Con el respaldo de la mayoría de Morena y aliados, el Senado de la República aprobó la nueva Ley Orgánica de la Armada de México, que otorga a la Secretaría de Marina (Semar) facultades para intervenir contra delitos en espacios marítimos y participar en operaciones de ciberdefensa y ciberseguridad.

El dictamen fue avalado en lo general por 68 votos a favor de Morena, PT y PVEM, y 32 en contra de PRI, PAN y Movimiento Ciudadano. Tras aprobarse también en lo particular y sin modificaciones respecto al texto avalado por la Cámara de Diputados, la iniciativa fue turnada al Ejecutivo federal para su promulgación.

La ley mantiene coincidencias de alrededor del 90% con la norma vigente, aunque amplía las atribuciones de la Marina al permitirle ejercer el derecho de vista y persecución en la Zona Económica Exclusiva y en alta mar. También establece su participación en actividades de defensa digital mediante el uso de inteligencia artificial en operaciones militares dentro del ciberespacio.

La nueva estructura jerárquica contempla la creación de la Jefatura de Operaciones Navales, que sustituye al Estado Mayor de la Armada, y la incorporación de los niveles de Mando Superior en Jefe Estratégico y Mando Superior de Jefe Operativo, además de ajustes en la clasificación de unidades operativas.

Durante el debate, senadores de oposición calificaron la reforma como un nuevo avance hacia la militarización del país. La legisladora Alejandra Barrales, de Movimiento Ciudadano, criticó que “el 90% del articulado es idéntico al de la ley vigente”, y afirmó que el objetivo real es justificar una mayor intervención militar en tareas civiles.

El priista Manuel Añorve recordó que el gobierno de López Obrador entregó a la Marina el control de puertos y aduanas, pero cuestionó que la ley no incluya medidas concretas para combatir el “huachicol” fiscal, pese a escándalos recientes vinculados con elementos de la institución.

En la misma línea, Carolina Viggiano advirtió que la norma consolida “el dominio militar sobre funciones civiles”, como la vigilancia marítima y portuaria, lo que —dijo— representa una “usurpación de funciones” y un debilitamiento del Estado civil.

En respuesta, la senadora morenista Laura Estrada Mauro defendió que la reforma busca fortalecer la soberanía nacional y dar certeza jurídica a las operaciones de la Armada. “No se trata sólo de una actualización administrativa, sino de una transformación integral que permitirá cumplir con sus mandatos constitucionales en defensa del territorio y la seguridad marítima”, aseguró.