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Política

Olson pide investigar a Diputada de Morena por presunto ‘Cártel del Agua’ en Chihuahua

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Chihuahua, Chih.– El diputado por el Partido Acción Nacional (PAN), Carlos Olson, presentó un Punto de Acuerdo para que el Gobierno Federal investigue posibles irregularidades en la entrega de concesiones de agua y cambios de uso de suelo durante administraciones anteriores de CONAGUA y SEMARNAT en Chihuahua, particularmente en el periodo en el que una diputada de Morena ocupó responsabilidades federales en materia ambiental.

Olson señaló que las recientes acusaciones del Ejecutivo Federal sobre pozos irregulares en el estado deben pasar del discurso a la investigación formal, seria y transparente, porque el agua es un recurso estratégico para las familias y productores de Chihuahua.

Recordó que diversos sectores han denunciado que, durante la gestión de la diputada de Morena, se habrían autorizado cambios de uso de suelo y permisos ambientales sin cumplir requisitos técnicos, lo que pudo haber beneficiado a intereses particulares y generado desequilibrios en la disponibilidad del recurso.

“En Chihuahua no puede existir un ‘cártel del agua’. La ciudadanía merece claridad y legalidad en el manejo de sus recursos,” afirmó Olson.

El legislador subrayó que este llamado no busca perseguir políticamente a nadie, sino proteger a los productores, garantizar la transparencia y evitar que el agua se utilice como un instrumento de poder o de presión política.

Chihuahua

Militantes del PAN analizan solicitar expulsión de Fernanda Martínez

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En grupos de Facebook y WhatsApp integrados por militantes del Partido Acción Nacional (PAN), especialmente entre miembros del Consejo Estatal, comenzó a circular la posibilidad de presentar una solicitud formal para la expulsión de Fernanda Martínez, directora del Instituto Chihuahuense de la Juventud, tras señalamientos por una presunta conducta considerada irrespetuosa hacia otros integrantes del partido.

De acuerdo con versiones difundidas en esos espacios internos, diversos panistas han planteado que la Comisión de Honor y Justicia del PAN intervenga para revisar el caso y, en su caso, determine las sanciones que correspondan conforme a la normatividad interna.

Entre los argumentos expuestos por los militantes se encuentra que el reglamento del partido contempla medidas disciplinarias para conductas que atenten contra el respeto, la disciplina y la convivencia entre sus integrantes, por lo que algunos consideran que el asunto podría derivar en un procedimiento de expulsión.

Asimismo, abogados con experiencia en materia electoral habrían señalado que la denuncia de un solo militante sería suficiente para activar un procedimiento disciplinario ante la Comisión de Honor y Justicia, siempre que existan elementos para iniciar el análisis del caso.

Además del proceso interno partidista, también se ha mencionado la posibilidad de promover una acción ante la Secretaría de la Función Pública, bajo el argumento de un presunto uso de recursos públicos u oficiales para favorecer políticamente a un aspirante o candidato. De comprobarse esa situación, podría iniciarse una revisión administrativa independiente del procedimiento interno del PAN.

Hasta el momento, la discusión permanece en redes sociales y grupos internos de militantes, sin que se haya confirmado de manera pública la presentación de una denuncia formal ante la Comisión de Honor y Justicia del partido.

Se espera conocer si alguno de los militantes inconformes presenta formalmente la queja o si la dirigencia estatal del PAN emite un posicionamiento sobre el tema.

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