La precaria situación económica y el costoso tratamiento para atender a uno de sus hijos, que vive con parálisis cerebral, orillaron a Gaby a elegir entre dos opciones, y cualquiera que fuera su decisión, sabía que cambiaría su vida: o se dedicaba a la prostitución o se enrolaba como transportadora de mariguana desde su pueblo natal, en Oaxaca, hacia distintos puntos del país.

Se inclinó por la segunda, al considerar que “era un trabajo más honesto”, pues en su comunidad, que se ubica en la región del Istmo de Tehuantepec, la siembra, cosecha, empaquetamiento y comercio de esa sustancia es algo habitual donde, afirma, participan hombres, mujeres, niños y hasta ancianos. Sin embargo, tiempo después sucedió lo que tanto miedo le daba: cayó presa y fue sentenciada a diez años de prisión por delitos contra la salud, del orden federal, por posesión y transporte de sustancias ilegales.

El de Gaby es sólo uno de varios testimonios presentados en una serie de cortometrajes realizados por la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés) y EQUIS Justicia para las Mujeres, en colaboración con la productora Scopio, en los que se documenta “el devastador costo humano de las políticas punitivas de drogas y las condiciones específicas que hacen que la aplicación de las leyes recaiga mayormente sobre las mujeres y sus familias”.

En un reciente reporte de EQUIS, titulado Políticas de drogas, género y encarcelamiento en México: Una guía para políticas públicas incluyentes, se da cuenta del incremento en el número de mujeres encarceladas en el país por ilícitos no violentos ligados al narcotráfico. Los datos muestran que en dos años la cifra de detenidas por éstos creció 103 por ciento al pasar de 940 casos reportados en 2014 a 1911 para 2016, muchas de ellas sufren violencia antes o durante su encierro.

Los delitos contra la salud en el ámbito federal representan 43 por ciento de los casos de las mujeres en prisión y son la primera causa de encarcelamiento. Generalmente son condenadas por posesión, venta o transporte de pequeñas cantidades de droga, es común que no ocupen puestos de poder dentro de los grupos delincuenciales, no han cometido crímenes violento y su encierro no impacta en el negocio del tráfico de sustancias ilícitas, señalaron ambas organizaciones.

“Las políticas punitivas de drogas han afectado desproporcionadamente a las mujeres. Muchas de ellas son pobres y entran al mercado por la desesperación, la falta de oportunidades o por coerción (de sus parejas u otras personas). Las cárceles femeninas se han llenado de mujeres que no han cometido crímenes violentos y que tampoco representan amenazas serias para la seguridad pública”, afirmó Coletta Youngers, asesora de WOLA al programa de drogas.

Gaby purga su condena en el Centro de Internamiento Femenil de Tanivet, en Oaxaca, junto con su madre, quien también cayó presa por el mismo delito. Sus pesares comenzaron a los 16 años, al ser víctima de violación sexual, tuvo un hijo producto de ese hecho. Tiempo después se casó y concibió dos pequeños más (una niña, la menor, y un varón con parálisis cerebral). Su esposo la abandonó con los años y las dificultades económicas se hicieron cada vez más difíciles.

Hasta que llegó el día de elegir. “Nunca me quise meter en la prostitución. Para mí (trasladar mariguana) era un negocio más honesto: empaquetábamos, encintábamos, transportábamos. Mi familia lo requería, lo hice por mis hijos, por necesidad”. Hoy vive lejos de sus pequeños. La niña está con un tío y los dos niños en una casa de asistencia social. Es lo más duro, confiesa.

La Jornada