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Resto del mundo

Hondureños temen por sus vidas si los devuelven a su país

La familia Pineda caminó hacia el norte durante más de un mes con una caravana de migrantes centroamericanos que ahora se encuentra cerca de la frontera de México con Estados Unidos. Pero ellos estuvieron huyendo en Honduras por mucho más tiempo debido a temores de persecución política.

Según describió la familia, hombres encapuchados con uniformes militares llegaron a su puerta en la ciudad de Peña Blanca en noviembre del 2017, blandiendo sus pistolas y dándoles dos opciones: irse o morir.

Decidieron refugiarse con amigos y familiares durante casi un año, dijeron, antes de unirse a otras miles de personas en un viaje de 4,500 kilómetros hacia Estados Unidos en octubre.

La confrontación ocurrió el 26 de noviembre del 2017, la noche de las elecciones presidenciales de Honduras. Activos en el grupo opositor izquierdista Partido Libre, los Pineda creen que quienes los amenazaron eran leales al presidente conservador Juan Orlando Hernández.

Según un reporte de Naciones Unidas, sus fuerzas de seguridad mataron a al menos a 16 personas en las principales protestas callejeras que ocurrieron tras su controvertida reelección y nadie ha sido acusado penalmente.
“Me dijeron que por involucrar a la gente en los partidos políticos me iban a llenar de plomo”, dijo Secundina Pineda, de 25 años, una de las cuatro hermanas que viven con su padre de 65 años y un niño dentro de una tienda de campaña en un campamento de migrantes en Tijuana, México.

Su historia ilustra la violencia política en gran parte pasada por alto en Honduras que, junto con la pobreza extrema, ha ayudado a crear una crisis humanitaria en la puerta de acceso a Estados Unidos.
Reuters no pudo verificar la historia de los Pineda, que fue narrada en gran parte por Secundina. Un portavoz de las fuerzas armadas hondureñas negó vehementemente la versión o cualquier otra persecución política.

Pero los observadores de derechos humanos en Honduras y abogados que representan a los migrantes de la caravana dijeron que han escuchado historias similares de que las fuerzas de seguridad ingresaron a sus hogares e intimidaron a los activistas políticos de la oposición.
En un país con uno de los índices de homicidios más altos del mundo, los escuadrones de la muerte llevaron a cabo 38 masacres de cinco o más personas en el 2018, dijo Berta Oliva, directora del grupo de derechos humanos Comité de los Familiares de Desaparecidos en Honduras (COFADEH). Sostuvo que los casos políticos son dados de baja como delitos comunes.

“Las fuerzas armadas hondureñas no persiguen absolutamente a nadie”, dijo el capitán José Domingo Mesa, un portavoz militar. “Muchas personas que están tratando de conseguir asilo (en Estados Unidos) están tratando de buscar justificaciones políticas, muchas veces culpando a las Fuerzas Armadas”, agregó.

Dinero

EE.UU. impone arancel de 10% a México por política sobre trabajo forzoso

Estados Unidos anunció una nueva ronda de aranceles para 60 economías, entre ellas México, al que aplicará un gravamen de 10 por ciento por considerar que no prohíbe o no hace cumplir de manera efectiva la importación de bienes elaborados con trabajo forzoso.

La medida fue dada a conocer por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), que explicó que la decisión deriva de una investigación realizada bajo la Sección 301, iniciada el 12 de marzo de 2026 por instrucción del presidente Donald Trump. El proceso incluyó dos rondas de audiencias públicas, consultas con más de 45 gobiernos y el análisis de más de 2 mil 100 comentarios.

México forma parte del grupo de países sujetos a un arancel de 10 por ciento, junto con Argentina, Bangladesh, Camboya, Canadá, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, India, Indonesia, Jordania, Malasia, Pakistán, Sri Lanka, Trinidad y Tobago y el Reino Unido.

De acuerdo con la USTR, esta categoría corresponde a economías que ya cuentan con una prohibición para importar productos elaborados con trabajo forzoso, que asumieron el compromiso de establecerla mediante un Acuerdo sobre Comercio Recíproco o que aplican mecanismos parciales para impedir la entrada de este tipo de mercancías.

La resolución también establece un esquema de tres niveles de sanciones. Para el resto de las economías investigadas se fijó un arancel de 12.5 por ciento, mientras que determinados productos procedentes de la Unión Europea, Taiwán, Japón, Corea del Sur y Suiza enfrentarán tasas de 10 o 12.5 por ciento, descontando la tarifa de Nación Más Favorecida cuando corresponda.

El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, señaló que la decisión responde a la conclusión emitida el pasado 2 de junio, en la que la USTR determinó que las políticas de las 60 economías investigadas obstaculizan o restringen el comercio estadounidense. Agregó que la administración de Donald Trump considera necesario reforzar las medidas contra el trabajo forzoso en las cadenas globales de suministro.

Por su parte, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, afirmó que la resolución no modifica el arancel efectivo que actualmente paga México, ya que más del 80 por ciento de las exportaciones nacionales permanece exento al cumplir con las reglas de origen del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

El funcionario explicó que el gravamen de 10 por ciento para las exportaciones que no cumplen con el T-MEC se mantiene, aunque ahora cambia su fundamento legal al pasar de la Sección 122 a la Sección 301. Añadió que el Gobierno de México continúa las conversaciones con el representante comercial estadounidense para acercar posiciones en materia comercial.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que este jueves sostuvo una reunión con Jamieson Greer en Palacio Nacional, donde ambas partes avanzaron en la revisión del T-MEC y en otros acuerdos bilaterales.

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