El fenómeno de los jóvenes que no estudian ni trabajan –denominados ninis– no es privativo de ciertas zonas o estratos sociales: más de 3 millones pertenecen a las clases de mayor poder económico de México o son clasemedieros, y otros 4.7 millones son muchachos de escasos recursos o que sobreviven en la pobreza.

El estudio de la Subsecretaría de Educación Superior, elaborado por el secretario de Educación Pública en funciones, Rodolfo Tuirán, y el especialista José Luis Ávila, sostiene que los ninis realizan labores socialmente útiles, aunque hay un número importante –los llamados otros no activos– que al parecer se encuentran en un estado de inactividad absoluta y que ascienden a un millón 755 mil, de un total de 7 millones 820 mil ninis.

El fenómeno, que coloca al estado de México con el mayor número de estos jóvenes (un millón 36 mil) y a Coahuila en el primer lugar en términos porcentuales, hace que nuestro país ocupe el tercer lugar –sólo superado por Turquía e Israel– entre las naciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) por sus ninis. Sin embargo, pasa al segundo sitio por contar con la mayor proporción de mujeres que no estudian ni trabajan.

Estos jóvenes dejaron la escuela hace cinco o hasta 15 años, según su edad: en el grupo de 12 a 15 años, 16.8 por ciento de los que no concluyeron la educación básica y 4.8 por ciento de quienes terminaron la primaria o secundaria fue por decisiones de abandono escolar en curso. Y en el nivel de 16 a 18 años, 19 por ciento de quienes terminaron la enseñanza básica, 23.5 por ciento de quienes acabaron la primaria y secundaria, 12.9 por ciento de quienes cursaron la media superior y 2.5 por ciento de quienes aprobaron algún grado de la carrera dejaron la escuela hace menos de cinco años.

La minuciosa y exhaustiva investigación –donde se reconoce la existencia de millones de jóvenes en esa condición, luego de un diferendo entre el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, José Narro, quien ha sostenido que son más de 7 millones de jóvenes, mientas las secretarías de Gobernación y Educación Pública señalaron el 18 de agosto de 2010 que sólo eran 285 mil– advierte que hay indicios de que este fenómeno se ha elevado dos o tres puntos porcentuales en los recientes tres o cuatro años debido al impacto de la crisis de 2008-2009 sobre el empleo y el gasto social.

Del total, 2 millones 80 mil 120 (26.6 por ciento) no terminaron la primaria o secundaria; 3 millones 425 mil 160 (43.8 por ciento) tienen educación básica, pero truncaron sus estudios de preparatoria; un millón 454 mil 520 (18.6 por ciento) terminaron la preparatoria. Y sólo 860 mil 200 (11 por ciento) aprobaron algún grado de educación superior o terminaron su carrera.

Los autores sostienen que diversos analistas consideran que, de no ser atendidos por políticas públicas adecuadas, “existe el riesgo de que la condición nini puede hacer de los jóvenes presa fácil de la violencia, las adicciones y el crimen organizado; convertirlos en un peligro para la cohesión social y la democracia, e incluso en una ‘bomba de tiempo’ para la seguridad del país”.

La proporción de estos jóvenes en 18 estados es superior al promedio nacional de 21.6 por ciento, y en 14 entidades es menor. El estado de México tiene el mayor número y la menor cantidad se registra en Baja California Sur, con 37 mil.

Sin embargo, la problemática afecta tanto a las entidades más avanzadas como a las de menor desarrollo. Sesenta por ciento radica en ciudades, mientras 12 de cada 100 viven en localidades mixtas y 28 de cada 100 en localidades rurales.

Por ejemplo, Coahuila, uno de los estados de menor marginación –número 29– tiene la mayor proporción de ninis. Pero Nuevo León, la segunda entidad menos marginada, se sitúa en la posición siete. En cambio, el Distrito Federal, entidad de menor marginación, ocupa la posición 29.

En contraste, Guerrero, el estado de mayor marginación en el país, tiene el sexto lugar; Chiapas, el segundo estado de menor desarrollo, ocupa la posición 14, y Tlaxcala, con el número 16 en marginación, es la entidad con menor proporción de ninis.

Hay presencia de ellos en todos los estratos sociales: 523 mil 940 pertenecen a los deciles de ingreso nueve y 10, esto es, los de mayor poder adquisitivo; 2.6 millones pertenecen a los de ingreso medio, y 4.7 millones a los sectores más pobres de la población.

En cuanto a los otros no activos, 944 mil son mujeres (16 por ciento) y 811 mil 300 (42.7 por ciento) son hombres. Las causas de dicha inactividad son muy diversas: 56.2 por ciento son mantenidos por sus padres; 7.5 por ciento carecen de oportunidades laborales, 7 por ciento tienen trabajo eventual, y 10 por ciento se dedican a la familia.

Aunque insisten en que la gran mayoría de los jóvenes –ocho de cada 10– estudian y/o trabajan, y en consecuencia no hay una generación perdida, advierten que cerca de 20 por ciento desertaron de la escuela porque tenían que trabajar, no tenían dinero o no podían pagar la escuela.

Para las mujeres, la desventaja es aún mayor. El 17.8 por ciento de ellas desertaron a causa del matrimonio, la unión o el nacimiento de un hijo, en contraste con 1.6 por ciento de los hombres. El 27.6 por ciento de los hombres y 15.6 por ciento de las mujeres abandonaron la educación por las siguientes razones: reprobación, aburrimiento, indisciplina.

Rodolfo Tuirán y José Luis Ávila alertan que muchos enfrentan un entorno familiar y social poco favorable para regresar a estudiar o trabajar: 31.3 por ciento de las mujeres y 40.5 por ciento de los varones dijeron que no pueden volver a la escuela porque deben atender responsabilidades familiares y 13.5 por ciento manifiestan no tener tiempo para estudiar.

Por último, reconocen que, pese a las muchas intervenciones de política pública en favor de los jóvenes, han sido insuficientes, por lo que se requiere configurar una agenda de políticas, estrategias y acciones en esta materia, complementada con un conjunto de políticas transversales que contribuyan a garantizar igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

Cualquiera de las intervenciones requiere la inversión de cuantiosos recursos, aunque sostienen que, como apunta Miguel Székely, el mayor costo de todos los posibles es no atender el problema generando riesgos crecientes para el futuro.