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Ejército mexicano desvió 240 millones de pesos que eran para armamento, a una empresa fantasma

El ejército mexicano destinó 240.5 millones de pesos (USD 14.8 millones) entre 2013 y 2016 en la compra de insumos con la empresa DRM Aceros Internacionales, la cual en conjunto con otras compañías ofrecían a un sobreprecio de mercancía.

La Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, compró a dicha compañía insumos para la producción de armamento, municiones, explosivos y equipos militares.

Fue en octubre del 2018 que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) determinó que DRM Aceros Internacionales se trataba de una empresa fantasma que simulaba sus operaciones, al no contar con empleados ni infraestructura.

Los contratos fueron otorgados por la Dirección general de la Industria Militar de la Sedena, de acuerdo con una investigación realizada por Zorayda Gallegos para El País, que es un órgano técnico que está a cargo de producir, ensamblar y mantener el material de guerra y los vehículos militares que utiliza el ejército para su operación.

Las contrataciones fueron adjudicaciones directas o por invitación, es decir, no hubo una convocatoria abierta de licitación. La empresa fue seleccionada sin tener experiencia empresarial y la Sedena fue la única dependencia que firmó contratos desde que se constituyó.

El acta constitutiva indica que la empresa fue registrada en septiembre del 2013 y fue registrada ante un notario de Tlalnepantla, Estado de México, según los datos obtenidos en el Registro Público de Comercio. Dos meses después firmó su acuerdo.

En los contratos consultados en la plataforma de Compranet por dicha publicación, entre 2013 y 2016, la firma le vendió a la dependencia materiales para la fabricación de cañones, lanzagranadas, piezas que se usan en los procesos para fabricar los componentes de los fusiles cartuchos y granadas de mano.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que DRM Aceros Internacionales no solo simulaba sus actividades, además vendía a un mayor precio insumos que le ofertaba a Sedena, lo cual detectó tras una revisión a las contrataciones realizadas en el 2015.

Por ejemplo, en las rondas de adquisición para comprar 30,000 barras de acero en enero del 2015, la compañía acordó con otras dos participantes que solo presentaron sus propuestas para favorecerla. La ASF indicó que una de las accionistas de la compañía ganadora fue comisaria de otra sociedad mercantil que participó.

Las adjudicaciones de invitación restringida fueron justificadas por la Sedena que era la vía por la que garantizaba la participación de especialistas en el ramo, motivo por el cual no era conveniente realizar una licitación pública, ya que eran pocas las empresas con los insumos y capacidad de respuesta inmediata.

Dicho argumento es uno de los usados por el Ejército para evitar concursos de contratación, indicó Marco Fernández, coordinador del área anticorrupción de la organización México Evalúa, a El País.

“Hay un abuso a las excepciones por las cuales pueden asignar directamente, son 38 justificaciones a la ley”, indicó. Hay otros contratos que no se hacen públicos porque los clasifican como reservados bajo el argumento de la seguridad nacional.

Fuente: Infobae

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En México hay más de 200 mujeres presas por delitos relacionados con el aborto: ONG

Asociaciones feministas han detectado a más de 200 mujeres detenidas en México por crímenes relacionados con el aborto, por lo que exigen liberarlas tras el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que declaró inconstitucional su penalización.

Sin embargo, las mujeres no están condenadas de forma oficial por aborto, sino por delitos como homicidio en razón de parentesco, infanticidio, filicidio y omisión de cuidados, expuso Verónica Cruz, directora de la organización Las Libres, en entrevista con Efe.

“En el país no existen mujeres en la cárcel por el delito de aborto, existen 200 mujeres en las cárceles por delitos relacionados, son mujeres que tuvieron partos espontáneos, abortos prematuros o emergencias obstétricas y les configuraron delitos más graves”, advirtió.

Este martes se cumplió una semana del histórico fallo de la SCJN, que por primera vez declaró inconstitucional la penalización del aborto, un precedente histórico que impide encarcelar a las mujeres y personal médico que las ayuden con consentimiento.

La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) pidió revisar 432 carpetas de investigación abiertas por este delito entre enero y julio pasado en 27 estados del país.

Pero Cruz señaló que los jueces imputan a las mujeres estos otros cargos, aunque aclaró que “el que el delito de aborto se declare inconstitucional va a aminorar muchísimo la posibilidad de que también a estas mujeres las criminalicen con delitos mucho más graves”.

“Nos va a costar un poco más porque tenemos que ir cambiando el imaginario social, que dejen de criminalizar o imponer la maternidad a las mujeres, incluidas víctimas de violación”, reconoció.

El aborto, cuya criminalización es competencia local, solo está despenalizado en cuatro de los 32 estados: Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo y Veracruz.

El fallo de la SCJN invalidó el artículo 196 del Código Penal de Coahuila, estado que establecía hasta tres años de cárcel por aborto voluntario, por lo que el Gobierno del estado prometió la semana pasada acatar el fallo y liberar a mujeres detenidas.

Pero allí no hay mujeres presas por este crimen y no hay información clara sobre más detenidas, dijo a Efe Adriana Romo, de la Red de Mujeres de La Laguna, con sede en Torreón.

“Estamos rastreando porque pensamos que en Coahuila, según algunos casos de los que hemos sabido, el delito que se imputaba es el de homicidio en razón de parentesco”, indicó.

Romo expresó su “satisfacción” por el fallo de la SCJN, pero también “preocupación” por la inacción de los diputados locales para legalizar la interrupción del embarazo, no solo la derogación de las penas.

“Las mujeres en Coahuila seguirán en el limbo jurídico. Ese es nuestro temor porque es un tema que sabemos que va a ser muy polémico, que va a haber oposición de muchos sectores y que los legisladores piensan que va a tener costo para ellos”, observó.

También criticó que la Secretaría de Salud del estado se escude en la “objeción de conciencia”, un derecho que la Suprema Corte reconoció esta semana, pero con limitaciones.

“No puede obligar a los médicos, pero la Secretaría de Salud sí está obligada a contratar o a buscar personal médico que no sea objetor de conciencia”, señaló Romo.

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López-Gatell refutó a Marcelo Ebrard sobre ensayos clínicos de vacunas contra COVID-19

Al final de la conferencia matutina del martes, el Subsecretario de salud, Hugo López-Gatell, negó que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) haya aprobado algún ensayo clínico para vacunas contra el COVID-19.

Esto contradice el anuncio que el canciller, Marcelo Ebrard, emitió en el mismo foro respecto a la recepción de cuatro nuevos ensayos en fase 3 durante septiembre, entre los cuales se incluye el de Cansino BIO para uso pediátrico.

Cuestionado sobre ello, López-Gatell aseguró, ante los medios de comunicación, que la farmacéutica china “no ha presentado ningún documento al respecto ante la Cofepris” y aclaró que lo dicho por el también titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) “es parte del ensayo original”.

“No es un ensayo en sí mismo, es parte del ensayo original y se ha estado conduciendo. El ensayo lo conduce el doctor (Guillermo) Ruiz Palacios en el Instituto de Nutrición, pero no se han mostrado resultados hacia la autoridad sanitaria”.
Los otros tres ensayos que Ebrard había presentado en la mañanera son: Walvax, Sanofi (de Francia) y la Academia China de Ciencias Médicas. Con éstos, aseguró, México ya sumada ocho ensayos clínicos en fase 3 – incluyendo Janssen, Novavax y CureVac.

En otro momento de su participación, Ebrard aseguró que a principios de octubre se rebasarán las 120 millones de vacunas recibidos. Agregó que en septiembre arribarán 4 millones 600 mil dosis de AstraZeneca y un millón 750 mil de Moderna – esta última calendarizada para el 21 de septiembre.

Por su parte, López-Gatell informó que se espera recibir 4.6 millones de vacunas de Pfizer y AstraZeneca para el cierre de la semana; en la mañana de este miércoles, arribó el segundo embarque de Pfizer con 585 mil dosis.

Según datos de la Secretaría de Salud (Ssa), el 14 de septiembre se aplicaron de 827 mil 612 antígenos, lo que asciende la cifra acumulada a 93 millones 588 mil 719.

De ese total, 39 millones 850 mil 745 (65%) ha completado el esquema de vacunación, mientras que 21 millones 324 mil 352 (35%) cuenta con una dosis en tanto se cumple el lapso requerido para recibir la segunda aplicación.

Fuente: Infobae

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