Opinión
LEGALIZAR LA MOTA.- RIESGOS Y VENTAJAS por LUIS OCHOA MINJAREZ
LEGALIZAR LA MOTA:
RIESGOS Y VENTAJAS
Luis Ochoa Minjares
Uno de los sondeos más serios que se hay realizado hasta hoy en torno a los riesgos y las ventajas de despenalizar y legalizar el libre consumo y comercio de la marihuana, concluye que en la práctica, tales actividades ya se realizan insospechadamente en casi todo el territorio nacional y su despenalización es cuestión de un plazo perentorio.
No obstante, hay algunos sectores sociales que advierten su temor de que el sector agropecuario se destartale o desorganice, dado que la mayoría de los agricultores grandes, medianos y pequeños, darían preferencia al cultivo de la “mota” por ser más lucrativo que cualquier otro producto de la tierra. La producción agropecuaria, chile, maíz, frijol y forrajes para la ganadería se vendría por los suelos, o desaparecería, con las consecuencias sociales y económicas.
Por otra parte, no se advierte ningún argumento con la suficiente solidez que garantice que la despenalización de este estupefaciente haría desaparecer como por arte de birlibirloque la delincuencia organizada y sus múltiples tropelías en contra de la vida humana. Aunque otros argumentos, un tanto endebles, afirman que el uso y consumo de la marihuana, tiene los mismos efectos y consecuencias que el uso y consumo desmedido del tabaco y el alcohol.
Otros temores en torno al uso libre de la yerba verde, advierten que “medio mundo” se dedicaría a su venta indiscriminada, desde el simple mozalbete en busca de unos cuantos pesos, hasta el más poderoso y audaz mayorista en pos del insaciable mercado del imperio del Tio Sam.
Serán peras o serán manzanas, pero todo indica que es indispensable e ineludible un auténtico y verdadero debate nacional en torno al tema, en el que participen, opinen y orienten las más capacitadas personalidades especialistas en los diversos temas que confluyen hacia el problema. Debate que, por cierto ya existe, y solamente falta encuadrarlo en un bien planeado y ordenado evento nacional.
COLOSAL SOPAPO
A LA CORRUPCIÓN
La pestilente corrupción que se había enseñoreado durante muchos años en los tribunales del trabajo, siempre en perjuicio de los derechos laborales de la clase trabajadora, recibirá un soberano y merecido papirotazo en el mero cogote, gracias a la política de conciliación rápida y masiva en los miles y miles de expedientes y juicios acumulados, y muchos alargados mañosamente por seudo abogados rábulas, encuera cristos irredentos y auténticos reyes de la chicana jurídica.
En efecto, con la participación de todos los funcionarios conciliadores que laboran para la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado, se realizará el próximo miércoles 7 de agosto, de manera simultánea en todo el Estado, un Maratón de Conciliación Laboral, en un esfuerzo por dar solución a conflictos laborales actuales y rezagados. Esta es una idea y una disposición que no tiene precedentes y que, seguramente contribuirá a darle lozanía, prestancia y respeto a nuestra Ley Federal del Trabajo.
Los efectos de este loable esfuerzo por modernizar y transparentar los servicios públicos, indudablemente repercutirá también en la expansión de las empresas pequeñas, medianas y grandes, cuyos patrones sufrían las extorsiones gangsteriles de malos servidores públicos.
Conciliar diferencias laborales entre patrones y trabajadores y desempolvar miles y miles de expedientes rezagados, repercutirá, seguramente, en la dinamización de las actividades comerciales y empresariales a lo largo y lo ancho del Estado Grande.
EL SIETE ROJO
NUNCA FALLA
Muchos pierden además de la cabeza, el sentido de la realidad y el último centavo que llevan en la bolsa, mientras el Siete Rojo o el Trece Negro se carcajean a mandíbula abierta del pobre ludópata incorregible, y además, irredimible, pues el del juego, es un vicio que no tiene cura, peor que una enfermedad terminal.
El tema viene a cuento porque, por fin, nuestros flamantes diputados federales han elaborado un sesudo estudio en el que se considera que los casinos, que abarrotan al país a lo largo y lo ancho, son generadores de grandes y graves problemas sociales y económicos y, seguramente morales de la mayoría de la población que busca en la casualidad del juego solución a sus carencias económicas.
La inundación de casinos en casi todos los Estados ha sido posible no solamente por lo endeble de nuestras leyes y sus grandes vacíos, sino por la indeseable falta de honestidad e integridad de malos funcionarios y peores mexicanos. Nadie olvida al ínclito ex secretario de gobernación que, por desgracia, lleva el apellido de ilustres chihuahuenses, don Santiago Creel, quien al despedirse del alto cargo, repartió permisos chuecos a diestra y siniestra para abrir los funestos casinos.
Sería deseable que los señores diputados dieran un paso gigantesco al respecto. Empezar por cancelar todos los permisos que extendió el funcionario panista de marras y, si es posible, darle un buen arrimón de espuelas y pedirle cuentas. Sería deseable…
EGOLATRAS Y
NARCISISTAS
La semana que pasa, los articulistas don Víctor Quintana y don Javier Carral, intentaron poner chirino a nuestro mandatario don César Duarte, acusándolo, uno de autoritario y otro de narcisista, con una ligereza que a leguas denota que los mueve, más que el deseo de servir a su terruño y gobierno, a desfogar su rencor político. Quintana desde una de las izquierdas extraviadas y el otro desde la penumbra de un panismo recalcitrante de la extrema derecha.
Mira nomás, -dijo uno de los cafetómanos-, el burro hablando de orejas. Si hay alguien que derroche egolatría a diestra y siniestra, es el senador Corral en todos y cada uno de sus artículos, donde el yo-yo lo sube y lo baja casi en cada párrafo de sus escritos y discursos. Complejo que le resta mérito a sus trabajos.
Como patada de mula en ayunas les debe caído el haberse enterado de que luego que se diera a conocer la reducción del 39 por ciento de los homicidios de la entidad, Duarte Jáquez se reunión con el Secretario de la defensa Nacional a quien le reconoció el apoyo de la Sedena a tal logro. Pero para ciertas personas, como decía Oscar flores, “no hay corbata bonita, mujer decente ni hombre honrado”.
Lo deseable sería que ambos chihuahuenses, dadas sus capacidades y las posiciones que han ocupado, hubieran dejado huella de alguna acción, obra o gestión a favor de la solución de los grandes y complejos problemas que nos aquejan a los chihuahuenses.
LIBRETON POLITICO
Nos congratulamos que el presidente Peña Nieto haya salido bien y airoso de su operación quirúrgica y pronto reanude las gigantescas tareas que se propone para transformar el país… La comisionada del Condado de Doña Ana, Karen Pérez, renunció a su cargo para trabajar en El Paso en una firma de ingeniería, según nos informó ayer El Diario de El Paso… Si no le pisamos el clavo a nuestras tareas y responsabilidades tanto gobernantes como gobernados, tres años que le faltan al sexenio serán insuficientes para alcanzar las metas que nos proponemos… Por lo pronto, dicen voceros cercanos al sector público, a partir de mañana lunes, las obras públicas paralizadas en ciudad Juárez, serán reanudadas con mayor celeridad… ¿Qué habrá sido del ex dirigente de la CTM juarense Roberto Delgado Urías que ya no se le ve por ningún lado. Un saludo donde quiera que se encuentre… Este fin de semana don Sergio Borunda Flores recibió en su casona de Pradera Dorada al alcalde electo don Enrique Serrano y un nutrido grupo de amigos y colaboradores. No soltó prenda respecto de los nombres de sus futuros colaboradores… Don Luis Mendoza Porras, productor del famoso chorizo El Rey, presume que su producto le gustó tanto a López Portillo, que durante todo su sexenio nunca le faltó en su mesa… Gracias por su mensaje a los articulistas de Excelsior que dan vida a la mesa televisiva de debates “Círculo de Ideas”, donde se discuten temas de profundidad e interés.
FINALMENTE, la frase dominical cuyo texto reza: “A gloria huele el dinero, aunque se saque del estercolero”.
Opinión
Siete voces, siete silencios. Por Caleb Ordóñez Talavera
El desayuno se interrumpió con el sonido seco de los disparos. Alejandro Leyva apenas tuvo tiempo de reaccionar. Estaba sentado en una fonda del fraccionamiento La Esmeralda, en San Pablo Etla, Oaxaca, en una mañana que parecía igual a cualquier otra. Entonces llegaron hombres armados en motocicleta. Apuntaron directo. Dispararon sin titubeos. Tres impactos, principalmente en la parte superior del cuerpo, bastaron para arrebatarle la vida casi de inmediato. Una mujer que se encontraba en el lugar también resultó herida. Los agresores huyeron con la misma rapidez con la que aparecieron. En cuestión de segundos, lo cotidiano se convirtió en tragedia.
Alejandro Leyva no era un desconocido. Había dirigido la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, escribía la columna El Zumbido del Moscardón y, sobre todo, era una voz incómoda para el poder. En sus espacios criticaba la corrupción, denunciaba la violencia y cuestionaba decisiones del gobierno estatal. Incluso había denunciado amenazas y actos de intimidación en su contra desde tiempo atrás. Quienes hoy investigan el caso saben que no puede ignorarse ninguna línea relacionada con su actividad periodística. La Fiscalía General de la República ya atrajo la investigación.
Con él ya son siete periodistas asesinados en México durante este año.
Siete.
Es una cifra que debería provocar una crisis nacional. Sin embargo, en México, lamentablemente, ya aprendimos a recibir este tipo de noticias con total resignación. Ya no nos duele. Esa quizá sea la peor derrota.
Este crimen no es un caso aislado. Es la continuación de un patrón que este país se niega a romper, y por eso vale la pena detenerse a pensar en lo que realmente significa.
Porque el problema nunca ha sido únicamente el número de periodistas asesinados. El verdadero drama es que, detrás de cada crimen, existe un mensaje mucho más profundo: hay regiones enteras donde informar se convirtió en una actividad de alto riesgo.
Durante años, el periodista mexicano dejó de preocuparse únicamente por verificar datos, conseguir entrevistas o publicar exclusivas. Hoy también debe preguntarse si una investigación pondrá en riesgo a su familia, si un reportaje provocará amenazas, si una llamada desconocida puede cambiarle la vida o si una publicación en redes sociales bastará para convertirse en objetivo de alguien.
Esa no es una democracia sana.
México sigue siendo uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo fuera de contextos formales de guerra. Y lo más preocupante es que esa realidad ya no distingue entre periodistas nacionales, reporteros comunitarios, conductores de radio, fotógrafos, columnistas o creadores de contenido que investigan asuntos públicos. Quien incomoda al crimen organizado, a intereses económicos o al poder político puede terminar enfrentando amenazas, campañas de desprestigio, demandas judiciales, vigilancia o, en el peor de los casos, la muerte.
Pero, ¿Por qué ocurre?
Porque la impunidad sigue siendo el mejor aliado de quienes quieren callar voces. Porque demasiados asesinatos permanecen sin castigo. Porque muchas amenazas jamás llegan a investigarse seriamente. Porque los mecanismos de protección suelen reaccionar cuando el riesgo ya escaló demasiado. Y porque, en numerosas regiones del país, el crimen organizado, los intereses políticos y la debilidad institucional terminan cruzándose peligrosamente.
Cada periodista asesinado envía, además, un mensaje devastador a las nuevas generaciones.
¿Qué joven de veinte años decidirá investigar corrupción municipal si observa que hacerlo puede costarle la vida?
¿Qué estudiante de comunicación apostará por el periodismo de investigación cuando descubre que quienes revelan información incómoda terminan necesitando escoltas (que nunca tendrá), cambiando de ciudad o siendo asesinados?
Cuando matan a un periodista no solamente eliminan una voz. También intentan sembrar miedo entre quienes todavía no empiezan a ejercer.
Y eso termina empobreciendo a toda la sociedad.
Porque cuando desaparecen periodistas independientes, también desaparecen historias que jamás conoceremos. Desaparecen denuncias de corrupción, investigaciones sobre desvío de recursos, vínculos criminales, abusos de autoridad o violaciones de derechos humanos. El silencio siempre beneficia a alguien. Nunca beneficia a los ciudadanos.
Por eso, la defensa de la libertad de expresión no puede recaer únicamente en los periodistas.
También corresponde a la sociedad. Cada ciudadano tiene la responsabilidad de defender el derecho a estar informado. Eso significa valorar el periodismo serio, exigir investigaciones imparciales, rechazar la desinformación y comprender que una prensa crítica no es enemiga del gobierno, sino un contrapeso indispensable para cualquier democracia.
Y, desde luego, el Estado tiene obligaciones mucho más grandes. Pues no basta con emitir comunicados de condena después de cada asesinato. No basta con prometer investigaciones exhaustivas. Tampoco basta con atraer expedientes a instancias federales cuando la indignación ya ocupa los titulares.
El gobierno debe garantizar investigaciones rápidas, independientes y profesionales; fortalecer realmente los mecanismos de protección; castigar tanto a autores materiales como intelectuales y construir condiciones para que ningún periodista tenga que elegir entre publicar una información o conservar la vida.
Porque cuando el miedo dicta qué puede publicarse, la democracia comienza a perder terreno.
No los olvidamos.
Esta columna está dedicada a quienes ya no podrán volver a escribir una nota, tomar una fotografía o encender un micrófono este año: Carlos Castro, asesinado en Poza Rica el 8 de enero; Juan David Gámez, en Nuevo León el 18 de marzo; Roxana Guzmán, secuestrada el 2 de junio y encontrada sin vida semanas después; Luis Ángel López, asesinado en Poza Rica el 11 de junio; Alex Serna, en Zihuatanejo el 3 de julio; Josué Martínez, en Puebla el 16 de julio; y ahora Francisco Alejandro Leyva Aguilar, en Oaxaca.
Siete nombres.
Siete familias.
Siete historias interrumpidas.
Pero también siete razones para no acostumbrarnos.
Porque el día que dejemos de indignarnos por un periodista asesinado habremos aceptado que en México la verdad tiene precio. Y una nación que permite que maten a quienes la cuentan corre el riesgo de quedarse, para siempre, sin quien la narre.
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