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México

Trendrá Sedena que dar a conocer a desertores en la guerra vs el narco

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) deberá buscar y, en su caso, entregar información estadística sobre el número de militares activos que han desistido de participar en la lucha contra el narcotráfico, así como los motivos de su determinación, en el periodo comprendido entre el 28 de febrero de 2011 y el 29 de febrero de 2012, resolvió el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI).

La dependencia declaró la inexistencia emitida por el Estado Mayor de la Defensa Nacional, sin embargo, el comisionado Ángel Trinidad Zaldívar ordenó a Sedena realizar una nueva búsqueda de la información en sus archivos.

El comisionado Trinidad encontró que una de las manifestaciones en las que podría ubicarse el requerimiento de la particular, sería traducido en una infracción a la disciplina militar en la modalidad de la negligencia en el servicio, que no constituya un delito, respecto de las cuales conoce el Consejo de Honor.

Otra posibilidad, es que tal conducta corresponda a la comisión de algún delito del fuero de guerra, como lo puede ser el de deserción, insumisión, desobediencia y abandono de comisión o puesto.

Para los dos casos, ya sea se determine una infracción o un delito del fuero de guerra, la resolución que se emita debe ser debidamente fundada y motivada, lo cual incluye la descripción de la conducta irregular de parte del militar.

Al respecto, se identificó que la Dirección General de Personal cuenta con facultades que le permitirían identificar las resoluciones dictadas por el Consejo de Honor en los expedientes del personal en las que se hubiere determinado alguna negligencia a causa del desistimiento del militar de participar en acciones contra el narcotráfico.

De igual forma, la Dirección General de Justicia Militar se encarga de la atención y resolución de los aspectos jurídicos relacionados con sentencias, por lo que también podría identificar aquellas sentencias irrevocables en las que se hubiere determinado la comisión de algún ilícito penal del fuero de guerra, en los que igualmente se describa como conducta del tipo penal el desistimiento del militar de participar en acciones contra el narcotráfico.

Sin embargo, la Sedena sólo turnó la solicitud de la particular al Estado Mayor de la Secretaría, por lo que al haber identificado que hay otras unidades administrativas que podrían sustraer datos relevantes y estadísticos de los procesos de indisciplina militar, así como penales, se concluyó que la búsqueda de la información no fue exhaustiva.

Por lo anterior, en el proyecto se propuso revocar la resolución de inexistencia e instruir una búsqueda exhaustiva de la información estadística solicitada, sin omitir los archivos de las direcciones antes mencionadas, para entregarla a la particular.

Sólo en caso de no encontrar la información solicitada, el Comité de Información deberá confirmar la inexistencia, con lo que, en su caso se daría certeza de que lo solicitado no se localiza en ningún archivo de la Sedena.

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México

Poder Legislativo declara constitucional la reforma al Poder Judicial

Ciudad de México.- El Congreso de México declaró este viernes constitucional la reforma al Poder Judicial propuesta por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que busca la elección de jueces por el voto popular, y solo resta su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para su entrada en vigor.

La declaratoria de constitucionalidad se anunció primero en el Senado y luego en la Cámara de Diputados, en ambos casos en pocos minutos, con la aprobación de las ‘supermayorías’ oficialistas en ambas cámaras y el respaldo de 23 legislaturas locales de 32 estados.

“A efecto de dar cumplimiento al artículo 135 constitucional (…) y una vez computados los 23 votos aprobatorios de las legislaturas de los estados, la Cámara de Senadores declara aprobado el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución mexicana en materia del Poder Judicial”, declaró el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña.

En el mismo sentido se expresó el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, también diputado plurinominal de extracción morenista.

Ambos actos no contaron con la presencia de la oposición, tras la negativa a la reforma, que han calificado como un retroceso para la democracia y la independencia judicial, así como para el equilibrio de Poderes y la posible intromisión de “grupos de interés”.

Así lo anunciaron los coordinadores parlamentarios del PRI, PAN y MC en ambas Cámaras del Congreso, quienes expresaron que la acción de constitcuionalidad “es una fiesta” exclusiva del oficialismo, así como el “consumado atraco a la nación”.

La acción se da a la par de los intentos por trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) y por lo menos mil 200 personas juzgadoras en el país por frenar esta reforma, recurriendo a instancias nacionales e internacionales.

Organismos multilaterales como las Naciones Unidas y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); empresariales como la International Chamber of Commerce (ICC); calificadoras como Fitch y Moody’s, así como el Gobierno estadounidense, han advertido repercusiones para México por esta reforma, incluidos paneles y arbitrajes en el marco de tratados comerciales como el T-MEC.

Este viernes un juez del estado de Colima ordenó una suspensión para frenar la promulgación de la citada reforma en el DOF, pese a que el presidente Andrés Manuel López Obrador, principal impulsor de la reforma, anunció que sería oficializada el próximo domingo 15 de septiembre, cuando se conmemora el Día de la Independencia.

Más tarde, la senadora Ernestina Godoy, futura consejera jurídica en el Gobierno de Claudia Sheinbaum, señaló que dicho amparo es improcedente para impedir que la reforma publique en el DOF. “Se les olvida que contra reforma constitucionales no proceden impugnaciones”,, dijo Godoy.

Hasta ahora, la reforma judicial cuenta con más de los 17 votos por legislaturas locales que exige la Constitución mexicana para ser declarada constitucional y ser remitida al titular del Ejecutivo, López Obrador, para su oficialización y entrada en vigor.

Las legislaturas que dieron ya su aval son las de los estados de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y la capital Ciudad de México. En tanto, ha sido rechazada en los congresos locales de Jalisco y Querétaro.

Una vez hecha la declaratoria de constitucionalidad por la Cámara de Diputados, se dará trámite al presidente López Obrador para su publicación oficial y posterior entrada en vigencia.

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