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Padre trata de evitar que su mujer castre y transicione a su hijo de nueve años

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Un padre de Texas denuncia que su exmujer quiere salir del estado para realizar a uno de sus dos hijos una castración química. La madre, que asegura que el menor de nueve años quiere ser identificado como mujer, puede salir del estado en cualquier momento y viajar a California, donde son legales las cirugías de cambio de género.

La Corte Suprema de Texas emitió un fallo antes de fin de año contra un padre de familia, Jeff Younger, veterano y dueño de una pequeña empresa de Estados Unidos (EE. UU.). En los últimos años, el norteño ha ganado fama por la batalla judicial que inició contra su exmujer para evitar que se lleve a sus hijos fuera del estado.

Hace una semana el litigio tuvo un contratiempo. La Corte Suprema texana falló en contra de Younger y permitió que su exesposa, que no es la madre biológica de los niños, viajase con ellos a California.

En Texas las cirugías de cambio de sexo son ilegales. Por ello, en el momento que la mujer entre con los niños en el estado occidental de EE. UU. –California–, podrá de forma legal someter a su hijo James, de nueve años, a bloqueadores de pubertad y castración química.

El veterano explicó en Twitter que los jueces le habían eliminado sus derechos como padre y le habían dado la custodia a la madre, Anne Georgulas, que insiste a llamar a James «Luna». Además, lo viste como si fuese una niña y le alienta con el cambio de sexo desde los seis años. «La Corte Suprema de Texas negó mi Mandamus, terminando efectivamente mis derechos de paternidad. Mis hijos ahora están sujetos a ser castrados químicamente en California. Texas es un imperio de abuso infantil, dirigido por jueces de Texas», publicó.

Contraria a sus declaraciones, la madre asegura que el menor quiere vestirse así y le gusta que le identifiquen como una chica. El padre asegura que cuando la madre le pone vestidos al legar a casa, el menor le pide que le quite la vestimenta y «le ponga ropa de chico».

En una grabación, le preguntan a James si es un niño, a lo que él responde: «No, soy una niña». El niño de primaria dice que su madre le explicó que era una niña y le puso vestidos. «Se me heló la sangre cuando me di cuenta de lo que había planeado para el niño», dijo Younger al periodista Tucker Carlson.

España sigue los pasos de California

La ley de Texas, tal y como está redactada, solo impide que una madre salga del país con sus hijos cuando no existe consentimiento del padre si se demuestra que se va a «corromper o abusar» de los niños.

En este caso, Younger argumentó que su exesposa iba a utilizar la reformada ley SB 107 de California que, al igual que pasa en España por la reciente aprobación de la ley trans, garantiza el cambio de sexo de menores sin consentimiento de los padres.

Esto podría ser un resumen de nuestro marco nacional en unos años. El pasado 22 de diciembre el Congreso de los Diputados aprobó en España la ley trans. Esta norma, que se enfrentó a un camino lleno de contradicciones, se llevó a cabo y permite, entre otras cosas, el abastecimiento de tratamientos hormonales.

El apartado más conflictivo y comentado de esta ley es el de la autodeterminación de género, el mismo que tiene California y permitirá cambiar por voluntad de la madre el sexo del niño de nueve años sin consentimiento paterno.

La historia clínica del pediatra de Jamesse presentó a la justicia mediante petición del padre. Allí se revelaron conversaciones donde la madre le exigía a la pediatra, Jennifer Pepe, de manera insistente que le mandase bloqueadores hormonales.

Ante esta situación, el Colegio de Pediatras de Estados Unidos ha comunicado que las consecuencias de estos medicamentos son perjudiciales para la salud. Además, los tratamientos de cambio de sexo en un niño de temprana edad, como es el caso de James, pueden terminar en enfermedades crónicas de por vida, problemas cardiacos, infertilidad o la muerte.

Dinero

EE.UU. impone arancel de 10% a México por política sobre trabajo forzoso

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Estados Unidos anunció una nueva ronda de aranceles para 60 economías, entre ellas México, al que aplicará un gravamen de 10 por ciento por considerar que no prohíbe o no hace cumplir de manera efectiva la importación de bienes elaborados con trabajo forzoso.

La medida fue dada a conocer por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), que explicó que la decisión deriva de una investigación realizada bajo la Sección 301, iniciada el 12 de marzo de 2026 por instrucción del presidente Donald Trump. El proceso incluyó dos rondas de audiencias públicas, consultas con más de 45 gobiernos y el análisis de más de 2 mil 100 comentarios.

México forma parte del grupo de países sujetos a un arancel de 10 por ciento, junto con Argentina, Bangladesh, Camboya, Canadá, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, India, Indonesia, Jordania, Malasia, Pakistán, Sri Lanka, Trinidad y Tobago y el Reino Unido.

De acuerdo con la USTR, esta categoría corresponde a economías que ya cuentan con una prohibición para importar productos elaborados con trabajo forzoso, que asumieron el compromiso de establecerla mediante un Acuerdo sobre Comercio Recíproco o que aplican mecanismos parciales para impedir la entrada de este tipo de mercancías.

La resolución también establece un esquema de tres niveles de sanciones. Para el resto de las economías investigadas se fijó un arancel de 12.5 por ciento, mientras que determinados productos procedentes de la Unión Europea, Taiwán, Japón, Corea del Sur y Suiza enfrentarán tasas de 10 o 12.5 por ciento, descontando la tarifa de Nación Más Favorecida cuando corresponda.

El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, señaló que la decisión responde a la conclusión emitida el pasado 2 de junio, en la que la USTR determinó que las políticas de las 60 economías investigadas obstaculizan o restringen el comercio estadounidense. Agregó que la administración de Donald Trump considera necesario reforzar las medidas contra el trabajo forzoso en las cadenas globales de suministro.

Por su parte, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, afirmó que la resolución no modifica el arancel efectivo que actualmente paga México, ya que más del 80 por ciento de las exportaciones nacionales permanece exento al cumplir con las reglas de origen del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

El funcionario explicó que el gravamen de 10 por ciento para las exportaciones que no cumplen con el T-MEC se mantiene, aunque ahora cambia su fundamento legal al pasar de la Sección 122 a la Sección 301. Añadió que el Gobierno de México continúa las conversaciones con el representante comercial estadounidense para acercar posiciones en materia comercial.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que este jueves sostuvo una reunión con Jamieson Greer en Palacio Nacional, donde ambas partes avanzaron en la revisión del T-MEC y en otros acuerdos bilaterales.

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