La Oficina de Derechos Humanos de la ONU reafirmó este miércoles la validez de «la metodología y los hallazgos» del informe que hizo sobre el caso Ayotzinapa, tras las críticas hechas públicas el lunes por el Gobierno mexicano.
El informe, publicado el pasado 15 de marzo, concluyó que había fuertes indicios que hacen pensar que «al menos 34 personas detenidas durante la primera etapa de la investigación sobre la desaparición de 43 estudiantes en Ayotzinapa en 2014 fueron torturadas y detenidas arbitrariamente».
«Estas serias violaciones fueron a su vez inadecuadamente investigadas y encubiertas», señalaba la ONU.
En respuesta, el Gobierno mexicano entregó el pasado día 7 a la Oficina de Derechos Humanos un documento que contenía varias observaciones críticas a ese informe.
Las secretarías de Relaciones Exteriores y de Gobernación, así como la Procuraduría General de la República, dijeron que al publicar su informe la ONU «se desatendió» del llamamiento que le había hecho el Gobierno mexicano en favor de una colaboración que permitiese atender por canales institucionales las preocupaciones que tenía.
Asimismo, las autoridades mexicanas han respondido que tras aplicar el Protocolo de Estambul, que permite comprobar la existencia de tortura, «los resultados no sustentaron fehacientemente la comisión de tales actos».
Agregaron que los hechos están aún bajo investigación judicial, por lo que las conclusiones del informe de la ONU «son prematuras».
Sin embargo, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU dijo este miércoles que su actuación se ciñe al mandato establecido en el acuerdo firmado en 2002 con el Estado mexicano, por el que creó una oficina para este país.
Asimismo, pidió a las autoridades mexicanas que implementen las recomendaciones de su informe «con el objetivo de esclarecer los hechos ocurridos, brindar reparación a las víctimas y garantizar la no repetición de estos trágicos eventos».
La Oficina también instó a México a concluir las investigaciones «dentro de un plazo razonable» y a identificar los responsables de las detenciones arbitrarias y de los actos de tortura.
En este sentido, la ONU aseguró que seguirá de cerca las investigaciones ya que «hasta la fecha nadie ha sido señalado como responsable» de esas graves violaciones de los derechos humanos.
Según la versión oficial del Gobierno mexicano, en la noche del 26 de septiembre de 2014 policías corruptos arrestaron en Iguala, Guerrero, a los 43 estudiantes y los entregaron a miembros del cártel Guerreros Unidos, que los asesinaron e incineraron sus restos en un basurero.
Vicente Carrillo Fuentes, alias El Viceroy, ex líder del Cártel de Juárez, mantiene negociaciones con el gobierno de Estados Unidos a casi año y medio de su traslado a una cárcel de Nueva York.
Este martes 28 de julio, se llevó a cabo una audiencia ante la jueza Joan M. Azrack, en donde se sumó un nuevo plazo de 90 días para continuar con las conversaciones con la defensa del ex líder del Cártel de Juárez.
Con esto se dio a conocer que se programó la próxima audiencia para el 20 de octubre de este año, y que El Viceroy renunciaba a enfrentar un juicio rápido en la Corte de Distrito Este de Nueva York.
Mientras se mantiene este proceso, Vicente Carrillo Fuentes se mantendrá en prisión. Cabe destacar que está acusado de delitos ligados al narcotráfico y lavado de dinero.
¿Quién es El Viceroy?
Vicente Carrillo Fuentes, alias El Viceroy,heredó el Cártel de Juárez en 1997, luego de que su hermano, Amado Carrillo Fuentes,conocido como El Señor de los Cielos, muriera en medio de una cirugía plástica. En ese momento el Cártel de Juárez era una de las organizaciones narcotraficantes más poderosas de México.
Nació en Novolato, Sinaloa. Junto a él, Juan José Esparragoza, alias El Azul, quien más tarde formaría parte del Cártel de Sinaloa,tomó el control del Cártel de Juárez en 1997.
Desde el 16 de agosto del año 2000, El Viceroy fue buscado por el Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (US Federal Bureau of Investigations, FBI) luego de que un jurado federal del estado de Texas lo acusara de homicidio, narcotráfico y lavado de dinero. El gobierno estadounidense ofrecía hasta 5 millones de dólares de recompensa por información que diera con su paradero.
El Cártel de Juárez se encargaba de transportar múltiples toneladas de cocaína provenientes de Colombia hacia Estados Unidos, pasando por México. Durante el liderazgo de Amado Carrillo Fuentes, el Cártel de Juárez mantuvo la hegemonía sobre este negocio gracias a sus vínculos con autoridades federales mexicanas, mismas que les ofrecían protección.
Vicente continuó con el traslado de droga de una manera más modesta, pero en un contexto más violento.
Hasta el 2004, el Cártel de Juárez estuvo aliado con el Cártel de Sinaloa, cuando el líder de este grupo, Joaquín El Chapo Guzmán, presuntamente ordenó el asesinato de Rodolfo Carrillo Fuentes, hermano de El Viceroy. Tras esto, este devolvió el ataque ordenando la muerte de El Chapo Guzmán, quien estaba preso.
Amado Carrillo, ‘El Señor de los Cielos’, exlíder del Cártel de Juárez (Infobae)
La ruptura de la alianza entre ambos cárteles desató una violenta guerra de varios años enCiudad Juárez, en el estado norteño de Chihuahua, principal bastión de Carrillo Fuentes.
Ambos grupos se enfrentaron por el control del mercado y de las rutas del narcotráfico. Desde el 2007, El Viceroy también enfrentó al Cártel de Golfo. Este conflicto hizo a Ciudad Juárez la ciudad más violenta del mundo por varios años, lo que dejó un saldo de, por lo menos, 8 mil muertos.
Para enfrentar al Cártel de Sinaloa y a su grupo de sicarios, conocido como Gente Nueva, El Viceroy se valió de un brazo armado conocido como La Línea y del Barrio Azteca, un grupo criminal con base en Estados Unidos.
Pero estos no fueron suficientes para derrotar al Cártel de El Chapo Guzmán, pues presuntamente contaba con apoyo de autoridades federales, y logró debilitar al Cártel de Juárez e incrementar su propio poder.
El Viceroy, debido a su aparente derrota, cambió su apariencia, su nombre y se trasladó a Torreón, en Coahuila, donde fue capturado el 9 de octubre de 2014. Fue condenado a 28 años de prisión por la Fiscalía General de la República (FGR) en junio de 2015.
En un juicio de amparo del año siguiente, se le concedió protección constitucional, sin embargo, siguió en prisión. En 2017 se le volvió a dictar prisión formal.
Estuvo en Puente Grande, en Jalisco, hasta el 27 de febrero de 2025, cuando fue trasladado a Estados Unidos junto a otros 28 narcotraficantes mexicanos de alto perfil.