Opinión
LEGALIZAR LA MOTA.- RIESGOS Y VENTAJAS por LUIS OCHOA MINJAREZ
LEGALIZAR LA MOTA:
RIESGOS Y VENTAJAS
Luis Ochoa Minjares
Uno de los sondeos más serios que se hay realizado hasta hoy en torno a los riesgos y las ventajas de despenalizar y legalizar el libre consumo y comercio de la marihuana, concluye que en la práctica, tales actividades ya se realizan insospechadamente en casi todo el territorio nacional y su despenalización es cuestión de un plazo perentorio.
No obstante, hay algunos sectores sociales que advierten su temor de que el sector agropecuario se destartale o desorganice, dado que la mayoría de los agricultores grandes, medianos y pequeños, darían preferencia al cultivo de la “mota” por ser más lucrativo que cualquier otro producto de la tierra. La producción agropecuaria, chile, maíz, frijol y forrajes para la ganadería se vendría por los suelos, o desaparecería, con las consecuencias sociales y económicas.
Por otra parte, no se advierte ningún argumento con la suficiente solidez que garantice que la despenalización de este estupefaciente haría desaparecer como por arte de birlibirloque la delincuencia organizada y sus múltiples tropelías en contra de la vida humana. Aunque otros argumentos, un tanto endebles, afirman que el uso y consumo de la marihuana, tiene los mismos efectos y consecuencias que el uso y consumo desmedido del tabaco y el alcohol.
Otros temores en torno al uso libre de la yerba verde, advierten que “medio mundo” se dedicaría a su venta indiscriminada, desde el simple mozalbete en busca de unos cuantos pesos, hasta el más poderoso y audaz mayorista en pos del insaciable mercado del imperio del Tio Sam.
Serán peras o serán manzanas, pero todo indica que es indispensable e ineludible un auténtico y verdadero debate nacional en torno al tema, en el que participen, opinen y orienten las más capacitadas personalidades especialistas en los diversos temas que confluyen hacia el problema. Debate que, por cierto ya existe, y solamente falta encuadrarlo en un bien planeado y ordenado evento nacional.
COLOSAL SOPAPO
A LA CORRUPCIÓN
La pestilente corrupción que se había enseñoreado durante muchos años en los tribunales del trabajo, siempre en perjuicio de los derechos laborales de la clase trabajadora, recibirá un soberano y merecido papirotazo en el mero cogote, gracias a la política de conciliación rápida y masiva en los miles y miles de expedientes y juicios acumulados, y muchos alargados mañosamente por seudo abogados rábulas, encuera cristos irredentos y auténticos reyes de la chicana jurídica.
En efecto, con la participación de todos los funcionarios conciliadores que laboran para la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado, se realizará el próximo miércoles 7 de agosto, de manera simultánea en todo el Estado, un Maratón de Conciliación Laboral, en un esfuerzo por dar solución a conflictos laborales actuales y rezagados. Esta es una idea y una disposición que no tiene precedentes y que, seguramente contribuirá a darle lozanía, prestancia y respeto a nuestra Ley Federal del Trabajo.
Los efectos de este loable esfuerzo por modernizar y transparentar los servicios públicos, indudablemente repercutirá también en la expansión de las empresas pequeñas, medianas y grandes, cuyos patrones sufrían las extorsiones gangsteriles de malos servidores públicos.
Conciliar diferencias laborales entre patrones y trabajadores y desempolvar miles y miles de expedientes rezagados, repercutirá, seguramente, en la dinamización de las actividades comerciales y empresariales a lo largo y lo ancho del Estado Grande.
EL SIETE ROJO
NUNCA FALLA
Muchos pierden además de la cabeza, el sentido de la realidad y el último centavo que llevan en la bolsa, mientras el Siete Rojo o el Trece Negro se carcajean a mandíbula abierta del pobre ludópata incorregible, y además, irredimible, pues el del juego, es un vicio que no tiene cura, peor que una enfermedad terminal.
El tema viene a cuento porque, por fin, nuestros flamantes diputados federales han elaborado un sesudo estudio en el que se considera que los casinos, que abarrotan al país a lo largo y lo ancho, son generadores de grandes y graves problemas sociales y económicos y, seguramente morales de la mayoría de la población que busca en la casualidad del juego solución a sus carencias económicas.
La inundación de casinos en casi todos los Estados ha sido posible no solamente por lo endeble de nuestras leyes y sus grandes vacíos, sino por la indeseable falta de honestidad e integridad de malos funcionarios y peores mexicanos. Nadie olvida al ínclito ex secretario de gobernación que, por desgracia, lleva el apellido de ilustres chihuahuenses, don Santiago Creel, quien al despedirse del alto cargo, repartió permisos chuecos a diestra y siniestra para abrir los funestos casinos.
Sería deseable que los señores diputados dieran un paso gigantesco al respecto. Empezar por cancelar todos los permisos que extendió el funcionario panista de marras y, si es posible, darle un buen arrimón de espuelas y pedirle cuentas. Sería deseable…
EGOLATRAS Y
NARCISISTAS
La semana que pasa, los articulistas don Víctor Quintana y don Javier Carral, intentaron poner chirino a nuestro mandatario don César Duarte, acusándolo, uno de autoritario y otro de narcisista, con una ligereza que a leguas denota que los mueve, más que el deseo de servir a su terruño y gobierno, a desfogar su rencor político. Quintana desde una de las izquierdas extraviadas y el otro desde la penumbra de un panismo recalcitrante de la extrema derecha.
Mira nomás, -dijo uno de los cafetómanos-, el burro hablando de orejas. Si hay alguien que derroche egolatría a diestra y siniestra, es el senador Corral en todos y cada uno de sus artículos, donde el yo-yo lo sube y lo baja casi en cada párrafo de sus escritos y discursos. Complejo que le resta mérito a sus trabajos.
Como patada de mula en ayunas les debe caído el haberse enterado de que luego que se diera a conocer la reducción del 39 por ciento de los homicidios de la entidad, Duarte Jáquez se reunión con el Secretario de la defensa Nacional a quien le reconoció el apoyo de la Sedena a tal logro. Pero para ciertas personas, como decía Oscar flores, “no hay corbata bonita, mujer decente ni hombre honrado”.
Lo deseable sería que ambos chihuahuenses, dadas sus capacidades y las posiciones que han ocupado, hubieran dejado huella de alguna acción, obra o gestión a favor de la solución de los grandes y complejos problemas que nos aquejan a los chihuahuenses.
LIBRETON POLITICO
Nos congratulamos que el presidente Peña Nieto haya salido bien y airoso de su operación quirúrgica y pronto reanude las gigantescas tareas que se propone para transformar el país… La comisionada del Condado de Doña Ana, Karen Pérez, renunció a su cargo para trabajar en El Paso en una firma de ingeniería, según nos informó ayer El Diario de El Paso… Si no le pisamos el clavo a nuestras tareas y responsabilidades tanto gobernantes como gobernados, tres años que le faltan al sexenio serán insuficientes para alcanzar las metas que nos proponemos… Por lo pronto, dicen voceros cercanos al sector público, a partir de mañana lunes, las obras públicas paralizadas en ciudad Juárez, serán reanudadas con mayor celeridad… ¿Qué habrá sido del ex dirigente de la CTM juarense Roberto Delgado Urías que ya no se le ve por ningún lado. Un saludo donde quiera que se encuentre… Este fin de semana don Sergio Borunda Flores recibió en su casona de Pradera Dorada al alcalde electo don Enrique Serrano y un nutrido grupo de amigos y colaboradores. No soltó prenda respecto de los nombres de sus futuros colaboradores… Don Luis Mendoza Porras, productor del famoso chorizo El Rey, presume que su producto le gustó tanto a López Portillo, que durante todo su sexenio nunca le faltó en su mesa… Gracias por su mensaje a los articulistas de Excelsior que dan vida a la mesa televisiva de debates “Círculo de Ideas”, donde se discuten temas de profundidad e interés.
FINALMENTE, la frase dominical cuyo texto reza: “A gloria huele el dinero, aunque se saque del estercolero”.
Opinión
La trampa de “las rentas justas” en la CDMX. Por Caleb Ordóñez T.
En la Ciudad de México hay jóvenes que trabajan para pagar un departamento en el que apenas tienen tiempo de dormir. Familias que destinan buena parte de sus ingresos a cuatro paredes. Personas que viven a dos horas de su empleo porque acercarse al centro se convirtió en un lujo.
La vivienda es uno de los grandes fracasos de la política urbana capitalina.
Y ahora el gobierno pretende resolverlo con otra ley.
Clara Brugada presentó una iniciativa que promete rentas justas, contratos regulados y protección contra abusos. Una propuesta que, vista desde el discurso político, parece irreprochable. ¿Quién podría estar en contra de que las personas paguen menos por vivir dignamente?

Caleb Ordoñez T.
El problema es que las buenas intenciones no construyen departamentos.
Y los decretos tampoco.
Las buenas intenciones también tienen consecuencias
La iniciativa contempla limitar aumentos conforme a la inflación, registrar obligatoriamente los contratos y aplicar multas de hasta 46 mil 924 pesos. También propone asesoría gratuita y mecanismos contra desalojos violentos.
Hay medidas necesarias. Los abusos inmobiliarios existen. Los desalojos arbitrarios también. Ninguna persona debería perder su hogar mediante amenazas o intimidaciones.
Pero legislar para corregir una injusticia no debería producir otra.
Pensemos en una jubilada que dedicó treinta años a pagar un pequeño departamento. Hoy lo renta para complementar una pensión insuficiente. No pertenece a ningún cártel inmobiliario. No especula con edificios enteros. Simplemente administra el patrimonio que consiguió trabajando.
¿Qué sucederá si las nuevas obligaciones, restricciones y sanciones hacen que prefiera retirar su propiedad del mercado?
Habrá una vivienda menos.
Y si otros propietarios toman decisiones semejantes, quienes terminarán compitiendo por los departamentos disponibles serán precisamente aquellos que la ley pretende proteger.
No es una consecuencia demostrada ni inevitable. Es un riesgo que el Congreso tiene la obligación de evaluar.
Porque una cosa es regular los abusos y otra, muy distinta, pretender administrar la escasez.
El problema tiene dimensiones profundas. Según el INEGI, en 2024 el ingreso promedio de los hogares urbanos capitalinos rondaba los 37 mil pesos mensuales. Un promedio que, además, oculta enormes desigualdades.
¿Cuánto debe ganar una familia para vivir cerca de su trabajo? ¿Cuánto tiempo de su vida debe sacrificar transportándose? ¿En qué momento tener una habitación propia dejó de ser una aspiración razonable?
Esas preguntas no se resuelven únicamente vigilando contratos.
Se resuelven construyendo vivienda, mejorando el transporte, acercando servicios y generando condiciones para que la ciudad pueda alojar a quienes la mantienen funcionando.
Brugada también promete ampliar la vivienda asequible. Bien. Pero esa debería ser una prioridad medible, no una promesa subordinada al entusiasmo por imponer nuevas reglas.
El gobierno también debe rendir cuentas
Hay otra contradicción.
Desde 2024 existen disposiciones para limitar incrementos de renta y registrar contratos. Antes de anunciar nuevas sanciones, sería conveniente conocer los resultados de las anteriores.
¿Cuántas familias se beneficiaron? ¿Cuántos abusos fueron sancionados? ¿Qué funcionó y qué fracasó?
El gobierno exige transparencia a los particulares, pero todavía debe ofrecer respuestas convincentes sobre la eficacia de sus propias medidas.
Y mientras tanto, el verdadero debate corre el riesgo de perderse entre consignas: propietarios contra inquilinos, mercado contra Estado, ricos contra pobres.
Una discusión tan cómoda para los políticos como inútil para quienes necesitan vivienda.
La propiedad privada merece certeza jurídica. Los inquilinos merecen protección. Y ambos necesitan un gobierno capaz de entender que sus derechos no son necesariamente enemigos.
La iniciativa todavía puede corregirse. Sería deseable que el Congreso escuchara más evidencia y menos discursos.
Porque el desafío no consiste en decidir quién tiene la culpa de que vivir en la capital resulte tan caro.
Consiste en reconocer quién tiene la responsabilidad de hacerla habitable.
Una ciudad no se vuelve más justa cuando el gobierno decide cuánto debe costar vivir en ella, sino cuando consigue que vivir en ella deje de ser un privilegio.
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