A casi un año del surgimiento del nuevo coronavirus (COVID-19), México ha sido uno de los países más azotados por la pandemia. Muestra de ello, es que se ubica en el décimo lugar en número de contagios acumulados y cuarto en defunciones por la enfermedad, según la última actualización de la Universidad Johns Hopkins.

Lo anterior ha incrementado considerablemente los servicios funerarios en el país. Y es que de enero a junio de 2020, las incineraciones en los panteones públicos de México aumentaron en 76.8% con respecto al mismo periodo de 2019, mientras que los entierros crecieron en 20.2%.

Así difundió este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), mediante el reporte sobre los Cementerios Públicos en las Zonas Metropolitana, correspondiente al primer semestre de este año, que estuvo marcado por la llegada del SARS-CoV-2.

Cabe mencionar que durante dicho lapso de 2019, se reportaron 78,091 entierros y 6,777 incineraciones. Pero en 2020, las inhumaciones ascendieron a 93,833 y el número de cadáveres cremados fue de 11,980.

El primer caso de contagio en México se registró a finales de febrero; sin embargo, para el 30 de junio, el país ya acumulaba alrededor de 27,000 defunciones causadas por esta enfermedad.

Por otra parte, de las más de seis millones de fosas a nivel nacional, el 83.0% estuvieron ocupadas y solo 16.7%, disponibles en los primeros seis meses de este año.

Aunque ciudades como Acapulco, Campeche, Chilpancingo, Ciudad Victoria, Mexicali y San Francisco del Rincón registraron una ocupación del 100%.

Por el contrario, el Valle de México y Colima fueron las zonas metropolitanas que concentraron la mayor cantidad de fosas en operación, al registrar 2,128 y 923, respectivamente.

Además, en dicho periodo, 109 panteones distribuidos en 41 zonas metropolitanas tuvieron que ampliar su capacidad, siendo el Valle de México el que más espacios abrió en 25 cementerios, seguido de Xalapa y Monterrey, con seis; Mérida y Nogales, con cinco y Tampico, con cuatro.

También subieron los costos

El costo por los servicios funerarios, paquetes de cremación, inhumación y preventivos, se encareció entre 4.8 a 6.26% en el último año, según indicadores del INEGI.

De acuerdo con el monitoreo de precios, un paquete de cremación, incluida la urna, ataúd y capilla de velación, registró este año un costo promedio de 17 mil 852 pesos; es decir, 1,052 pesos más que lo reportado en octubre de 2019 cuando se situó en 16 mil 800 pesos.

En octubre de este 2020, un servicio solo de inhumación en agencias funerarias representó un promedio de 27 mil 180 pesos contra 25 mil 920 que costaba en igual mes del año pasado.

Sin embargo, estos precios varían conforme a las especificaciones y más si son paquetes de previsión. El gasto por un plan preventivo para despedir a un ser querido oscila entre los 29 mil 121 pesos a 31 mil 543 pesos, cuando el año pasado el paquete promedio se cotizó en 28 mil pesos.

Debido al repunte de casos de contagio y hospitalización por COVID-19, los próximos 1 y 2 de noviembre, días en que los mexicanos reciben las almas de los fieles difuntos, las autoridades del país han pedido a la ciudadanía celebrarlos desde su casa y no en los panteones como marca la tradición.

Por ello, tanto en la capital mexicana como en otras ciudades del país, se anunció el cierre de cementerios para evitar aglomeraciones.

Fuente: Infobae

El periodista Carlos Loret de Mola informó que compareció por el montaje realizado el 9 de diciembre de 2005 en el noticiero “Primero Noticias” de Televisa para mostrar “en vivo” la detención de Florence Cassez y su pareja sentimental, Israel Vallarta, a quienes autoridades involucraron en presuntos secuestros; el comunicador también denunció una serie de ataques del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Ayer martes 27 comparecí en el asunto conocido como el montaje/Florence Cassez. Me fue muy bien. Pude dejar clarísimo que si bien cometí el error de no darme cuenta, nunca organicé, planeé o me coludí con nadie para hacer algo por lo que ofrecí disculpas desde hace 15 años”, informó esta tarde Loret de Mola en sus redes sociales.

“Comparecí y reiteré lo que he venido diciendo desde hace 15 años, yo cometí un error periodístico, no me di cuenta que aquello era un montaje, pero rechazo tajantemente haber organizado, colaborado, solicitado o haber sido cómplice de una escenificación ajena a la realidad”, expuso en un video de 4 minutos y 20 segundos de duración.

El periodista reconoció que este fue “el más grande de los errores” que cometió, pero denunció que eso le ha costado una serie de ataques del Presidente.

“No puedo negar el ataque sistemático del Presidente López Obrador y sus personeros hacen contra mí, usando este tema del caso Cassez y el montaje y lo han venido haciendo cada que nosotros prestamos un reportaje bien documentado sacan Cassez, una cosa que sucedió hace 15 años y hasta el Presidente se trepa en el asunto y juguetea con la idea de que ‘no lo vamos meter a al cárcel, si no lo metieron con García Luna, ahora con Pío…”, añadió.

“Comparecí, fue Israel Vallarta, acusado de secuestro y detenido en aquellos tiempos, quien me hizo las preguntas, me hizo 44 preguntas, fueron 7 horas de comparecencia. Y durante toda la comparecencia no se presentó una sola prueba, un solo testimonio directo diciendo que yo hubiera armado, montado, sido cómplice, una y otra vez insistieron en el asunto de ‘cómo es posible que no te hayas dado cuenta’. Yo hice las explicaciones que tenía que hacer sobre este tema”, dijo.

En diciembre de 2019, la periodista Laura Barranco, quien trabajó con Loret de Mola de 2000 a 2006, narró que la responsabilidad del montaje no fue solo de los periodistas que participaron, como Carlos Loret de Mola (conductor de “Primero Noticias”), Pablo Reinah (reportero) y Azucena Pimentel (productora), también de Televisa.

“La responsabilidad del montaje fue tanto de los periodistas que participaron y de Televisa, y no nada más en este caso sino por toda una serie de montajes como el fraude de 2006, maquinado y orquestado desde Televisa. Tiene que haber una sanción social”, destacó Barranco, quien fue coordinadora de información en “Primero Noticias”.

Para Barranco, Televisa debe hacer un uso correcto de la concesión que el Estado mexicano le otorgó y debe responder por el engaño a miles de mexicanos que siguieron de cerca la detención de los supuestos secuestradores.

“Simplemente hay que ver los términos en los que se da una concesión a un grupo de empresarios, es una concesión del espectro radioeléctrico y donde el Estado es el dueño. Ellos (empresas) deben de responder por el uso que hacen del espectro y el mal uso también y tiene que haber sanciones específicas”, consideró entonces.

Este miércoles, luego de conocer la versión de Carlos Loret de Mola sobre su comparescencia, Barranco expuso en su cuenta de Twitter:

Fuente:

Desde el pasado 1ro de junio y hasta el 22 de octubre del presente año, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) ha verificado 2 mil 060 centros laborales para vigilar el estricto cumplimiento de las medidas sanitarias ante la pandemia ocasionada por COVID-19.

Al participar en el programa Chihuahua Adelante, Marco Antonio Gaytán González, jefe de Inspección de Trabajo de la STPS, señaló que de ese total, 51 establecimientos (3%) se encontraban cerrados y en cumplimiento; 147 (7%) fueron exhortados al cierre pues que no estaba permitida su operación y accedieron de forma inmediata; y 22 (1%) se rehusaron a la suspensión por lo que se dio inicio a un procedimiento administrativo sancionador, dando además vista a las autoridades federales y sanitarias.

Asimismo, en mil 840 centros de trabajo (89%) se revisaron las medidas sanitarias por tratarse de establecimientos que cumplían con las condiciones de operación según lo establecido por el semáforo, de los cuales mil 775 acataron todas las indicaciones.

Indicó que a partir del 23 de octubre, con el regreso al color rojo en el esquema de semaforización, la Inspección del Trabajo ha visitado 122 empresas, de las cuales 68 (56%) suspendieron de manera temporal sus operaciones por no considerarse esenciales.

En 51 centros laborales (42%) se revisaron las medidas sanitarias por ser una actividad esencial y 3 (2%) se rehusaron al cierre de operaciones.

Gaytán González informó que el tiempo de duración de las inspecciones realizadas es largo, debido a que se revisan más de 50 puntos para los pequeños de negocio, 70 para los medianos y cerca de 90 para los grandes, como lo son los pertenecientes a la industria manufacturera.

“Es un proceso largo, pero que garantiza que el centro inspeccionado está cumpliendo a cabalidad con sus medidas”.

Recordó a los centros de trabajo que cuentan con la obligación de implementar todas las medidas sanitarias a partir de la publicación de los acuerdos, por lo que destacó la importancia de que se mantenga la supervisión y vigilancia de dichas medidas de manera interna mediante su Comisión de Seguridad e Higiene.

Dijo que para quienes no cumplan con lo señalado las sanciones económicas pueden ir entre $20 mil a $500 mil pesos. Hasta el momento, 24 centros de trabajo se encuentran en procedimiento administrativo sancionador por incumplimiento de las medidas y de no acceder a los exhortos realizados.

A partir del pasado 24 de marzo, la Inspección del Trabajo ha visitado más de 3 mil centros de trabajo, de los cuales cerca de 500 son pertenecientes a la industria manufacturera, quienes en su mayoría han dado cumplimiento a todos los lineamientos.

En caso de detectar cualquier irregularidad en materia de seguridad y salud en algún establecimiento,la Inspección del Trabajo de la STPS pone a disposición las líneas telefónicas (614) 429-33-00 extensión 12102 y 12137 y (656) 629-33-00 extensión 54124.