Ciudad de México.- Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa, se encuentra en Estados Unidos con la intención de negociar su estatus como testigo protegido, luego de ser señalado por autoridades de ese país por presuntos vínculos con el narcotráfico.

De acuerdo con el periodista de investigación Víctor Hugo Arteaga, el exfuncionario forma parte de un grupo de 10 mexicanos identificados la semana pasada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por su presunta colaboración con el crimen organizado.

Las acusaciones también mencionan a figuras políticas de Sinaloa, entre ellas el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez, quienes habrían sido vinculados con la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa.

Arteaga aseguró que, contrario a versiones que indicaban que Díaz Vega había salido del país rumbo a Irlanda con 950 millones de pesos, el exfuncionario permanece en territorio estadounidense buscando un acuerdo con las autoridades.

Según la investigación referida, las autoridades de ese país siguen una “pista financiera” relacionada con 240 millones de pesos que habrían sido transferidos entre 2021 y 2023 desde la empresa Housesin Desarrollos, propiedad de Díaz Vega, hacia Constructora Chocosa, empresa atribuida a familiares de Rocha Moya. Dichas operaciones son indagadas como un posible retorno de recursos provenientes de contratos públicos.

Además, la justicia estadounidense sostiene que el exfuncionario habría colaborado con líderes del Cártel de Sinaloa en la colocación de funcionarios para proteger el tráfico de drogas, así como en la entrega de información sobre opositores políticos que posteriormente habrían sido amenazados.

En este contexto, el eventual testimonio de Díaz Vega ante autoridades estadounidenses podría impactar a personas cercanas al entorno político del exgobernador sinaloense.

Por otra parte, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, afirmó que no existían indicios dentro del Gabinete de Seguridad sobre presuntos vínculos de Rocha Moya con el Cártel de Sinaloa.

Durante una conferencia en Culiacán, el funcionario señaló que, desde el inicio de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, no se registraron obstrucciones por parte de autoridades estatales en operativos federales ni señales que apuntaran a posibles nexos con el crimen organizado.

Hasta el momento, las autoridades estadounidenses continúan con las investigaciones relacionadas con estos señalamientos.