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Opinión

Empeñados por Luis Villegas Montes

En esta ocasión Luis Villegas Montes plasma de una manera muy simpática los temas del IVA a alimentos a mascotas, refrescos y la homologación del IVA en la frontera del 11 al 16 por ciento.

Resulta que a Florencia y a mí nos pasaron a fregar. Yo no sé si usted, amable lectora, gentil lector, sabe quién es “Florencia”. Florencia es la perrita de la casa. Dicho así, “perrita”; no mascota. Porque mascotas, mascotas, mascotas, tenemos dos: “Florencia” y “Manzanita”; “Cuco”, el hámster, amaneció muerto. Yo hubiera querido querer a Cuco, me parecía muy simpático: “Hecho bolita”, se acurrucaba en un viejo calcetín que no sé cómo, se agenció de algún sitio y le servía como “sleeping bag”. Era tremendo Cuco. Varias veces se escapó; abría la puerta de su espaciosa jaula -espaciosa de veras, porque tenía una especie de recibidor, escaleras, gimnasio (bueno, el equivalente a una banda sinfín) y una buhardilla que fue la que eligió para hacer su tendido-, abría la puerta, decía yo, y huía. En esas ocasiones, ahí nos tienen a todos buscándolo. La primera vez simplemente desapareció; tras horas de inútil pesquisa seguimos el rastro de una sospechosa serie de bolitas cafés y dimos con él en el closet, a donde había llevado el equivalente a 3 o 4 veces su peso en comida. Buenos madrazos se ponía el Cuco; la segunda vez, dejó manchitas de sangre en las escaleras de los tumbos que fue dando, pero no; lo hallamos entero, orondo y cachetón acuartelado en la sala. Pues Cuco se murió; un día (meses después de los madrazos, que conste) amaneció hecho bolita para no volver a escaparse jamás. “Manzanita” la tortuga, esa ni fú ni fá. Come, saca la cabeza, saca la cabeza, come; a la única que parece hacerle algún caso, porque va y le habla y le hace cariños, es a Adriana. Yo ni me acuerdo de su callada y remota existencia.

En cambio Florencia, la verdad es que yo la veo como otro miembro de la familia. Más chaparrita y más peluda, pero como a una hija más. En ocasiones, pareciera que a la única que le importo es a ella, llego a casa y es una de jaranas y de fiestas que si algún día decidiera irme, me vería en la necesidad de litigar su custodia, por sobre la de Adolfo y María que ya no me hacen mucho caso. Claro que también puede ocurrir que los pedacitos de carne que le doy a hurtadillas tengan algo que ver con esas muestras de afecto arrasadoras.

Pues bien, con la entrada en vigor de la reforma fiscal nos van a pasar a fregar a Florencia y a mí. De todos los crímenes que la propuesta de reformas contiene, avalados tanto por el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, como por la Cámara de Diputados, hay tres que me incomodan: El 16% de IVA a los alimentos para mascotas; el impuesto al refresco; y la homologación del IVA en la frontera que sube la tasa del 11 al 16%. No hay derecho. No es justo para la Florencia, no es justo para mí y no es justo para los juarenses.

Aunque la Florencia es una french poodle, simpática y querendona, traga como pelón de hospicio; ahora, con el alza anunciada, mis precarias finanzas se verán afectadas en grado sumo, visto que la muy ingrata es capaz de comerse su propio peso en una sentada. Lo sé, lo sé, no es sano que los perros coman así, pero, ¿qué quieren? Pone una carita tan tierna y su mirada es tan, tan, ni modo, hay qué decirlo, tan de perro triste, que se amuela uno; hasta mi mamá ha dicho: “Díganle a Florencia que no me vea así; porque parece que se está muriendo de hambre” (la hipócrita -La hipócrita de Florencia, quiero decir, no mi mama-). A mí pasaron a fregarme porque sin la Coca Cola no vivo. De que ya le he bajado al refresco, ya le he bajado; pero no deja de parecerme un robo en despoblado, casi un asalto a mano armada, pagar 7 pesos por lata. Si a eso le suma lo del impuesto especial, la cosa pasa del azul subido al “color de hormiga”.

Sin embargo, a los que les fue peor, es a los habitantes de la franja fronteriza; la homologación del IVA es la peor sandez que se le pudo ocurrir a nadie jamás; hay que no haber leído tres méndigos libros en toda la vida,1 embarazar a dos amantes2 o no poder pronunciar correctamente la palabra “epidemiólogos”,3 para que alguien tenga una ocurrencia de ese tipo. La reforma: Tendrá catastróficas consecuencias en dicha región, ya que afecta de manera directa la derrama económica al limitar la capacidad de adquisición de los consumidores; y, por consiguiente, la actividad comercial; al mismo tiempo, desalienta la inversión de la industria maquiladora, con un riesgo latente de que el sector opte por salirse del país ante la falta de competitividad; adicionalmente, esta medida golpeará a la industria formal, pues provocará una contracción a la producción; por otro lado, la reforma tiene un efecto inflacionario al trasladar los precios al consumidor y ello va a generar dos efectos inmediatos: Un aumento de la gente que cruza a Estados Unidos; y segundo, la evasión fiscal; y en cuanto al impacto social, este es obvio: Contribuirá de manera significativa al cierre masivo de fuentes de empleo.

Empeñados en fregarnos, los diputados del PRI -con el Presidente Enrique Peña Nieto a la cabeza y con el voto incondicional del PRD- parece que quieren que, para sobrevivir, empeñemos hasta la camisa. ¿Qué les hicimos? ¿Qué les hizo Florencia? ¿Qué les hice yo? ¿Qué les hizo Juárez?

Luis Villegas Montes.
[email protected], [email protected]

1 Nota publicada con el título: “Estudiantes regalan libros a Peña Nieto”, el 5 de diciembre de 2011, por el periódico El Universal, suscrita por Ricardo Gómez.
2 Nota publicada con el título: “Los hijos fuera de matrimonio de Peña Nieto”, el 26 de enero de 2011. Visible en el sitiohttp://www.vanguardia.com.mx/loshijosfueradematrimoniodepenanieto-1203840-columna.html Consultado el 31 de enero de 2012.
3 Ver el sitio: http://www.animalpolitico.com/2013/10/pena-nieto-se-vuelve-a-equivocar-no-puede-pronunciar-epidemiologos/#axzz2itDxSbqu

 

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Opinión

La trampa de “las rentas justas” en la CDMX. Por Caleb Ordóñez T.

En la Ciudad de México hay jóvenes que trabajan para pagar un departamento en el que apenas tienen tiempo de dormir. Familias que destinan buena parte de sus ingresos a cuatro paredes. Personas que viven a dos horas de su empleo porque acercarse al centro se convirtió en un lujo.

La vivienda es uno de los grandes fracasos de la política urbana capitalina.

Y ahora el gobierno pretende resolverlo con otra ley.

Clara Brugada presentó una iniciativa que promete rentas justas, contratos regulados y protección contra abusos. Una propuesta que, vista desde el discurso político, parece irreprochable. ¿Quién podría estar en contra de que las personas paguen menos por vivir dignamente?

Caleb Ordoñez T.

El problema es que las buenas intenciones no construyen departamentos.

Y los decretos tampoco.

Las buenas intenciones también tienen consecuencias

La iniciativa contempla limitar aumentos conforme a la inflación, registrar obligatoriamente los contratos y aplicar multas de hasta 46 mil 924 pesos. También propone asesoría gratuita y mecanismos contra desalojos violentos.

Hay medidas necesarias. Los abusos inmobiliarios existen. Los desalojos arbitrarios también. Ninguna persona debería perder su hogar mediante amenazas o intimidaciones.

Pero legislar para corregir una injusticia no debería producir otra.

Pensemos en una jubilada que dedicó treinta años a pagar un pequeño departamento. Hoy lo renta para complementar una pensión insuficiente. No pertenece a ningún cártel inmobiliario. No especula con edificios enteros. Simplemente administra el patrimonio que consiguió trabajando.

¿Qué sucederá si las nuevas obligaciones, restricciones y sanciones hacen que prefiera retirar su propiedad del mercado?

Habrá una vivienda menos.

Y si otros propietarios toman decisiones semejantes, quienes terminarán compitiendo por los departamentos disponibles serán precisamente aquellos que la ley pretende proteger.

No es una consecuencia demostrada ni inevitable. Es un riesgo que el Congreso tiene la obligación de evaluar.

Porque una cosa es regular los abusos y otra, muy distinta, pretender administrar la escasez.

El problema tiene dimensiones profundas. Según el INEGI, en 2024 el ingreso promedio de los hogares urbanos capitalinos rondaba los 37 mil pesos mensuales. Un promedio que, además, oculta enormes desigualdades.

¿Cuánto debe ganar una familia para vivir cerca de su trabajo? ¿Cuánto tiempo de su vida debe sacrificar transportándose? ¿En qué momento tener una habitación propia dejó de ser una aspiración razonable?

Esas preguntas no se resuelven únicamente vigilando contratos.

Se resuelven construyendo vivienda, mejorando el transporte, acercando servicios y generando condiciones para que la ciudad pueda alojar a quienes la mantienen funcionando.

Brugada también promete ampliar la vivienda asequible. Bien. Pero esa debería ser una prioridad medible, no una promesa subordinada al entusiasmo por imponer nuevas reglas.

El gobierno también debe rendir cuentas

Hay otra contradicción.

Desde 2024 existen disposiciones para limitar incrementos de renta y registrar contratos. Antes de anunciar nuevas sanciones, sería conveniente conocer los resultados de las anteriores.

¿Cuántas familias se beneficiaron? ¿Cuántos abusos fueron sancionados? ¿Qué funcionó y qué fracasó?

El gobierno exige transparencia a los particulares, pero todavía debe ofrecer respuestas convincentes sobre la eficacia de sus propias medidas.

Y mientras tanto, el verdadero debate corre el riesgo de perderse entre consignas: propietarios contra inquilinos, mercado contra Estado, ricos contra pobres.

Una discusión tan cómoda para los políticos como inútil para quienes necesitan vivienda.

La propiedad privada merece certeza jurídica. Los inquilinos merecen protección. Y ambos necesitan un gobierno capaz de entender que sus derechos no son necesariamente enemigos.

La iniciativa todavía puede corregirse. Sería deseable que el Congreso escuchara más evidencia y menos discursos.

Porque el desafío no consiste en decidir quién tiene la culpa de que vivir en la capital resulte tan caro.

Consiste en reconocer quién tiene la responsabilidad de hacerla habitable.

Una ciudad no se vuelve más justa cuando el gobierno decide cuánto debe costar vivir en ella, sino cuando consigue que vivir en ella deje de ser un privilegio.

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