corruptos, sino del gremio magisterial y del sistema educativo oficial en su conjunto.

Podría decirse que en Ciudad Juárez no existe problema que más moleste, irrite y preocupe a nuestros gobernantes y a gobernados, que el chantaje, la extorsión utilizada para esquilmar a las familias, en su mayoría de escasos recursos, que van a inscribir sus hijos a las escuelas que eran públicas y ahora parecen particulares del sector de profesores inmorales.

¿Cuál será la solución para que la educación pública y gratuita vuelva a tener el esplendor de antaño? ¿Cómo limpiar al magisterio de ese estigma y borrar esa frase de “extorsión educativa”? ¿Cómo?

VIEJOS SUEÑOS

SON REALIDAD

Se dice que las grandes obras materiales del hombre primero son sueños y anhelos muy sentidos, que al cabo del tiempo y los esfuerzos organizados se convierten en realidad. Tal es el caso de los chihuahuenses que soñaron tener en Chihuahua y en Ciudad Juárez un moderno sistema de transporte urbano que satisficiera sus crecientes necesidades de movilidad urbana.

Ya hace tres décadas que los juarenses recreaban en estas páginas de El Diario sueños y anhelos casi fantasiosos en materia de transporte urbano. Se hablaba de sustituir los viejos, destartalados y contaminantes camiones por un sistema de trolebuses eléctricos rápidos, silenciosos y nada contaminantes del ambiente.

No fueron trolebuses, pero son vivebuses que abrieron la puerta y son el inicio de un nuevo y moderno sistema de movilidad urbana de acuerdo a las exigencias del crecimiento poblacional y de la comodidad y seguridad de los usuarios. Con la educación y colaboración de la gente, pronto serán mejor que los soñados trolebuses. Es cierto, las grandes obras primero se sueñan y anhelan y después, tarde o temprano se hacen realidad.

REVUELO POR LA

LA TAL EQUIDAD

La tan anhelada equidad de género por fin será una realidad palpable como fruto de las reformas en materia electoral. En el desempeño de cargos públicos por designación y principalmente por elección popular, habrá el famoso y popular fifti-fifti, a igual número de pantalones, igual número de enaguas o minifaldas.

Resulta alentador para el enriquecimiento y actualización de nuestra todavía deficiente vida democrática la algarabía y entusiasmo un tanto anticipado del mujerío que aspira a participar en los comicios del año entrante. Un breve y ligero sondeo muestra que no menos de l6 compañeras de partido aspiran a una de las tres curules federales que corresponden a Juárez.

Dos escaños son ocupados por dos valiosas políticas chihuahuenses, cuyos nombras ya son mencionados para mayores alturas. Enlistar nombres tan prematuramente, haría más daño que bien en estos momentos en que estamos enfrascados en dar cima a las reformas y transformación del municipio, del Estado y del país. Dejamos en el tintero esos nombres.

NO MÁS FERIAS

DE PACOTILLA

Reanudar la Feria de Juárez, suspendida por dificultades y manejos inexpertos desde el año de 2009, significa un gran reto que debemos afrontar y apoyar todos y cada uno de quienes vivimos en esta sobrepoblada, inquieta y ambiciosa comunidad fronteriza juarense. Tal faena no es, como diría Juan Pueblo, “enchílame otra”.

Si se pretende que tal evento cumpla su verdadera misión, no son suficientes los recursos monetarios aportados por los sectores social, oficial y privado. Se requiere algo más difícil de conseguir y poner en práctica: amor por la comunidad, sentido de pertenencia, visión política y, sobre todo, honestidad.

Anhelamos muchos juarenses que el día en que ferias, centros de convenciones y demás antiguallas se conviertan en un gigantesco escaparate por el que, desde Juárez, se asomen los 32 estados de la república y, de manera permanente, muestren al mundo entero sus riquezas artísticas, culturales y, sobre todo, sus productos regionales. Que la reanudación de la Feria será el primer paso.

OPINION DE LECTOR: “No es la riqueza ni el esplendor, sino la tranquilidad y el trabajo lo que proporciona la felicidad”. Gracias don Ramón Quezada.

([email protected])

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Opinión

La trampa de “las rentas justas” en la CDMX. Por Caleb Ordóñez T.

En la Ciudad de México hay jóvenes que trabajan para pagar un departamento en el que apenas tienen tiempo de dormir. Familias que destinan buena parte de sus ingresos a cuatro paredes. Personas que viven a dos horas de su empleo porque acercarse al centro se convirtió en un lujo.

La vivienda es uno de los grandes fracasos de la política urbana capitalina.

Y ahora el gobierno pretende resolverlo con otra ley.

Clara Brugada presentó una iniciativa que promete rentas justas, contratos regulados y protección contra abusos. Una propuesta que, vista desde el discurso político, parece irreprochable. ¿Quién podría estar en contra de que las personas paguen menos por vivir dignamente?

Caleb Ordoñez T.

El problema es que las buenas intenciones no construyen departamentos.

Y los decretos tampoco.

Las buenas intenciones también tienen consecuencias

La iniciativa contempla limitar aumentos conforme a la inflación, registrar obligatoriamente los contratos y aplicar multas de hasta 46 mil 924 pesos. También propone asesoría gratuita y mecanismos contra desalojos violentos.

Hay medidas necesarias. Los abusos inmobiliarios existen. Los desalojos arbitrarios también. Ninguna persona debería perder su hogar mediante amenazas o intimidaciones.

Pero legislar para corregir una injusticia no debería producir otra.

Pensemos en una jubilada que dedicó treinta años a pagar un pequeño departamento. Hoy lo renta para complementar una pensión insuficiente. No pertenece a ningún cártel inmobiliario. No especula con edificios enteros. Simplemente administra el patrimonio que consiguió trabajando.

¿Qué sucederá si las nuevas obligaciones, restricciones y sanciones hacen que prefiera retirar su propiedad del mercado?

Habrá una vivienda menos.

Y si otros propietarios toman decisiones semejantes, quienes terminarán compitiendo por los departamentos disponibles serán precisamente aquellos que la ley pretende proteger.

No es una consecuencia demostrada ni inevitable. Es un riesgo que el Congreso tiene la obligación de evaluar.

Porque una cosa es regular los abusos y otra, muy distinta, pretender administrar la escasez.

El problema tiene dimensiones profundas. Según el INEGI, en 2024 el ingreso promedio de los hogares urbanos capitalinos rondaba los 37 mil pesos mensuales. Un promedio que, además, oculta enormes desigualdades.

¿Cuánto debe ganar una familia para vivir cerca de su trabajo? ¿Cuánto tiempo de su vida debe sacrificar transportándose? ¿En qué momento tener una habitación propia dejó de ser una aspiración razonable?

Esas preguntas no se resuelven únicamente vigilando contratos.

Se resuelven construyendo vivienda, mejorando el transporte, acercando servicios y generando condiciones para que la ciudad pueda alojar a quienes la mantienen funcionando.

Brugada también promete ampliar la vivienda asequible. Bien. Pero esa debería ser una prioridad medible, no una promesa subordinada al entusiasmo por imponer nuevas reglas.

El gobierno también debe rendir cuentas

Hay otra contradicción.

Desde 2024 existen disposiciones para limitar incrementos de renta y registrar contratos. Antes de anunciar nuevas sanciones, sería conveniente conocer los resultados de las anteriores.

¿Cuántas familias se beneficiaron? ¿Cuántos abusos fueron sancionados? ¿Qué funcionó y qué fracasó?

El gobierno exige transparencia a los particulares, pero todavía debe ofrecer respuestas convincentes sobre la eficacia de sus propias medidas.

Y mientras tanto, el verdadero debate corre el riesgo de perderse entre consignas: propietarios contra inquilinos, mercado contra Estado, ricos contra pobres.

Una discusión tan cómoda para los políticos como inútil para quienes necesitan vivienda.

La propiedad privada merece certeza jurídica. Los inquilinos merecen protección. Y ambos necesitan un gobierno capaz de entender que sus derechos no son necesariamente enemigos.

La iniciativa todavía puede corregirse. Sería deseable que el Congreso escuchara más evidencia y menos discursos.

Porque el desafío no consiste en decidir quién tiene la culpa de que vivir en la capital resulte tan caro.

Consiste en reconocer quién tiene la responsabilidad de hacerla habitable.

Una ciudad no se vuelve más justa cuando el gobierno decide cuánto debe costar vivir en ella, sino cuando consigue que vivir en ella deje de ser un privilegio.

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