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México

‘Influencers’ son citados a comparecer por caso Partido Verde

La Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales de la FGR citará a comparecer a influencers, artistas y youtubers que promovieron el voto a favor del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) pese a la veda electoral.

El propósito es determinar quiénes son susceptibles del ejercicio de la acción penal no sólo por hacer proselitismo, sino por recibir dinero a cambio de ello cuando había una expresa prohibición legal, dijeron a El Financiero funcionarios federales.

De acuerdo con información obtenida, Fer Moreno, exintegrante del reality Acapulco Shore, es una de las personas que serán citadas por el Ministerio Público de la Federación. Públicamente aceptó que “no le pagaron tanto, sólo 10 mil pesos”.

Las autoridades consultadas señalaron que la carpeta de investigación incluye al PVEM.

Se trata de determinar si este partido político pagó a una agencia de publicidad para promover el voto a favor de los “candidatos verdes” y, esta a su vez dio dinero a los “famosos” involucrados en la posible comisión de delitos electorales.

Las aproximadamente 200 denuncias que han sido recibidas vía telefónica y por e-mail por estos hechos comenzaron a integrarse en una sola carpeta de investigación.

En la lista de quienes presuntamente pidieron el voto para el Verde Ecologista están Raúl Araiza -con abiertos vínculos con el partido desde hace años-, Celia Lora, Bárbara de Regil, Sherlyn, Laura G, Raquel Bigorra, Regina Murguía.

Julián Soto, Mariana Echeverría, Manelyk González, Brandon Peniche, Reno Rojas, Karla Díaz, Alex Strecci, Grettell Valdez, Karime Pindter, Tadeo Fernández, Fernando Lozada, Reno Rojas, Lambda García y Jey, entre otros.

En el caso del PVEM, se trata de detectar a las personas que supuestamente contrataron a la agencia de publicidad que habría realizado los pagos.

La Ley General de Delitos de Delitos Electorales contempla dos tipos de sanciones para estos casos.

“Artículo 7. Fracción II. Se impondrán de cincuenta a cien días de multa y prisión de seis meses a tres años, a quien haga proselitismo o presione objetivamente a los electores el día de la jornada electoral en el interior de las casillas o en el lugar en que se encuentren formados los votantes, con el fin de orientar el sentido de su voto o para que se abstenga de emitirlo”.

Sin embargo, el Artículo 15 es más severo: “Se impondrá de mil a cinco mil días multa y de cinco a quince años de prisión al que por sí o por interpósita persona realice, destine, utilice o reciba aportaciones de dinero o en especie a favor de algún precandidato, candidato, partido político, coalición o agrupación política cuando exista una prohibición legal para ello, o cuando los fondos o bienes tengan un origen ilícito, o en montos que rebasen los permitidos por la ley”.

México

SNTE exige tipificar violencia escolar tras ataque en Torreón

SNTE exige tipificar violencia escolar tras ataque en Torreón

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) ha demandado la implementación de medidas concretas para prevenir, atender y sancionar la violencia en las escuelas, tras el trágico ataque en una secundaria de Torreón, Coahuila, que resultó en la muerte de una subdirectora. Esta exigencia fue planteada durante la LXI Sesión Extraordinaria del Consejo Nacional del SNTE, donde su secretario general, Alfonso Cepeda Salas, recordó que hace un mes presentó una iniciativa ante el Senado para crear un delito específico de violencia en el entorno escolar.

La propuesta, presentada el 2 de septiembre de 2026, busca adicionar un capítulo al Código Penal Federal que tipifique la violencia escolar, estableciendo penas de seis meses a cuatro años de prisión, así como multas de 50 a 200 días. La iniciativa abarca diversas conductas, incluyendo agresiones físicas o sexuales, violencia digital, intimidación, hostigamiento, acoso e insultos, tanto dentro como fuera de las instituciones educativas, siempre que afecten la integridad física, psicológica o emocional de los miembros de la comunidad educativa.

Además, la propuesta contempla un aumento de hasta la mitad de las penas cuando la víctima sea un menor de edad, una persona con discapacidad, un adulto mayor o una mujer embarazada. También se prevé un incremento en las sanciones si el agresor ocupa una posición de autoridad dentro de la comunidad educativa, si participan dos o más personas en el acto violento, o si se utilizan tecnologías de la información para llevar a cabo la agresión.

Otro aspecto relevante de la iniciativa es la responsabilidad de los padres en casos donde la conducta violenta sea atribuida a un adolescente. En tales situaciones, se priorizarán medidas de prevención y justicia restaurativa. Sin embargo, se establece que si el adolescente no puede reparar el daño causado, sus padres o tutores serán responsables de hacerlo de manera mancomunada y solidaria.

La propuesta del SNTE busca no solo sancionar a los agresores, sino también crear un entorno más seguro para los estudiantes y el personal educativo, en un contexto donde la violencia escolar ha cobrado una alarmante relevancia en el país.

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