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Los pendientes de EPN (2/3) Por Luis Villegas

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hace 14 años

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Escribí en la entrega anterior, entre otras cosas, que a raíz de la crisis global, la brecha entre ricos y pobres alcanzó el nivel más alto de los últimos 30 años en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), entre los que México se sitúa como uno de los países más desiguales entre la población más rica y la más pobre;1 y asimismo, que la oferta del Presidente electo, Enrique Peña Nieto, en alusión a la pobreza, fue muy precisa (15 “compromisos”) e iba desde la erradicación de la pobreza alimentaria o la ampliación del programa “Oportunidades”, hasta el incremento a la producción agropecuaria nacional y la garantía del seguro de vida para jefas de familia; por no hablar de los seguros de desempleo o la pensión alimentaria.2 Lo anterior se traduce, en automático, en una agenda muy clara y definida cuyo contenido gira, en este rubro apremiante, en torno a tres ejes de acción, dos de ellos muy concretos y otro más un tanto “difuso”. Los dos primeros son: Abatir los índices de pobreza -patrimonial, alimentaria y de capacidades- y cerrar la brecha entre quienes “tienen más” y aquellos otros (la mayoría) que “tienen menos”. El tercer eje de acción, el menos claro, es, ¡cómo no!, que las finanzas macroeconómicas sanas se reflejan en “los bolsillos de la gente”.

En síntesis, dije -y lo repito- que: Enrique Peña Nieto lo tiene fácil. Y lo tiene porque cuenta con un piso firme (macroeconomía sana) a partir del cual empezar a construir; y porque el problema de la pobreza, requiere de su parte tres acciones muy concretas: Incrementar los índices de bienestar de los que menos tienen; cerrar la brecha entre “ricos” y “pobres”; y conseguir que al mexicano común y corriente le rinda más su dinero. La buena nueva es que ninguna de estas medidas requiere de la colaboración del Congreso. Frente a la posibilidad terrible de que el Legislativo le salga igual de díscolo que los congresos con que tuvieron que lidiar Fox y Calderón, la venturosa noticia para Peña Nieto es que tiene la cancha para él solito y no hay portero. Yo me anticipo contra cualquier retobo y escepticismo prematuros y empiezo a gritar a voz en cuello, jubiloso y lleno de contento (con mi cargamento y rumbo a la ciudad): “¡Sí se puede! ¡Sí se puede!”.

Me explico: Aunque incrementar los índices de bienestar -se me ocurre- requiere de diseñar e implementar una serie de programas que, por lo menos, deben incidir en materias como la salud, educación, empleo, equidad de género y asistencia social, los otros dos, poner freno a la inequidad y hacer rendir el dinerito de la gente, se pueden alcanzar a través de una serie de medidas administrativa de aplicación inmediata -1º de enero de 2013, por ejemplo-, que alterarían sustancialmente ambos fenómenos. Miremos, usted y yo, algunos indicadores económicos (vigentes) que dejan en claro que México es un país saqueado y muy, muy caro para vivir:

De acuerdo con la OCDE, los servicios de banda ancha en México son caros y las velocidades de acceso a Internet son muy lentas, en comparación con el promedio de los países que integran al organismo.3 La OCDE, en voz del administrador de la División de Información y Comunicaciones, Taylor Reynolds, señaló que las tarifas por los servicios de telefonía e Internet en México, “son las más altas en relación con los 30 países que conforman el organismo”;4

En algunos casos, el costo de la telefonía residencial en México es de hasta 4.5 veces más cara que el más barato de los países miembros de la OCDE, 2.6 veces más en la categoría de llamadas comerciales y casi 8 en el de llamadas móviles”;5

Hace 2 años, la Comisión Permanente del Congreso federal aprobó una solicitud al Banco de México para regular el cobro de comisiones en cajeros automáticos; bajo el argumento de que “los servicios bancarios en México son de los más caros del mundo”:6 De hecho, “los bancos en México son de los más caros del mundo, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros indica que el Costo Anual Total (CAT) que es el indicador que incluye los cargos inherentes al préstamo -comisiones y tasas- se ubica entre 40 y 113 por ciento”;7

“Las terminales aéreas del país [México], entre las más caras del mundo”;8

“México, de los más caros de la OCDE para abrir negocios. Abrir una empresa en México resulta 50% más costoso, con respecto al promedio de los países de la Organización”;9

“En materia de minería, la Auditoría Superior de la Federación dio a conocer este año que de mil 121 concesiones que se autorizaron en 2010, 272 no se registraron en el padrón correspondiente; y que las cuotas que se pagan por una concesión son inferiores a los costos de los trámites para otorgarla; textualmente, señala: “El importe de las cuotas que se pagan es simbólico y contrasta con los volúmenes extraídos de recursos minerales no renovables […] el valor de éstos está por arriba de los derechos de concesión que cobra el Estado, como se observó en el periodo 2005 a 2010, en que el valor de la producción ascendió a 552,422,429.3 miles de pesos, y el de los derechos cobrados a 6,543,417.4 miles de pesos, los cuales equivalieron a 1.2 por ciento de la primera”;10

Respecto de la televisión de paga, esta sigue siendo muy cara; como ejemplo, considérese que tras garantizar condiciones de competitividad, tan solo en dos años, la compañía Dish consiguió dos millones de suscriptores “y redujo 70% el precio de suscripción a dth” (Televisión de paga vía satélite):11

Sobre consumo de energía para uso industrial, México tiene una de las tarifas eléctricas más caras del Mundo;12 y, en general, la calidad del servicio está en la posición 83 de 142 naciones, por debajo de Brasil, Costa Rica o ¡Namibia!,14 y

“En el sector público mexicano hay 152 mil servidores que ganan cuando menos medio millón de pesos anuales, lo que convierte a esta administración en una de las burocracias más caras del mundo, […] la nómina del sector público equivale a una erogación de 135 mil millones de pesos, “el equivalente al PIB de algunas naciones pequeñas”.15

Continuará…

Luis Villegas Montes.

[email protected], [email protected]

1 Nota suscrita por Ixel Yutzil González, publicada el martes 6 de diciembre de 2011, por el periódico El Universal con el título: “Crece en México la desigualdad social: OCDE”.

2 Visible en el sitio: http://www.enriquepenanieto.com/compromisos-nacionales/compromiso/un-mexico-incluyente-y-sin-pobreza

3 Nota suscrita por Ramiro Alonso, bajo el título: “Cara, la banda ancha en México: OCDE”, publicada el 10 de agosto de 2012 por el periódico El Universal.

4 Visible en el sitio: http://www.alconsumidor.org/articulos.phtml?id=305 Consultado en fecha 28 de septiembre de 2012. Énfasis añadido.
5 Nota suscrita por Ricardo García, bajo el título: “Pagan mexicanos excesivos costos en Telefonía e Internet: OCDE”, publicada el 31 de enero de 2012. Visible en el sitio: http://mx.ibtimes.com/articles/21431/20120131/ocde-precios-servicios-internet-telefonia-mexico.htm Consultado en fecha 28 de septiembre de 2012. Énfasis añadido.

6 Nota suscrita por Oscar D. Valencia López, con el título: “El suculento negocio de la banca en México”, publicada el 13 de octubre de 2012 por el periódico La Jornada. Énfasis añadido.

7 Nota de la redacción, bajo el título: “Pide Congreso regular comisiones en cajeros automáticos”, publicada el 19 de mayo de 2010 por el periódico La Crónica. Énfasis añadido.
8 Nota de la redacción, con el título: “La CFC solicita al gobierno federal regular las ‘altas’ tarifas de los aeropuertos”, publicada el 31 de enero de 2012 por la revista Proceso. Énfasis añadido.

9 Nota suscrita por Lilia González, con el título: “México, de los más caros de la OCDE para abrir negocios”, publicada el 18 de noviembre de 2011 por el periódico El Economista. Énfasis añadido.

10 Nota suscrita por Francisco López Bárcenas, con el título: “Detener el saqueo minero en México”, publicada el 28 de febrero de 2012 por el periódico La Jornada. Énfasis añadido.

11 Estudio de la OCDE sobre Políticas y Regulación de Telecomunicaciones en México. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. 2012. Pág. 94.

12 Nota suscrita por Margarita Palma Gutiérrez, con el título: “Tarifas eléctricas de las más caras”, publicada el 28 de octubre de 2010 por el periódico El Economista. Énfasis añadido.

14 “The Global Competitiveness Report 2011–2012”. World Economic Forum. Switzerland. 2011. Pág. 259.

15 Nota suscrita por Alberto Verdusco, con el título: “Burocracia mexicana, una de las más caras”, publicada el 25 de septiembre de 2012 por el periódico Milenio. Énfasis añadido.

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Siete voces, siete silencios. Por Caleb Ordóñez Talavera

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hace 1 semana

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Jul 24, 2026

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El desayuno se interrumpió con el sonido seco de los disparos. Alejandro Leyva apenas tuvo tiempo de reaccionar. Estaba sentado en una fonda del fraccionamiento La Esmeralda, en San Pablo Etla, Oaxaca, en una mañana que parecía igual a cualquier otra. Entonces llegaron hombres armados en motocicleta. Apuntaron directo. Dispararon sin titubeos. Tres impactos, principalmente en la parte superior del cuerpo, bastaron para arrebatarle la vida casi de inmediato. Una mujer que se encontraba en el lugar también resultó herida. Los agresores huyeron con la misma rapidez con la que aparecieron. En cuestión de segundos, lo cotidiano se convirtió en tragedia.

Alejandro Leyva no era un desconocido. Había dirigido la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, escribía la columna El Zumbido del Moscardón y, sobre todo, era una voz incómoda para el poder. En sus espacios criticaba la corrupción, denunciaba la violencia y cuestionaba decisiones del gobierno estatal. Incluso había denunciado amenazas y actos de intimidación en su contra desde tiempo atrás. Quienes hoy investigan el caso saben que no puede ignorarse ninguna línea relacionada con su actividad periodística. La Fiscalía General de la República ya atrajo la investigación.

Con él ya son siete periodistas asesinados en México durante este año.

Siete.

Es una cifra que debería provocar una crisis nacional. Sin embargo, en México, lamentablemente, ya aprendimos a recibir este tipo de noticias con total resignación. Ya no nos duele. Esa quizá sea la peor derrota.

Este crimen no es un caso aislado. Es la continuación de un patrón que este país se niega a romper, y por eso vale la pena detenerse a pensar en lo que realmente significa.

Porque el problema nunca ha sido únicamente el número de periodistas asesinados. El verdadero drama es que, detrás de cada crimen, existe un mensaje mucho más profundo: hay regiones enteras donde informar se convirtió en una actividad de alto riesgo.

Durante años, el periodista mexicano dejó de preocuparse únicamente por verificar datos, conseguir entrevistas o publicar exclusivas. Hoy también debe preguntarse si una investigación pondrá en riesgo a su familia, si un reportaje provocará amenazas, si una llamada desconocida puede cambiarle la vida o si una publicación en redes sociales bastará para convertirse en objetivo de alguien.

Esa no es una democracia sana.

México sigue siendo uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo fuera de contextos formales de guerra. Y lo más preocupante es que esa realidad ya no distingue entre periodistas nacionales, reporteros comunitarios, conductores de radio, fotógrafos, columnistas o creadores de contenido que investigan asuntos públicos. Quien incomoda al crimen organizado, a intereses económicos o al poder político puede terminar enfrentando amenazas, campañas de desprestigio, demandas judiciales, vigilancia o, en el peor de los casos, la muerte.

Pero, ¿Por qué ocurre?

Porque la impunidad sigue siendo el mejor aliado de quienes quieren callar voces. Porque demasiados asesinatos permanecen sin castigo. Porque muchas amenazas jamás llegan a investigarse seriamente. Porque los mecanismos de protección suelen reaccionar cuando el riesgo ya escaló demasiado. Y porque, en numerosas regiones del país, el crimen organizado, los intereses políticos y la debilidad institucional terminan cruzándose peligrosamente.

Cada periodista asesinado envía, además, un mensaje devastador a las nuevas generaciones.

¿Qué joven de veinte años decidirá investigar corrupción municipal si observa que hacerlo puede costarle la vida?

¿Qué estudiante de comunicación apostará por el periodismo de investigación cuando descubre que quienes revelan información incómoda terminan necesitando escoltas (que nunca tendrá), cambiando de ciudad o siendo asesinados?

Cuando matan a un periodista no solamente eliminan una voz. También intentan sembrar miedo entre quienes todavía no empiezan a ejercer.

Y eso termina empobreciendo a toda la sociedad.

Porque cuando desaparecen periodistas independientes, también desaparecen historias que jamás conoceremos. Desaparecen denuncias de corrupción, investigaciones sobre desvío de recursos, vínculos criminales, abusos de autoridad o violaciones de derechos humanos. El silencio siempre beneficia a alguien. Nunca beneficia a los ciudadanos.

Por eso, la defensa de la libertad de expresión no puede recaer únicamente en los periodistas.

También corresponde a la sociedad. Cada ciudadano tiene la responsabilidad de defender el derecho a estar informado. Eso significa valorar el periodismo serio, exigir investigaciones imparciales, rechazar la desinformación y comprender que una prensa crítica no es enemiga del gobierno, sino un contrapeso indispensable para cualquier democracia.

Y, desde luego, el Estado tiene obligaciones mucho más grandes. Pues no basta con emitir comunicados de condena después de cada asesinato. No basta con prometer investigaciones exhaustivas. Tampoco basta con atraer expedientes a instancias federales cuando la indignación ya ocupa los titulares.

El gobierno debe garantizar investigaciones rápidas, independientes y profesionales; fortalecer realmente los mecanismos de protección; castigar tanto a autores materiales como intelectuales y construir condiciones para que ningún periodista tenga que elegir entre publicar una información o conservar la vida.

Porque cuando el miedo dicta qué puede publicarse, la democracia comienza a perder terreno.

No los olvidamos.

Esta columna está dedicada a quienes ya no podrán volver a escribir una nota, tomar una fotografía o encender un micrófono este año: Carlos Castro, asesinado en Poza Rica el 8 de enero; Juan David Gámez, en Nuevo León el 18 de marzo; Roxana Guzmán, secuestrada el 2 de junio y encontrada sin vida semanas después; Luis Ángel López, asesinado en Poza Rica el 11 de junio; Alex Serna, en Zihuatanejo el 3 de julio; Josué Martínez, en Puebla el 16 de julio; y ahora Francisco Alejandro Leyva Aguilar, en Oaxaca.

Siete nombres.

Siete familias.

Siete historias interrumpidas.

Pero también siete razones para no acostumbrarnos.

Porque el día que dejemos de indignarnos por un periodista asesinado habremos aceptado que en México la verdad tiene precio. Y una nación que permite que maten a quienes la cuentan corre el riesgo de quedarse, para siempre, sin quien la narre.

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