El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, aseguró que el incremento en las llamadas de extorsión que tienen como origen los centros penitenciarios del país se debe a que las autoridades no están poniendo a funcionar los bloqueadores de señal.

Para la activista Isabel Miranda de Wallace, el problema de las extensiones desde los centros de readaptación social se va a terminar cuando se finquen responsabilidades penales a los directores.

De acuerdo a un reporte emitido por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), las organizaciones delincuenciales realizan al año aproximadamente 3.7 millones de llamadas para extorsionar desde el interior de los centros penitenciarios del país y la mayoría de estas llamadas provienen de números celulares.

Al espectro Navarrete Prida apuntó que “Lo que está ocurriendo es que evidentemente no están poniéndolos a funcionar, y que habría que tomar medidas adicionales como son los arcos de revisión para evitar que persona alguna entre con este tipo de aparatos”.

Se negó a responder si además obedece a un problema de corrupción en la mayoría de los centros de readaptación social porque dijo que el tema de evolución delincuencial es complejo y no sería adecuado mencionar una sola causa.

“Pero evidentemente si hay instrucción y comprar equipo de bloqueadores, algo está pasando que no se están poniendo a funcionar”, apuntó.

Por su parte, la presidenta de la organización civil Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace aseguró que “el tema no son los bloqueadores, el tema es la corrupción que existe en los penales, bueno, ni presos los puede controlar los gobiernos estatales y ahora también hasta los federales han disminuido su capacidad, antes los federales eran más seguros”.

Dijo que su organización hizo una petición a las compañías telefónicas pidiéndoles que bloquearan la cara de más antenas que están más cerca de los penales o que los controle desde lo remoto otra persona pero no el titular del penal, porque ahí es dónde está la corrupción.

“Eso es un tema que un día va a estallar, de veras de manera exponencial, nosotros ya lo estamos viviendo, las porque desde ahí, los ciudadanos desde ahí siguen llamando, siguen extorsionando y además es un gran negocio para muchos de los custodios porque ellos rentan chips, rentan teléfonos y hacen de las suyas, entonces es reprobable y creo que ahí se va a acabar el problema cuando se les finquen responsabilidades al director del penal”, concluyó.