México
Senado aprueba facultades a la Marina para tareas de ciberdefensa y ciberseguridad
Con el respaldo de la mayoría de Morena y aliados, el Senado de la República aprobó la nueva Ley Orgánica de la Armada de México, que otorga a la Secretaría de Marina (Semar) facultades para intervenir contra delitos en espacios marítimos y participar en operaciones de ciberdefensa y ciberseguridad.
El dictamen fue avalado en lo general por 68 votos a favor de Morena, PT y PVEM, y 32 en contra de PRI, PAN y Movimiento Ciudadano. Tras aprobarse también en lo particular y sin modificaciones respecto al texto avalado por la Cámara de Diputados, la iniciativa fue turnada al Ejecutivo federal para su promulgación.
La ley mantiene coincidencias de alrededor del 90% con la norma vigente, aunque amplía las atribuciones de la Marina al permitirle ejercer el derecho de vista y persecución en la Zona Económica Exclusiva y en alta mar. También establece su participación en actividades de defensa digital mediante el uso de inteligencia artificial en operaciones militares dentro del ciberespacio.
La nueva estructura jerárquica contempla la creación de la Jefatura de Operaciones Navales, que sustituye al Estado Mayor de la Armada, y la incorporación de los niveles de Mando Superior en Jefe Estratégico y Mando Superior de Jefe Operativo, además de ajustes en la clasificación de unidades operativas.
Durante el debate, senadores de oposición calificaron la reforma como un nuevo avance hacia la militarización del país. La legisladora Alejandra Barrales, de Movimiento Ciudadano, criticó que “el 90% del articulado es idéntico al de la ley vigente”, y afirmó que el objetivo real es justificar una mayor intervención militar en tareas civiles.
El priista Manuel Añorve recordó que el gobierno de López Obrador entregó a la Marina el control de puertos y aduanas, pero cuestionó que la ley no incluya medidas concretas para combatir el “huachicol” fiscal, pese a escándalos recientes vinculados con elementos de la institución.
En la misma línea, Carolina Viggiano advirtió que la norma consolida “el dominio militar sobre funciones civiles”, como la vigilancia marítima y portuaria, lo que —dijo— representa una “usurpación de funciones” y un debilitamiento del Estado civil.
En respuesta, la senadora morenista Laura Estrada Mauro defendió que la reforma busca fortalecer la soberanía nacional y dar certeza jurídica a las operaciones de la Armada. “No se trata sólo de una actualización administrativa, sino de una transformación integral que permitirá cumplir con sus mandatos constitucionales en defensa del territorio y la seguridad marítima”, aseguró.
México
Exmagistrada Mónica Soto podría llegar al gobierno, dice Sheinbaum
La presidenta Claudia Sheinbaum no descartó que la magistrada Mónica Soto pueda incorporarse posteriormente a la administración pública, luego de que anunciara su renuncia a la presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), aunque aclaró que actualmente no existe un cargo contemplado para ella.
Cuestionada durante su conferencia matutina sobre los rumores de que Soto podría recibir una posición dentro del gobierno federal, Sheinbaum respondió que “podría ser”, pero precisó que por ahora no está previsto.
Podría ser, pero no lo tenemos contemplado en este momento.
La presidenta evitó pronunciarse sobre las razones de la renuncia de Soto y sostuvo que se trató de una decisión personal que está dentro de sus atribuciones, a pesar de que hubo señalamientos respecto a la falta de claridad de la dimisión.
“No, no voy a opinar, no me corresponde; ella tomó la decisión de retirarse del tribunal.
Sheinbaum calificó a Soto como una mujer “con experiencia” y “muy profesional en su trabajo”, además consideró que tuvo un buen desempeño tanto como magistrada como durante el periodo en que encabezó el Tribunal Electoral.
“Me parece a mí que ella hizo un muy buen papel al frente cuando le tocó ser presidenta y también como magistrada”, dijo.
Ante la pregunta sobre si la salida de Soto y otra vacante en el Tribunal Electoral podrían representar un problema de cara a las elecciones de 2027, Sheinbaum rechazó que exista una afectación en términos constitucionales.
“No, no tiene problema en términos de lo que establece la Constitución”, respondió.
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La presidenta explicó que, en caso de una elección presidencial, tendría que buscarse una solución para cubrir las vacantes, y puso como ejemplo el proceso electoral de 2024.
Así fue en el 24, se lo recuerdo. Una magistrada de un poder regional participó en la calificación de la elección presidencial.
Sheinbaum recordó que la reforma al Poder Judicial establece que las magistraturas deben ser electas por voto popular.
Explicó que algunos de los integrantes actuales del Tribunal Electoral ya fueron electos y que, para cubrir las posiciones que permanezcan vacantes, será necesario esperar al proceso electoral de 2028.
La reforma al Poder Judicial establece que ellos deben ser electos; como algunos de ellos ya lo fueron, entonces pues hay que esperar al 28 para elegir a los otros dos que faltan.
La mandataria aclaró que desconoce en ese momento cuántos magistrados podrían dejar el Tribunal Electoral antes de esa fecha, pero insistió en que las vacantes no representan, por sí mismas, un impedimento para el funcionamiento del órgano de cara a las elecciones intermedias de 2027.
