México
Exsecretario de Sinaloa gestiona en EU convertirse en testigo protegido
Ciudad de México.- Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa, se encuentra en Estados Unidos con la intención de negociar su estatus como testigo protegido, luego de ser señalado por autoridades de ese país por presuntos vínculos con el narcotráfico.
De acuerdo con el periodista de investigación Víctor Hugo Arteaga, el exfuncionario forma parte de un grupo de 10 mexicanos identificados la semana pasada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por su presunta colaboración con el crimen organizado.
Las acusaciones también mencionan a figuras políticas de Sinaloa, entre ellas el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez, quienes habrían sido vinculados con la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa.
Arteaga aseguró que, contrario a versiones que indicaban que Díaz Vega había salido del país rumbo a Irlanda con 950 millones de pesos, el exfuncionario permanece en territorio estadounidense buscando un acuerdo con las autoridades.
Según la investigación referida, las autoridades de ese país siguen una “pista financiera” relacionada con 240 millones de pesos que habrían sido transferidos entre 2021 y 2023 desde la empresa Housesin Desarrollos, propiedad de Díaz Vega, hacia Constructora Chocosa, empresa atribuida a familiares de Rocha Moya. Dichas operaciones son indagadas como un posible retorno de recursos provenientes de contratos públicos.
Además, la justicia estadounidense sostiene que el exfuncionario habría colaborado con líderes del Cártel de Sinaloa en la colocación de funcionarios para proteger el tráfico de drogas, así como en la entrega de información sobre opositores políticos que posteriormente habrían sido amenazados.
En este contexto, el eventual testimonio de Díaz Vega ante autoridades estadounidenses podría impactar a personas cercanas al entorno político del exgobernador sinaloense.
Por otra parte, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, afirmó que no existían indicios dentro del Gabinete de Seguridad sobre presuntos vínculos de Rocha Moya con el Cártel de Sinaloa.
Durante una conferencia en Culiacán, el funcionario señaló que, desde el inicio de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, no se registraron obstrucciones por parte de autoridades estatales en operativos federales ni señales que apuntaran a posibles nexos con el crimen organizado.
Hasta el momento, las autoridades estadounidenses continúan con las investigaciones relacionadas con estos señalamientos.
México
Exmagistrada Mónica Soto podría llegar al gobierno, dice Sheinbaum
La presidenta Claudia Sheinbaum no descartó que la magistrada Mónica Soto pueda incorporarse posteriormente a la administración pública, luego de que anunciara su renuncia a la presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), aunque aclaró que actualmente no existe un cargo contemplado para ella.
Cuestionada durante su conferencia matutina sobre los rumores de que Soto podría recibir una posición dentro del gobierno federal, Sheinbaum respondió que “podría ser”, pero precisó que por ahora no está previsto.
Podría ser, pero no lo tenemos contemplado en este momento.
La presidenta evitó pronunciarse sobre las razones de la renuncia de Soto y sostuvo que se trató de una decisión personal que está dentro de sus atribuciones, a pesar de que hubo señalamientos respecto a la falta de claridad de la dimisión.
“No, no voy a opinar, no me corresponde; ella tomó la decisión de retirarse del tribunal.
Sheinbaum calificó a Soto como una mujer “con experiencia” y “muy profesional en su trabajo”, además consideró que tuvo un buen desempeño tanto como magistrada como durante el periodo en que encabezó el Tribunal Electoral.
“Me parece a mí que ella hizo un muy buen papel al frente cuando le tocó ser presidenta y también como magistrada”, dijo.
Ante la pregunta sobre si la salida de Soto y otra vacante en el Tribunal Electoral podrían representar un problema de cara a las elecciones de 2027, Sheinbaum rechazó que exista una afectación en términos constitucionales.
“No, no tiene problema en términos de lo que establece la Constitución”, respondió.
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La presidenta explicó que, en caso de una elección presidencial, tendría que buscarse una solución para cubrir las vacantes, y puso como ejemplo el proceso electoral de 2024.
Así fue en el 24, se lo recuerdo. Una magistrada de un poder regional participó en la calificación de la elección presidencial.
Sheinbaum recordó que la reforma al Poder Judicial establece que las magistraturas deben ser electas por voto popular.
Explicó que algunos de los integrantes actuales del Tribunal Electoral ya fueron electos y que, para cubrir las posiciones que permanezcan vacantes, será necesario esperar al proceso electoral de 2028.
La reforma al Poder Judicial establece que ellos deben ser electos; como algunos de ellos ya lo fueron, entonces pues hay que esperar al 28 para elegir a los otros dos que faltan.
La mandataria aclaró que desconoce en ese momento cuántos magistrados podrían dejar el Tribunal Electoral antes de esa fecha, pero insistió en que las vacantes no representan, por sí mismas, un impedimento para el funcionamiento del órgano de cara a las elecciones intermedias de 2027.
