México
Grupo México seca a Sonora; peligra principal río del estado
La falta de supervisión de la Conagua sobre represas se suma al derrame tóxico y acaparamiento de pozos de la minera Buenavista del Cobre
CANANEA, Son, 21 de abril.— La explotación minera de Grupo México acaba con los pozos y el río Sonora, principal afluente del estado, acusaron especialistas, pobladores y activistas.
En entrevistas, señalaron a la empresa de tener desde hace cinco años una campaña abierta de “acaparamiento de pozos” para mantener su “monopolio” sobre el agua.
En el Registro Público de Derechos de Agua (Repda), la minera Buenavista del Cobre —propiedad de Grupo México— ostenta a su nombre 14 títulos de concesión que amparan 93 pozos. Sin embargo, se ha apoderado de al menos otros 30 de uso agrícola, pecuario y múltiple.
El 6 de agosto pasado, un derrame tóxico de la minera afectó directamente a 25 mil habitantes de los municipios vecinos al río Sonora, afluente que tiene un déficit anual de 300 millones de metros cúbicos, volumen que serviría para abastecer durante tres años a los habitantes de Hermosillo.
Otra de las anomalías consiste en la falta de supervisión de la Conagua sobre 200 represas o diques construidos en ranchos ganaderos y que cortan la corriente natural del río Sonora, financiados por la Secretaría de Agricultura.
Grupo México envenena río Sonora
Especialistas, pobladores y activistas denuncian que Grupo México ha conformado un monopolio del agua, donde acapara pozos. Ninguno de los títulos expedidos en favor de la empresa cuenta con permiso de descarga, y lo que alguna vez fue agua limpia hoy mata flora y fauna a su paso, mientras el negocio le reditúa a su dueño 4.4 millones de dólares diarios.
El Grupo México gana 4.4 millones de dólares al día a expensas de la sobreexplotación del río Sonora.
El río Sonora es una cuenca enferma por la minería que utiliza el afluente como drenaje de sus residuos tóxicos, donde la minera mantiene una guerra por el agua como parte de su proceso de expansión.
La voracidad de la industria, la existencia de represas y el derrame en la mina Buenavista del Cobre del pasado 6 de agosto tienen al borde del colapso a este cauce que es símbolo histórico, cultural y productivo del estado.
El déficit anual del río Sonora es de 300 millones de metros cúbicos —lo suficiente para abastecer a todos los habitantes de Hermosillo durante tres años— porque se extrae más agua de la que se recupera con las lluvias.
Los aproximadamente 200 aprovechamientos de agua construidos en ranchos ganaderos (represas o diques), que cortan la corriente natural, fueron financiados en su momento por la Secretaría de Agricultura, pero carecen de la supervisión del Organismo de la Cuenca Noroeste de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
En los últimos cinco años, Grupo México, cuyo director ejecutivo es Germán Larrea, conformó un monopolio del agua en la región, donde mantiene una campaña de compra de pozos a ejidos y particulares.
De acuerdo con el Registro Público de Derechos de Agua (Repda), Buenavista del Cobre ostenta a su nombre 14 títulos de concesión, que amparan 93 pozos en una entidad con clima desértico para extraer más de 44 millones de metros cúbicos cada año.
De manera cuestionada, la empresa se apoderó de al menos otros 30 pozos de uso agrícola, pecuario y múltiple de los ejidos Emiliano Zapata, Ignacio Zaragoza, 16 de Septiembre y Vicente Guerrero, así como de algunos pequeños productores, con lo que incrementa sus niveles de explotación minera a cielo abierto.
En la información disponible en la página electrónica de la Conagua, se expone que ninguno de los títulos expedidos en favor de la empresa —entre enero de 1997 y septiembre de 2013— cuenta con permiso de descarga, lo que significa que legalmente no puede realizar el vertido de aguas residuales.
Humberto de Hoyos Robles, habitante de Cananea, denunció que Grupo México compró los derechos de extracción de agua de la mayoría de los siete ejidos que hay en el municipio.
El también ganadero y dueño del rancho San José del Carrizo comentó que los propietarios que no aceptan vender de todas maneras se quedan sin el recurso, porque Buenavista del Cobre perfora a mayor profundidad en los terrenos de los vecinos y seca sus pozos.
“Si eres un pequeño propietario y tienes un pozo de equis profundidad, ellos perforan más abajo y por supuesto se reduce el nivel del agua y obviamente te dejan sin agua”, indicó el ingeniero civil.
Alfonso Gardea Béjar, académico del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD), dependiente del Conacyt, explicó que aunque la adquisición de pozos por parte de Grupo México puede ser legal, no quiere decir que haya justicia en este acaparamiento, porque mientras los pueblos ribereños tienen limitaciones en el uso del agua, la mina hace un despilfarro del recurso que bombea del subsuelo.
“Ellos los han comprado, esto no quiere decir que haya justicia en eso, sin embargo, es muy probable, es altamente probable, que la adquisición de pozos se haya hecho bajo bases legales, lo que no necesariamente es justo”, insistió.
De acuerdo con un estudio financiado por la Conagua denominado Programa Detallado de Acciones de Gestión Integral para la Restauración Hidrológica del río Sonora, que no pudo hacerse público porque ocurrió la tragedia en la mina Buenavista del Cobre, uno de los tantos problemas que enfrenta la cuenca es que no existe vigilancia de los pozos ni se contabilizan las extracciones, por lo que nadie sabe cuánta agua gasta en realidad Grupo México.
El trabajo elaborado por especialistas del CIAD señala que al menos 10% de los pozos no están regularizados o exceden los volúmenes concesionados.
“Por lo que una estimación del déficit debido a aspectos de control y vigilancia sería de 104 millones de metros cúbicos al año (la tercera parte del caudal que hoy le falta al río Sonora)”.
Jaime Varela Salazar, maestro emérito de la Universidad de Sonora (Unison), advirtió que la minera requiere de mucha agua y sus concesiones deben estar muy bien vigiladas, con sellos y medidores.
“Debe haber un seguimiento, revisar que no estén sacando más agua de la que se les permitió, no vaya a ser que acaben con los mantos acuíferos”, alertó el ingeniero químico.
Ana Lilia Ross, integrante de la Asociación Regional Ambiental Sonora-Arizona (Arasa), dijo que hay estimaciones que establecen que la mina Buenavista del Cobre ocupa entre dos mil y 10 mil litros de agua por segundo, en una operación que se mantiene las 24 horas del día durante los 365 días del año.
La activista lamentó que además del abuso en el consumo del agua, Grupo México esté acabando con el nacimiento de los ríos, al destruir las montañas que son los sitios de recarga natural.
Detalló que el clima en el municipio está cambiado, después de que desapareció lo que era la Sierra de Cananea, que prácticamente fue triturada en busca de minerales y también con las recientes incursiones en la montaña de La Elenita, lo que provoca que haya menos nevadas y más calor en la zona.
“Lo peor del caso es que también ya van por La Elenita, ya le están llegando. Estamos viendo cómo nuestros cerros están desapareciendo”, manifestó.
Patricio Estévez Nenninger, especialista en desarrollo sustentable, subrayó que, según cálculos de la propia industria minera, por cada tonelada de tierra que pasa por la molienda se obtiene un gramo de cobre.
Recordó que en el año 2000, un intento por proteger la zona serrana de la cuenca alta del río Sonora, a través de la creación de un área natural protegida de carácter federal, fue bloqueada por Grupo México, ya que veía en esta iniciativa un peligro para sus futuros proyectos de expansión.
Agregó que la propuesta de decreto de la Reserva de la Biosfera de Mavavi pretendía asegurar “la mejor fábrica de agua para Sonora y Hermosillo”, pero no prosperó porque hubo “compra de conciencias”.
Excélsior buscó a César Lagarda Lagarda, director del Organismo de la Cuenca Noroeste de la Conagua, con el fin de conocer los datos exactos sobre el número de pozos en poder de Grupo México, el volumen de extracción de agua y las medidas para la recuperación la cuenca hidrológica del río Sonora. El funcionario federal dijo que debido a la “veda electoral” no podía atender la petición para una entrevista en torno a la problemática del agua provocada por la mina Buenavista del Cobre.
Minera usa más agua que Cananea
El trabajo de la empresa sólo se interrumpe algunas horas durante la noche.
Desde el Observatorio Astrófisico Guillermo Haro, instalado en la cima de la sierra La Mariquita, a dos mil 470 metros de altura sobre el nivel del mar, Cananea, “Cuna de la Revolución Mexicana”, luce como una manzana que se oxida en las partes donde Grupo México va encajando los dientes.
El verde de las sierras de Los Ajos, Buenos Aires y La Purica contrastan con las tonalidades color café de la mina Buenavista del Cobre, donde la actividad sólo se detiene por unas horas cuando cae la noche.
Al fondo se observa la presa de jales de color rojizo que guarda “todo el cochinero” acumulado en 25 años y que es más grande que la zona urbana del municipio.
“La presa de jales es una bomba de tiempo muy potente, muy peligrosa, que no quisiera que sucediera, pero enfrentamos el cambio climático y si se llega a presentar una lluvia que dure más de 10 días la arcilla de los bordos se va a remojar y, por efecto de saturación, se va a deshacer como un terrón de azúcar”, alertó Patricio Estévez Nenninger, también consultor ambiental.
A tres kilómetros hacia el sur, fuera de la propiedad de Grupo México, corre al aire libre un afluente de color gris con un penetrante olor a solventes que se dirige en línea recta a la laguna de lixiviados y que va matando flora y fauna a su paso.
Son los llamados jales o desechos de la planta concentradora, donde con la ayuda de productos químicos y reactivos polímeros se separa el cobre, oro y plata de los materiales que no sirven.
Al estar parado ahí, en la parte alta del río Sonora, resulta difícil imaginar que en algún momento esa corriente letal fue agua limpia que entró a la mina directamente de los pozos y que sin ningún tratamiento es liberada para que siga su cauce natural hasta la presa donde habita el monstruo tóxico, que amenaza a todo el estado.
Agua potable que se convierte en un torrente mortífero, que lejos de ser aprovechada para su reúso, termina almacenada, lo que aumenta día con día el riesgo de una catástrofe mayor.
“Cuando esa agua llegó a la mina era potable, es la que se sustrae de todo el valle. A la minera le es más costeable, bombear más agua que reciclar el agua”, reveló el ingeniero civil Humberto de Hoyos.
“La minera utiliza varias veces más agua de la que consume Cananea”, aseguró.
Nadie quiere ver los daños
Las filtraciones y lagrimeos en la llamada presa de jales, contigua a la mina Buenavista del Cobre, continúan día y noche sin ningún control sobre el Ojo de Agua de Arvayo, lugar donde nace el río Sonora, que desde la cuenca alta hasta la entrada a la ciudad de Hermosillo recorre alrededor de 320 kilómetros.
A pesar de que en 2014 la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) realizó visitas de inspección a la empresa propiedad de Germán Larrea, con motivo del derrame que afectó a 25 mil personas, parece que no se tomó la molestia de acudir al sitio o pasó por alto la contaminación que se registra del lado sur de la enorme laguna de lixiviados.
Después de caminar tres kilómetros a campo traviesa para burlar los retenes de seguridad de trabajadores mineros y de policías del Servicio de Protección Federal (SPF), contratados por Grupo México para evitar la mirada de los curiosos,Excélsior constató la existencia de pequeños arroyos con agua teñida de colores que van del azul turquesa al ocre.
Los más recientes estudios realizados a cinco tomas de agua del rancho Ojo de Agua, arrojan que hay altas concentraciones de cobre, cadmio y plomo, que son metales pesados que producen efectos nocivos a la salud, ya que a mediano y largo plazo pueden ocasionar daños hepáticos, pulmonares, renales, reproductivos y neurológicos.
El inmueble es propiedad de Rafael Díaz Rivera, ubicado a 500 metros, debajo de la cortina de arcilla y conglomerado que debiera contener los desechos tóxicos de la mina Buenavista del Cobre.
Los resultados de las muestras enviadas al Laboratorio de Residuos Tóxicos del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD) indican que la presencia de cobre es de 10.63 miligramos por litro, muy por arriba del límite máximo permitido de 2.00 miligramos por litro, que establece la NOM 127.
El 15 de septiembre de 2014, los 14 copropietarios del predio denominado Ojo de Agua de Arvayo hicieron público un escrito en el que solicitan ser incluidos dentro de las comunidades afectadas por la contaminación de la mina Buenavista del Cobre, debido a las fugas de la presa de jales.
El fantasma de Cananea
A pesar de que la salud es una asignatura pendiente en Sonora y que en este municipio cada vez son más los casos de cáncer, enfermedades renales y problemas respiratorios agudos, por causas ligadas a la contaminación de la mina Buenavista del Cobre, el recién estrenado Hospital General de Cananea es hoy un elefante blanco.
El pasado 18 de febrero, el gobernador Guillermo Padrés Elías y la titular de la Secretaría de Salud, Mercedes Juan López, inauguraron las instalaciones para dar atención universal a cerca de 40 mil pobladores de la región.
De esta forma, se veía coronada la larga lucha de organizaciones sociales y mineros que inició en mayo de 2008, cuando la entonces Mexicana de Cananea decidió retirar el subsidio al Hospital de El Ronquillo, lo que provocó su cierre, dejando sin servicios de salud a sus trabajadores y la mitad de los habitantes del municipio.
En la ceremonia, el mandatario estatal agradeció el apoyo de la Federación “por unirse a esta gran obra que ha devuelto a los cananenses el derecho fundamental de tener un servicio de salud de primer nivel”.
El gobernador de Sonora y la titular de Salud hicieron un recorrido por el hospital construido en un terreno de 14 mil 600 metros cuadrados, lo que representó una inversión de 252 millones de pesos que aportó el gobierno federal, el estado y Grupo México.
Dos meses después de que se cortó el listón inaugural, el Hospital General de Cananea, ubicado en el kilómetro 79 de la carretera Agua Prieta-Cananea, luce completamente abandonado.
México
Graciela Domínguez es rochista, pero tiene mayor independencia política que Yeraldine, asegura Clouthier
El empresario y expolítico Manuel Clouthier Carrillo advirtió que Sinaloa atraviesa una crisis estructural que abarca la seguridad, la economía, la política, la salud, la educación y el campo, y sostuvo que la recuperación del estado podría tomar al menos una década, siempre que se adopten las medidas necesarias para atender esos problemas.
Durante una entrevista con Aristegui en Vivo, afirmó que la situación no corresponde a una coyuntura pasajera, sino que es resultado de “décadas de omisión y complicidad”. Señaló que Sinaloa requiere una estrategia de largo plazo para recuperar condiciones adecuadas en sus principales ámbitos de desarrollo.
“Primero hay que reiterar que Sinaloa padece una crisis estructural y no coyuntural”, sostuvo. Añadió que el estado enfrenta problemas de seguridad, económicos y políticos, estos últimos vinculados, dijo, con “la narcopolítica y la corrupción organizada”, además de rezagos en salud y educación. También señaló al campo como uno de los sectores más afectados.
Ante la sustitución de Rubén Rocha Moya en la gubernatura, Clouthier cuestionó que el proceso de definición del gobierno interino se haya concentrado en una disputa interna de Morena y sostuvo que el principal interés de los grupos políticos involucrados es determinar quién puede garantizar condiciones favorables de cara al proceso electoral de 2027.
Según el empresario, la definición del gobierno interino ocurre en un contexto en el que distintas corrientes de Morena buscan asegurar una posición que les permita influir en la contienda.
Sobre la designación de Graciela Domínguez Nava como gobernadora interina, Clouthier señaló que su trayectoria dentro del gobierno de Rocha Moya permite identificarla con el rochismo, aunque estableció diferencias respecto de Yeraldine Bonilla, quien ocupó el interinato en los 112 días de la primera licencia del mandatario luego de las acusaciones realizadas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
“Ella fue presidenta en el Congreso en una de las partes importantes del sexenio de de Rubén Rocha, lo cual te habla que sin lugar a dudas tiene una afinidad, pudiéramos decir que continúa el rochismo”, afirmó.
Sin embargo, reconoció que Domínguez Nava tiene mayor independencia política que Bonilla. “Mientras que Graciela, queremos pensar que puede tener un mejor nivel, pero no creo que garantice las aspiraciones de quienes esperan cierta neutralidad en la contienda interna de Morena y el día de mañana en la contienda 2027?, sostuvo.
Clouthier insistió en que la demanda de sectores de la sociedad sinaloense es que el grupo político de Rocha Moya deje de influir en la construcción del futuro político del estado.
“Yo sigo creyendo que el grito que hacen los sinaloenses es ¡fuera Rocha!, y no solo Rubén dejando el poder, sino que Rubén y su grupo dejen de a los sinaloenses construir su futuro”, afirmó.
Consideró que Domínguez Nava tendrá un margen reducido para modificar las condiciones del estado durante el periodo que permanecerá al frente del gobierno. A su juicio, su principal tarea será generar condiciones para la elección de 2027, mientras que difícilmente podrá producir cambios sustanciales en seguridad, economía, educación o en la situación del campo.
“Prácticamente su chamba será generar condiciones para la elección del 2027, no tiene otra chamba”, dijo.
En materia de seguridad, consideró que el gobierno estatal enfrenta una situación especialmente compleja debido a la disputa entre las dos facciones del Cártel de Sinaloa. Señaló que una de ellas parece estar adquiriendo mayor control territorial mientras la otra pierde posiciones.
Cuestionó que la presencia militar desplegada en el estado se haya traducido en un mayor control de las autoridades sobre el territorio. “Vemos mucha parafernalia, vemos mucha simulación, vemos mucha presencia militar, pero no se deriva en acciones que permitan un mayor control por parte de la autoridad”, sostuvo.
En este sentido, planteó que la pacificación de algunas zonas no necesariamente responde a una acción eficaz del gobierno, sino al avance de una de las organizaciones criminales sobre territorios que anteriormente estaban bajo control de la otra.
Para Clouthier, el problema no se resolverá únicamente mediante el despliegue de efectivos federales, sino con una estrategia que permita que la autoridad recupere efectivamente el control territorial.
Solicitudes de Estados Unidos
Al abordar las solicitudes de Estados Unidos relacionadas con la detención del gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, Clouthier consideró que eventualmente debería producirse la entrega de los señalados para ser procesados en ese país.
“Sí, yo esperaría que sí, yo creo que si no sucede eso, Estados Unidos va a quedar como payaso ante el mundo, porque lo ha pregonado tanto”, afirmó.
“Estamos hablando de que la acusación es contra un gobernador, es contra un senador, es contra un general en retiro, es contra un secretario de finanzas, es contra un fiscal, vicefiscal, o sea, no se trata del estado, estás hablando de la estructura medular del gobierno sinaloense”, sostuvo.
La amenaza de la narcopolítica
A partir de este escenario, Clouthier retomó una advertencia que, dijo, había planteado años atrás sobre el riesgo de la narcopolítica para la democracia mexicana.
A su juicio, dos décadas después ese fenómeno constituye uno de los principales problemas del país. Explicó que la narcopolítica surge a partir del financiamiento criminal de campañas electorales, lo que genera compromisos entre actores políticos y organizaciones delictivas.
“Hoy, veinte años después, es evidente que ese es el problema esencial, la corrupción organizada, se entendió con el crimen organizado, y dio origen a la narcopolítica, que nace con el financiamiento criminal a las campañas”, afirmó.
Mencionó como parte de este proceso a los gobiernos que ha tenido Sinaloa en los últimos años y sostuvo que problemas similares pueden observarse en otras entidades como Tamaulipas, Michoacán, Guerrero y Zacatecas.
Planteó que mientras el Estado no adopte una estrategia sostenida contra las organizaciones criminales, la situación continuará deteriorándose. “No aislado, sino constante, hasta replegarlos de plano, y que podamos decir que es la autoridad la que triunfa”, dijo.
Respecto de las elecciones de 2021 en Sinaloa, en las que ganó Rocha Moya la gubernatura, Clouthier afirmó que el crimen organizado no se limitó a financiar campañas, sino que intervino directamente como operador político.
“En el 2021 vimos y fuimos testigos los sinaloenses cuando el crimen organizado ya no solo financió campañas, sino que se metió literalmente de operador político, y eso no lo habíamos visto”, sostuvo.
Describió distintos mecanismos de presión sobre candidatos y operadores políticos, desde amenazas para favorecer a determinados aspirantes hasta actos de violencia que llevaron a algunos candidatos a abandonar las contiendas.
También recordó que el día de la elección fueron secuestrados operadores políticos del PRI y mencionó el caso de la diputada Paola Gárate como uno de los episodios que alcanzaron mayor notoriedad pública.
Clouthier atribuyó el silencio de otros actores a la situación de inseguridad que, dijo, prevalece en el estado. “La gente en Sinaloa, nos guste o no, tiene mucho miedo, la gente tenemos miedo, vivimos con miedo, y con una incertidumbre espantosa”, afirmó.
Consideró que esa combinación de miedo e incertidumbre ha generado una sociedad paralizada frente a los acontecimientos políticos y de seguridad.
“Punto de no retorno”
Clouthier sostuvo que desde 2006 había advertido sobre el riesgo de que la narcopolítica y el crimen organizado llevaran a Sinaloa a un “punto de no retorno”. Explicó que, en su definición, ese momento llegaría cuando combatir a esas estructuras resultara más costoso que permitir su permanencia.
“El punto de no retorno lo dije entonces y lo he repetido en muchas ocasiones será cuando el costo de combatir al crimen organizado y la narcopolítica sea más alto que el costo de tener crimen organizado y narcopolítica”, afirmó.
Dijo no saber si Sinaloa ya alcanzó ese punto, pero señaló como indicios la presencia de zonas donde los grupos criminales ejercen control y la ausencia de una acción gubernamental que, a su juicio, permita recuperar plenamente el territorio.
“La única posición que vemos es que la autoridad si se envalentona mucho para decirle al ciudadano autoritariamente que mandan ellos, pero cuando se trata de criminales vemos que se hacen chiquitos”, afirmó.
Concluyó que el problema central es la falta de una actuación decidida de las autoridades frente a las organizaciones criminales. “Mucha presencia militar, mucha parafernalia, mucha simulación pero yo no veo a la autoridad actuando ese es el problema de fondo”, sostuvo.
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