Con el respaldo de la mayoría de Morena y aliados, el Senado de la República aprobó la nueva Ley Orgánica de la Armada de México, que otorga a la Secretaría de Marina (Semar) facultades para intervenir contra delitos en espacios marítimos y participar en operaciones de ciberdefensa y ciberseguridad.
El dictamen fue avalado en lo general por 68 votos a favor de Morena, PT y PVEM, y 32 en contra de PRI, PAN y Movimiento Ciudadano. Tras aprobarse también en lo particular y sin modificaciones respecto al texto avalado por la Cámara de Diputados, la iniciativa fue turnada al Ejecutivo federal para su promulgación.
La ley mantiene coincidencias de alrededor del 90% con la norma vigente, aunque amplía las atribuciones de la Marina al permitirle ejercer el derecho de vista y persecución en la Zona Económica Exclusiva y en alta mar. También establece su participación en actividades de defensa digital mediante el uso de inteligencia artificial en operaciones militares dentro del ciberespacio.
La nueva estructura jerárquica contempla la creación de la Jefatura de Operaciones Navales, que sustituye al Estado Mayor de la Armada, y la incorporación de los niveles de Mando Superior en Jefe Estratégico y Mando Superior de Jefe Operativo, además de ajustes en la clasificación de unidades operativas.
Durante el debate, senadores de oposición calificaron la reforma como un nuevo avance hacia la militarización del país. La legisladora Alejandra Barrales, de Movimiento Ciudadano, criticó que “el 90% del articulado es idéntico al de la ley vigente”, y afirmó que el objetivo real es justificar una mayor intervención militar en tareas civiles.
El priista Manuel Añorve recordó que el gobierno de López Obrador entregó a la Marina el control de puertos y aduanas, pero cuestionó que la ley no incluya medidas concretas para combatir el “huachicol” fiscal, pese a escándalos recientes vinculados con elementos de la institución.
En la misma línea, Carolina Viggiano advirtió que la norma consolida “el dominio militar sobre funciones civiles”, como la vigilancia marítima y portuaria, lo que —dijo— representa una “usurpación de funciones” y un debilitamiento del Estado civil.
En respuesta, la senadora morenista Laura Estrada Mauro defendió que la reforma busca fortalecer la soberanía nacional y dar certeza jurídica a las operaciones de la Armada. “No se trata sólo de una actualización administrativa, sino de una transformación integral que permitirá cumplir con sus mandatos constitucionales en defensa del territorio y la seguridad marítima”, aseguró.
Vicente Carrillo Fuentes, alias El Viceroy, ex líder del Cártel de Juárez, mantiene negociaciones con el gobierno de Estados Unidos a casi año y medio de su traslado a una cárcel de Nueva York.
Este martes 28 de julio, se llevó a cabo una audiencia ante la jueza Joan M. Azrack, en donde se sumó un nuevo plazo de 90 días para continuar con las conversaciones con la defensa del ex líder del Cártel de Juárez.
Con esto se dio a conocer que se programó la próxima audiencia para el 20 de octubre de este año, y que El Viceroy renunciaba a enfrentar un juicio rápido en la Corte de Distrito Este de Nueva York.
Mientras se mantiene este proceso, Vicente Carrillo Fuentes se mantendrá en prisión. Cabe destacar que está acusado de delitos ligados al narcotráfico y lavado de dinero.
¿Quién es El Viceroy?
Vicente Carrillo Fuentes, alias El Viceroy,heredó el Cártel de Juárez en 1997, luego de que su hermano, Amado Carrillo Fuentes,conocido como El Señor de los Cielos, muriera en medio de una cirugía plástica. En ese momento el Cártel de Juárez era una de las organizaciones narcotraficantes más poderosas de México.
Nació en Novolato, Sinaloa. Junto a él, Juan José Esparragoza, alias El Azul, quien más tarde formaría parte del Cártel de Sinaloa,tomó el control del Cártel de Juárez en 1997.
Desde el 16 de agosto del año 2000, El Viceroy fue buscado por el Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (US Federal Bureau of Investigations, FBI) luego de que un jurado federal del estado de Texas lo acusara de homicidio, narcotráfico y lavado de dinero. El gobierno estadounidense ofrecía hasta 5 millones de dólares de recompensa por información que diera con su paradero.
El Cártel de Juárez se encargaba de transportar múltiples toneladas de cocaína provenientes de Colombia hacia Estados Unidos, pasando por México. Durante el liderazgo de Amado Carrillo Fuentes, el Cártel de Juárez mantuvo la hegemonía sobre este negocio gracias a sus vínculos con autoridades federales mexicanas, mismas que les ofrecían protección.
Vicente continuó con el traslado de droga de una manera más modesta, pero en un contexto más violento.
Hasta el 2004, el Cártel de Juárez estuvo aliado con el Cártel de Sinaloa, cuando el líder de este grupo, Joaquín El Chapo Guzmán, presuntamente ordenó el asesinato de Rodolfo Carrillo Fuentes, hermano de El Viceroy. Tras esto, este devolvió el ataque ordenando la muerte de El Chapo Guzmán, quien estaba preso.
Amado Carrillo, ‘El Señor de los Cielos’, exlíder del Cártel de Juárez (Infobae)
La ruptura de la alianza entre ambos cárteles desató una violenta guerra de varios años enCiudad Juárez, en el estado norteño de Chihuahua, principal bastión de Carrillo Fuentes.
Ambos grupos se enfrentaron por el control del mercado y de las rutas del narcotráfico. Desde el 2007, El Viceroy también enfrentó al Cártel de Golfo. Este conflicto hizo a Ciudad Juárez la ciudad más violenta del mundo por varios años, lo que dejó un saldo de, por lo menos, 8 mil muertos.
Para enfrentar al Cártel de Sinaloa y a su grupo de sicarios, conocido como Gente Nueva, El Viceroy se valió de un brazo armado conocido como La Línea y del Barrio Azteca, un grupo criminal con base en Estados Unidos.
Pero estos no fueron suficientes para derrotar al Cártel de El Chapo Guzmán, pues presuntamente contaba con apoyo de autoridades federales, y logró debilitar al Cártel de Juárez e incrementar su propio poder.
El Viceroy, debido a su aparente derrota, cambió su apariencia, su nombre y se trasladó a Torreón, en Coahuila, donde fue capturado el 9 de octubre de 2014. Fue condenado a 28 años de prisión por la Fiscalía General de la República (FGR) en junio de 2015.
En un juicio de amparo del año siguiente, se le concedió protección constitucional, sin embargo, siguió en prisión. En 2017 se le volvió a dictar prisión formal.
Estuvo en Puente Grande, en Jalisco, hasta el 27 de febrero de 2025, cuando fue trasladado a Estados Unidos junto a otros 28 narcotraficantes mexicanos de alto perfil.