“Hay cientos de familias en situación de vulnerabilidad social en distintos sectores de la Ciudad, lo que ha provocado que líderes y seudo líderes de distintos Partidos Políticos, se aprovechen de las necesidades de quienes desean adquirir una vivienda convirtiendo en un lucro “el supuesto asentamiento en casas que se encuentran desocupadas”; realizando reuniones semanales y cobrando cuotas, sin embargo no se otorga la información real sobre el status de los inmuebles”, señaló el iniciador.
 Esta situación genera un riesgo financiero para el Estado porque se desconoce el rezago respecto a los pagos de impuestos y servicios básicos que ha generado desde su adquisición originaria.
A pesar de que las familias carecen del otorgamiento o la accesibilidad a un crédito para contar con una vivienda, es interés de ellos, regularizar la situación jurídica de los inmuebles que han habitado, dado a que no pretenden estar en ellas de manera ilegal, porque no es su propietario.
Es por ello el interés de realizar los trámites correspondientes para la obtención legal de estos predios, y la intensión de que sea creado un programa eficiente y transparente de asignación de viviendas de acuerdo al convenio establecido en el programa de “Viviendas Recuperadas de INFONAVIT” ya que el principal interés de ellos es empezar con los pagos de las viviendas que habitan, en nada favorables legalmente.