Opinión
Los pendientes de EPN (2/3) Por Luis Villegas
Escribí en la entrega anterior, entre otras cosas, que a raíz de la crisis global, la brecha entre ricos y pobres alcanzó el nivel más alto de los últimos 30 años en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), entre los que México se sitúa como uno de los países más desiguales entre la población más rica y la más pobre;1 y asimismo, que la oferta del Presidente electo, Enrique Peña Nieto, en alusión a la pobreza, fue muy precisa (15 “compromisos”) e iba desde la erradicación de la pobreza alimentaria o la ampliación del programa “Oportunidades”, hasta el incremento a la producción agropecuaria nacional y la garantía del seguro de vida para jefas de familia; por no hablar de los seguros de desempleo o la pensión alimentaria.2 Lo anterior se traduce, en automático, en una agenda muy clara y definida cuyo contenido gira, en este rubro apremiante, en torno a tres ejes de acción, dos de ellos muy concretos y otro más un tanto “difuso”. Los dos primeros son: Abatir los índices de pobreza -patrimonial, alimentaria y de capacidades- y cerrar la brecha entre quienes “tienen más” y aquellos otros (la mayoría) que “tienen menos”. El tercer eje de acción, el menos claro, es, ¡cómo no!, que las finanzas macroeconómicas sanas se reflejan en “los bolsillos de la gente”.
En síntesis, dije -y lo repito- que: Enrique Peña Nieto lo tiene fácil. Y lo tiene porque cuenta con un piso firme (macroeconomía sana) a partir del cual empezar a construir; y porque el problema de la pobreza, requiere de su parte tres acciones muy concretas: Incrementar los índices de bienestar de los que menos tienen; cerrar la brecha entre “ricos” y “pobres”; y conseguir que al mexicano común y corriente le rinda más su dinero. La buena nueva es que ninguna de estas medidas requiere de la colaboración del Congreso. Frente a la posibilidad terrible de que el Legislativo le salga igual de díscolo que los congresos con que tuvieron que lidiar Fox y Calderón, la venturosa noticia para Peña Nieto es que tiene la cancha para él solito y no hay portero. Yo me anticipo contra cualquier retobo y escepticismo prematuros y empiezo a gritar a voz en cuello, jubiloso y lleno de contento (con mi cargamento y rumbo a la ciudad): “¡Sí se puede! ¡Sí se puede!”.
Me explico: Aunque incrementar los índices de bienestar -se me ocurre- requiere de diseñar e implementar una serie de programas que, por lo menos, deben incidir en materias como la salud, educación, empleo, equidad de género y asistencia social, los otros dos, poner freno a la inequidad y hacer rendir el dinerito de la gente, se pueden alcanzar a través de una serie de medidas administrativa de aplicación inmediata -1º de enero de 2013, por ejemplo-, que alterarían sustancialmente ambos fenómenos. Miremos, usted y yo, algunos indicadores económicos (vigentes) que dejan en claro que México es un país saqueado y muy, muy caro para vivir:
De acuerdo con la OCDE, los servicios de banda ancha en México son caros y las velocidades de acceso a Internet son muy lentas, en comparación con el promedio de los países que integran al organismo.3 La OCDE, en voz del administrador de la División de Información y Comunicaciones, Taylor Reynolds, señaló que las tarifas por los servicios de telefonía e Internet en México, “son las más altas en relación con los 30 países que conforman el organismo”;4
En algunos casos, el costo de la telefonía residencial en México es de hasta 4.5 veces más cara que el más barato de los países miembros de la OCDE, 2.6 veces más en la categoría de llamadas comerciales y casi 8 en el de llamadas móviles”;5
Hace 2 años, la Comisión Permanente del Congreso federal aprobó una solicitud al Banco de México para regular el cobro de comisiones en cajeros automáticos; bajo el argumento de que “los servicios bancarios en México son de los más caros del mundo”:6 De hecho, “los bancos en México son de los más caros del mundo, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros indica que el Costo Anual Total (CAT) que es el indicador que incluye los cargos inherentes al préstamo -comisiones y tasas- se ubica entre 40 y 113 por ciento”;7
“Las terminales aéreas del país [México], entre las más caras del mundo”;8
“México, de los más caros de la OCDE para abrir negocios. Abrir una empresa en México resulta 50% más costoso, con respecto al promedio de los países de la Organización”;9
“En materia de minería, la Auditoría Superior de la Federación dio a conocer este año que de mil 121 concesiones que se autorizaron en 2010, 272 no se registraron en el padrón correspondiente; y que las cuotas que se pagan por una concesión son inferiores a los costos de los trámites para otorgarla; textualmente, señala: “El importe de las cuotas que se pagan es simbólico y contrasta con los volúmenes extraídos de recursos minerales no renovables […] el valor de éstos está por arriba de los derechos de concesión que cobra el Estado, como se observó en el periodo 2005 a 2010, en que el valor de la producción ascendió a 552,422,429.3 miles de pesos, y el de los derechos cobrados a 6,543,417.4 miles de pesos, los cuales equivalieron a 1.2 por ciento de la primera”;10
Respecto de la televisión de paga, esta sigue siendo muy cara; como ejemplo, considérese que tras garantizar condiciones de competitividad, tan solo en dos años, la compañía Dish consiguió dos millones de suscriptores “y redujo 70% el precio de suscripción a dth” (Televisión de paga vía satélite):11
Sobre consumo de energía para uso industrial, México tiene una de las tarifas eléctricas más caras del Mundo;12 y, en general, la calidad del servicio está en la posición 83 de 142 naciones, por debajo de Brasil, Costa Rica o ¡Namibia!,14 y
“En el sector público mexicano hay 152 mil servidores que ganan cuando menos medio millón de pesos anuales, lo que convierte a esta administración en una de las burocracias más caras del mundo, […] la nómina del sector público equivale a una erogación de 135 mil millones de pesos, “el equivalente al PIB de algunas naciones pequeñas”.15
Continuará…
Luis Villegas Montes.
[email protected], [email protected]
1 Nota suscrita por Ixel Yutzil González, publicada el martes 6 de diciembre de 2011, por el periódico El Universal con el título: “Crece en México la desigualdad social: OCDE”.
2 Visible en el sitio: http://www.enriquepenanieto.com/compromisos-nacionales/compromiso/un-mexico-incluyente-y-sin-pobreza
3 Nota suscrita por Ramiro Alonso, bajo el título: “Cara, la banda ancha en México: OCDE”, publicada el 10 de agosto de 2012 por el periódico El Universal.
4 Visible en el sitio: http://www.alconsumidor.org/articulos.phtml?id=305 Consultado en fecha 28 de septiembre de 2012. Énfasis añadido.
5 Nota suscrita por Ricardo García, bajo el título: “Pagan mexicanos excesivos costos en Telefonía e Internet: OCDE”, publicada el 31 de enero de 2012. Visible en el sitio: http://mx.ibtimes.com/articles/21431/20120131/ocde-precios-servicios-internet-telefonia-mexico.htm Consultado en fecha 28 de septiembre de 2012. Énfasis añadido.
6 Nota suscrita por Oscar D. Valencia López, con el título: “El suculento negocio de la banca en México”, publicada el 13 de octubre de 2012 por el periódico La Jornada. Énfasis añadido.
7 Nota de la redacción, bajo el título: “Pide Congreso regular comisiones en cajeros automáticos”, publicada el 19 de mayo de 2010 por el periódico La Crónica. Énfasis añadido.
8 Nota de la redacción, con el título: “La CFC solicita al gobierno federal regular las ‘altas’ tarifas de los aeropuertos”, publicada el 31 de enero de 2012 por la revista Proceso. Énfasis añadido.
9 Nota suscrita por Lilia González, con el título: “México, de los más caros de la OCDE para abrir negocios”, publicada el 18 de noviembre de 2011 por el periódico El Economista. Énfasis añadido.
10 Nota suscrita por Francisco López Bárcenas, con el título: “Detener el saqueo minero en México”, publicada el 28 de febrero de 2012 por el periódico La Jornada. Énfasis añadido.
11 Estudio de la OCDE sobre Políticas y Regulación de Telecomunicaciones en México. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. 2012. Pág. 94.
12 Nota suscrita por Margarita Palma Gutiérrez, con el títu
lo: “Tarifas eléctricas de las más caras”, publicada el 28 de octubre de 2010 por el periódico El Economista. Énfasis añadido.
14 “The Global Competitiveness Report 2011–2012”. World Economic Forum. Switzerland. 2011. Pág. 259.
15 Nota suscrita por Alberto Verdusco, con el título: “Burocracia mexicana, una de las más caras”, publicada el 25 de septiembre de 2012 por el periódico Milenio. Énfasis añadido.
Opinión
La trampa de “las rentas justas” en la CDMX. Por Caleb Ordóñez T.
En la Ciudad de México hay jóvenes que trabajan para pagar un departamento en el que apenas tienen tiempo de dormir. Familias que destinan buena parte de sus ingresos a cuatro paredes. Personas que viven a dos horas de su empleo porque acercarse al centro se convirtió en un lujo.
La vivienda es uno de los grandes fracasos de la política urbana capitalina.
Y ahora el gobierno pretende resolverlo con otra ley.
Clara Brugada presentó una iniciativa que promete rentas justas, contratos regulados y protección contra abusos. Una propuesta que, vista desde el discurso político, parece irreprochable. ¿Quién podría estar en contra de que las personas paguen menos por vivir dignamente?

Caleb Ordoñez T.
El problema es que las buenas intenciones no construyen departamentos.
Y los decretos tampoco.
Las buenas intenciones también tienen consecuencias
La iniciativa contempla limitar aumentos conforme a la inflación, registrar obligatoriamente los contratos y aplicar multas de hasta 46 mil 924 pesos. También propone asesoría gratuita y mecanismos contra desalojos violentos.
Hay medidas necesarias. Los abusos inmobiliarios existen. Los desalojos arbitrarios también. Ninguna persona debería perder su hogar mediante amenazas o intimidaciones.
Pero legislar para corregir una injusticia no debería producir otra.
Pensemos en una jubilada que dedicó treinta años a pagar un pequeño departamento. Hoy lo renta para complementar una pensión insuficiente. No pertenece a ningún cártel inmobiliario. No especula con edificios enteros. Simplemente administra el patrimonio que consiguió trabajando.
¿Qué sucederá si las nuevas obligaciones, restricciones y sanciones hacen que prefiera retirar su propiedad del mercado?
Habrá una vivienda menos.
Y si otros propietarios toman decisiones semejantes, quienes terminarán compitiendo por los departamentos disponibles serán precisamente aquellos que la ley pretende proteger.
No es una consecuencia demostrada ni inevitable. Es un riesgo que el Congreso tiene la obligación de evaluar.
Porque una cosa es regular los abusos y otra, muy distinta, pretender administrar la escasez.
El problema tiene dimensiones profundas. Según el INEGI, en 2024 el ingreso promedio de los hogares urbanos capitalinos rondaba los 37 mil pesos mensuales. Un promedio que, además, oculta enormes desigualdades.
¿Cuánto debe ganar una familia para vivir cerca de su trabajo? ¿Cuánto tiempo de su vida debe sacrificar transportándose? ¿En qué momento tener una habitación propia dejó de ser una aspiración razonable?
Esas preguntas no se resuelven únicamente vigilando contratos.
Se resuelven construyendo vivienda, mejorando el transporte, acercando servicios y generando condiciones para que la ciudad pueda alojar a quienes la mantienen funcionando.
Brugada también promete ampliar la vivienda asequible. Bien. Pero esa debería ser una prioridad medible, no una promesa subordinada al entusiasmo por imponer nuevas reglas.
El gobierno también debe rendir cuentas
Hay otra contradicción.
Desde 2024 existen disposiciones para limitar incrementos de renta y registrar contratos. Antes de anunciar nuevas sanciones, sería conveniente conocer los resultados de las anteriores.
¿Cuántas familias se beneficiaron? ¿Cuántos abusos fueron sancionados? ¿Qué funcionó y qué fracasó?
El gobierno exige transparencia a los particulares, pero todavía debe ofrecer respuestas convincentes sobre la eficacia de sus propias medidas.
Y mientras tanto, el verdadero debate corre el riesgo de perderse entre consignas: propietarios contra inquilinos, mercado contra Estado, ricos contra pobres.
Una discusión tan cómoda para los políticos como inútil para quienes necesitan vivienda.
La propiedad privada merece certeza jurídica. Los inquilinos merecen protección. Y ambos necesitan un gobierno capaz de entender que sus derechos no son necesariamente enemigos.
La iniciativa todavía puede corregirse. Sería deseable que el Congreso escuchara más evidencia y menos discursos.
Porque el desafío no consiste en decidir quién tiene la culpa de que vivir en la capital resulte tan caro.
Consiste en reconocer quién tiene la responsabilidad de hacerla habitable.
Una ciudad no se vuelve más justa cuando el gobierno decide cuánto debe costar vivir en ella, sino cuando consigue que vivir en ella deje de ser un privilegio.
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